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El Gobierno asimismo debe decidir sobre el futuro de los frailes del Val de los Caídos y si consuma la ilegalización de fundaciones

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La Ley de Memoria Democrática aprobada el pasado mes de octubre a instancias del Gobierno que forman Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos mantiene múltiples cuestiones por solucionar que de forma previsible deben desbloquearse durante 2023, entre las que destacan las exhumaciones del creador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, y los militares José Moscardó y Jaime Milans del Bosch.

Asimismo queda por despejar cuál será el futuro de la congregación de frailes benedictinos que residen en el Valle de los Caídos, que pasó a llamarse oficialmente Valle de Cuelgamuros desde la entrada en vigor de la nueva norma. Además el Gobierno debe decidir si acomete la ilegalización de organizaciones como la fundación Franco en virtud de la aplicación de la ley.

En lo referente al Val de los Caídos, el Ejecutivo ya anunció que reanudaba los trabajos para exhumar a 118 víctimas de la Guerra Civil, después de la paralización que supuso las medidas cautelares impuestas por el juzgado nº diez de la villa de Madrid ante los diferentes recursos presentados.

El ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, dirigido por Félix Bolaños anunció en el último mes del año que se reanudaban los trabajos desde Patrimonio Nacional, cada vez que el Tribunal Superior de Justicia de la villa de Madrid había levantado las medidas cautelares y que el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial aceptó que no tenía competencia para suspender la licencia de obra.

PENDIENTE DE LICENCIA

En la cripta del Valle aún descansan los restos de Primo de Rivera, pese a que su familia se adelantó a la entrada en vigor de la Ley de Memoria y pidió al abad y a la Comunidad de Madrid exhumar sus restos antes de que el sitio se convierta en camposanto civil. La familia notificó entonces de que también había solicitado las licencias correspondientes al Municipio de San Lorenzo del Escorial para trasladar los restos mortales, pero el permiso aún no ha sido concedido.

Por el contrario, los que sí fueron retirados de la basílica de la Macarena en Sevilla son los restos del general Gonzalo Queipo de Liso –que participó en el golpe de Estado de 1936– y del auditor de guerra Francisco Bohórquez, gracias al requerimiento realizado por el Gobierno Central. La Ley de Memoria prohíbe la presencia de restos de dirigentes del golpe en lugares preeminentes de acceso público.

Por esta disposición de la norma, aún está por decidir si deben proseguir el mismo camino el general José Moscardó y el teniente general Jaime Milans del Bosch, ya que ambos permanecen inhumados en el sepulcro del Alcázar de Toledo junto a otros 200 cuerpos aproximadamente.

Todos estuvieron son parte del total de mil setecientos ochenta y cinco personas que permanecieron encerradas dentro del Alcázar de Toledo durante sesenta y ocho días en el año 1936, hasta que las tropas sublevadas entraron en la urbe en una de las gestas más simbólicas de la Guerra Civil para el Ejército franquista.

EN MANOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA

Moscardó era entonces coronel y máxima autoridad militar en Toledo como director de la Escuela Central de Gimnasia, mientras que Milans del Bosch solo contaba con veintiuno años durante el asedio. Es conocido, no obstante, por sumarse desde Valencia al intento de golpe de Estado de Antonio Tejero en mil novecientos ochenta y uno.

Quien debe tomar una resolución es el Ministerio de Defensa, actual responsable de la administración del Alcázar, sede del museo del Ejército de Tierra, y ha creado un comité encargado de estudiar la aplicación de la Ley de Memoria en todas y cada una sedes y acuartelamientos de las Fuerzas Armadas.

De momento no se han comunicado avances en el proceso y la ministra del ramo, Margarita Robles, indicó en el mes de noviembre que cualquier actuación no sería inmediata ya que la ley contempla la audiencia a las partes perjudicadas, lo que extendería el proceso.

CRIPTA CERRADA AL PÚBLICO

La Ley de Memoria establece que los restos mortales de “dirigentes” del golpe militar de 1936 no podrán permanecer inhumados “en un lugar preeminente de acceso público” que pueda favorecer “la realización de actos públicos de ensaltación, enaltecimiento o conmemoración de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra o la Dictadura”.

En la actualidad, la cripta del Alcázar se encuentra cerrada al público y no entra dentro del recorrido del Museo del Ejército. Los familiares de los allá enterrados solo pueden acceder a determinadas horas cuando el museo esté cerrado.

En el año dos mil dieciocho, ya antes de la aprobación de la presente Ley de Memoria, el Gobierno ya negó que existiese exaltación pública relacionada con los militares sepultados en el Alcázar puesto que la cripta no es uno de los espacios incluidos en el discurso museológico del espacio.

LOS MONJES PENDIENTES DE UN REAL DECRETO

Con respecto a la congregación de frailes benedictinos que residen en el Valle, el Gobierno tiene que aprobar un real decreto que establecerá el nuevo marco jurídico aplicable al Val de Cuelgamuros, determinará su organización y funcionamiento y va a ordenar, entre otras muchas cosas, si los frailes pueden continuar o deben desamparar el sitio.

El Ejecutivo tiene intención de aprobar este real decreto “con la mayor celeridad posible”, conforme indicaron fuentes de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática a Europa Press poco después de entrar en vigor la ley. En consecuencia cabe meditar que este tema podría dirimirse en los próximos meses.

EN PLENO AÑO ELECTORAL

Además de esto, la Ley de Memoria Democrática abre la puerta a ilegalizar fundaciones que hagan apología del golpe de Estado de mil novecientos treinta y seis y la dictadura franquista o enaltezcan a sus dirigentes, “con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo” o hagan “incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas”, conforme recoge la ley.

Es el Ejecutivo el que debe tomar la iniciativa y pedir la extinción de una fundación, en concreto el Protectorado de Fundaciones, organismo dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte. De su lado el órgano judicial puede pactar la suspensión de actividades hasta el momento en que se dicte sentencia o tomar medidas cautelares.

Una de las posibles perjudicadas, la Fundación Nacional Francisco Franco, sospecha que el Gobierno procurará ilegalizarla de cara a los procesos electorales de dos mil veintitres, según trasladó a Europa Press su presidente Juan Chicharro poco una vez que entrase en vigor la ley.

Según trasladó en ese momento piensa que el Ejecutivo “va a mover ficha cuando le interese”, y usará “el comodín Franco”, como lo calificó, antes de las próximas elecciones autonómicas y municipales que se van a festejar en mayo o bien antes de las generales de final de año.

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