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Escribe: César Vásquez Bazán
La Lechería Peruana, caricatura que representa la corrupción imperante en 1867 durante la primera presidencia de Mariano Ignacio Prado. Prado aparece sujetando a la vaca del erario fiscal, mientras sus amigos ordeñan al animal. La caricatura es de J. J. Rasoir y fue publicada en el tercer número de 1867 del diario La Campana, página 4. Reproducida por Quiroz (2009, Figura 7, entre las páginas 180 y 181).
“Cobarde que abandona el poder para salvar la vida,
ladrón que se escurre por llevarse el talego…”
Manuel González Prada (1985, 449)
Cuando el 18 de diciembre de 1879 Mariano Ignacio Prado desertó las funciones de presidente del Perú, su decisión de fugar fue determinada no sólo por el desastre militar ante Chile y el temor a la explosión popular dirigida a castigar su cobardía y traición como Director Supremo de la Guerra. Tanto o más que las causales mencionadas, influyó en su conducta el deseo de disfrutar de la riqueza que había logrado acumular utilizando en provecho propio el desempeño de la presidencia de la república en cuatro oportunidades.
Prado en la presidencia del Perú
Como señaló acertadamente Vicuña Mackenna (1880, 349), el afortunado mortal que llega a la presidencia del Perú “pasa a ser dueño del porvenir y de sus dones”. Es así por la mentalidad de saqueo y la actitud de asalto de cada nuevo gobernante, y por el ambiente de corrupción aceptada que impera en la sociedad. Contribuyó también a la podredumbre moral de los políticos la vigencia de la Constitución de 1860, que dispuso que el eventual órgano fiscalizador, es decir el Congreso, sólo debería reunirse cada dos años y por el breve período de cien días útiles.
Peruanos y extranjeros señalaron la gravedad del problema de la corrupción. Entre los primeros puede citarse a José Arnaldo Márquez (1888, 2) quien denunció que en nuestro país, “personajes prominentes no perdían de vista las cajas del Estado, para formar o para restablecer su fortuna personal”. Manuel González Prada (1985, 460) recordaba que “nada debe sorprendernos en un país donde la corrupción corre a chorro continuo, donde se vive en verdadera bancarrota moral… Admira que en las cotizaciones de la Bolsa no figure el precio corriente de un ministro, de un juez, de un parlamentario, de un regidor, de un prefecto, de un coronel, de un periodista”.
En el grupo de observadores extranjeros debe recordarse al viajero de la época que escribió respecto a las instituciones peruanas de la segunda mitad del siglo XIX: “En cuanto al robo –nos referimos no a aquel que puede considerarse como robo de menor cuantía sino a la gama de delitos mayores y atroces– puede afirmarse con seguridad que casi todos los hombres públicos [del Perú] están hundidos hasta el cuello en este crimen” (Duffield 1877, 16). La anterior declaración fue compartida por el representante de los tenedores ingleses de bonos de la deuda peruana: “Los sobornos y la corrupción en el Perú no tienen parangón, inclusive en Sudamérica” (Clarke 1877, 119).
Mariano Ignacio Prado encaja a la perfección en las descripciones anteriores. Prado es el mayor exponente de la rapiña y el cohecho, la estafa y el cinismo, que castigaron al Perú entre los años 1865 y 1879. Es la encarnación purulenta de las acusaciones de Márquez, González Prada, Duffield y Clarke.
A lo largo de los cinco años y cinco meses que desempeñó la primera magistratura, el desertor Prado no perdió oportunidad para utilizar el poder en provecho propio. Dispuso la emisión de decretos, la firma de contratos y la realización de operaciones por las que recibió sobornos y favores de los afortunados beneficiarios. No desaprovechó ocasión pequeña ni grande para obtener cohechos de las partes que contrataban con el Estado, sean éstas Henry Meiggs o William Grace, los consignatarios del guano o los proveedores de carne para las tropas peruanas. José María Químper, abogado de su más entera confianza y uno de sus principales operadores políticos, fue el principal receptor de los sobornos entregados por Henry Meiggs. Prado se fue a la tumba sin haber podido levantar las sospechas de haber desviado en su favor parte de los fondos recaudados en la colecta pública de 1879 organizada para la compra de armamento.
El presente artículo pretende demostrar que la conducta de corrupción en la dirección del Estado rindió resultados positivos para las faltriqueras de Mariano Ignacio. Entre los signos de riqueza del presidente desertor puede mencionarse el costoso rancho de su propiedad en Chorrillos, la casa en París, las inversiones en minería del carbón en Chile, la crianza de caballos de pura sangre, las inversiones en la Empresa Transmisora de Fuerza Eléctrica de Lima, en la Compañía de Tranvías de Lima y en la Fábrica de Tejidos Santa Catalina. Sin embargo, la cuota más importante de sus negociados estuvo destinada a constituir la “herencia significativa” que dejó a sus descendientes (Gilbert 1981, 748). Sobre dicho legado fue que se erigió en el Perú del siglo XX ese cáncer oligárquico que se denominó Imperio Prado. Sin duda, el enriquecimiento obtenido mediante el asalto del Estado fue un logro notable para un individuo que antes de ingresar a la escena política peruana sólo poseía un fundo en Huánuco, del cual era copropietario con otros familiares.
Es por ello de extrañar la opinión de Gilbert cuando escribió que “los detalles disponibles del desarrollo económico inicial de la familia [Prado] son imprecisos” (Gilbert 1981, 748). Los pormenores del enriquecimiento del primer Prado –el Mariano Ignacio Prado del oprobio como lo llamara González Prada– existen. Están allí, esperándonos para contarnos su verdad, desparramados en la historia del Perú de la segunda mitad del siglo XIX.
Entre los actos de corrupción que contribuyeron al enriquecimiento de Mariano Ignacio Prado, existen siete episodios en los que se cuenta con evidencia o indicios razonables de recepción de sobornos o comisión de desfalco por el presidente desertor y/o sus amigos y ministros. Dichos capítulos de la podredumbre política peruana comienzan con los servicios prestados por Prado como agente chileno, y continúan con los malos manejos en la compra de los monitores fluviales Manco Capac y Atahualpa, el negociado en el contrato Raphael, los sobornos pagados a Prado por Henry Meiggs y William R. Grace, el fraude en la compra de carne para el ejército del sur durante el conflicto con Chile, y el desfalco de la colecta pública de 1879 destinada a sufragar los gastos para la adquisición de armamento para la guerra con Chile.
Para que el lector pueda formarse una idea aproximada del valor actual de los negociados de Prado, puede estimarse que un dólar de 1879 tenía un poder adquisitivo de 22.20 dólares del año 2009. La fuente de esta estimación es Measuring Worth. Asimismo, en 1879 el sol y el dólar se cambiaban casi a la par: debía pagarse 1.08 soles por dólar.
El agente chileno Mariano Ignacio Prado
El análisis de la dinámica histórica del Perú y Chile en 1865, respondiendo ambos países a la agresión española, permite concluir que el rol jugado por Prado fue el de promover y defender los intereses de Chile.
La relación política y militar entre Chile y Mariano Ignacio Prado está comprobada por su aceptación –siendo coronel del ejército peruano– del grado de general de división del ejército de ese país. El 17 de agosto de 1866, el gobierno de Chile confirió a Prado el referido despacho “con los honores y preeminencias anexas a él” y con el goce del “sueldo correspondiente mientras resida o permanezca en Chile”. Según lo explicó la ley chilena, el nombramiento de Prado en tan alto cargo obedeció a “su noble actitud en la actual guerra con España”. Otro cumplido servidor de Chile –el presidente boliviano Mariano Melgarejo– compartió con Prado el reconocimiento del país del sur por los servicios prestados. La sospechosa distinción fue recibida por el dictador en octubre de 1866 (Basadre 1968-70, V: 343).
Peruanos y extranjeros señalaron la gravedad del problema de la corrupción. Entre los primeros puede citarse a José Arnaldo Márquez (1888, 2) quien denunció que en nuestro país, “personajes prominentes no perdían de vista las cajas del Estado, para formar o para restablecer su fortuna personal”. Manuel González Prada (1985, 460) recordaba que “nada debe sorprendernos en un país donde la corrupción corre a chorro continuo, donde se vive en verdadera bancarrota moral… Admira que en las cotizaciones de la Bolsa no figure el precio corriente de un ministro, de un juez, de un parlamentario, de un regidor, de un prefecto, de un coronel, de un periodista”.
En el grupo de observadores extranjeros debe recordarse al viajero de la época que escribió respecto a las instituciones peruanas de la segunda mitad del siglo XIX: “En cuanto al robo –nos referimos no a aquel que puede considerarse como robo de menor cuantía sino a la gama de delitos mayores y atroces– puede afirmarse con seguridad que casi todos los hombres públicos [del Perú] están hundidos hasta el cuello en este crimen” (Duffield 1877, 16). La anterior declaración fue compartida por el representante de los tenedores ingleses de bonos de la deuda peruana: “Los sobornos y la corrupción en el Perú no tienen parangón, inclusive en Sudamérica” (Clarke 1877, 119).
Mariano Ignacio Prado encaja a la perfección en las descripciones anteriores. Prado es el mayor exponente de la rapiña y el cohecho, la estafa y el cinismo, que castigaron al Perú entre los años 1865 y 1879. Es la encarnación purulenta de las acusaciones de Márquez, González Prada, Duffield y Clarke.
A lo largo de los cinco años y cinco meses que desempeñó la primera magistratura, el desertor Prado no perdió oportunidad para utilizar el poder en provecho propio. Dispuso la emisión de decretos, la firma de contratos y la realización de operaciones por las que recibió sobornos y favores de los afortunados beneficiarios. No desaprovechó ocasión pequeña ni grande para obtener cohechos de las partes que contrataban con el Estado, sean éstas Henry Meiggs o William Grace, los consignatarios del guano o los proveedores de carne para las tropas peruanas. José María Químper, abogado de su más entera confianza y uno de sus principales operadores políticos, fue el principal receptor de los sobornos entregados por Henry Meiggs. Prado se fue a la tumba sin haber podido levantar las sospechas de haber desviado en su favor parte de los fondos recaudados en la colecta pública de 1879 organizada para la compra de armamento.
El presente artículo pretende demostrar que la conducta de corrupción en la dirección del Estado rindió resultados positivos para las faltriqueras de Mariano Ignacio. Entre los signos de riqueza del presidente desertor puede mencionarse el costoso rancho de su propiedad en Chorrillos, la casa en París, las inversiones en minería del carbón en Chile, la crianza de caballos de pura sangre, las inversiones en la Empresa Transmisora de Fuerza Eléctrica de Lima, en la Compañía de Tranvías de Lima y en la Fábrica de Tejidos Santa Catalina. Sin embargo, la cuota más importante de sus negociados estuvo destinada a constituir la “herencia significativa” que dejó a sus descendientes (Gilbert 1981, 748). Sobre dicho legado fue que se erigió en el Perú del siglo XX ese cáncer oligárquico que se denominó Imperio Prado. Sin duda, el enriquecimiento obtenido mediante el asalto del Estado fue un logro notable para un individuo que antes de ingresar a la escena política peruana sólo poseía un fundo en Huánuco, del cual era copropietario con otros familiares.
Es por ello de extrañar la opinión de Gilbert cuando escribió que “los detalles disponibles del desarrollo económico inicial de la familia [Prado] son imprecisos” (Gilbert 1981, 748). Los pormenores del enriquecimiento del primer Prado –el Mariano Ignacio Prado del oprobio como lo llamara González Prada– existen. Están allí, esperándonos para contarnos su verdad, desparramados en la historia del Perú de la segunda mitad del siglo XIX.
Entre los actos de corrupción que contribuyeron al enriquecimiento de Mariano Ignacio Prado, existen siete episodios en los que se cuenta con evidencia o indicios razonables de recepción de sobornos o comisión de desfalco por el presidente desertor y/o sus amigos y ministros. Dichos capítulos de la podredumbre política peruana comienzan con los servicios prestados por Prado como agente chileno, y continúan con los malos manejos en la compra de los monitores fluviales Manco Capac y Atahualpa, el negociado en el contrato Raphael, los sobornos pagados a Prado por Henry Meiggs y William R. Grace, el fraude en la compra de carne para el ejército del sur durante el conflicto con Chile, y el desfalco de la colecta pública de 1879 destinada a sufragar los gastos para la adquisición de armamento para la guerra con Chile.
Para que el lector pueda formarse una idea aproximada del valor actual de los negociados de Prado, puede estimarse que un dólar de 1879 tenía un poder adquisitivo de 22.20 dólares del año 2009. La fuente de esta estimación es Measuring Worth. Asimismo, en 1879 el sol y el dólar se cambiaban casi a la par: debía pagarse 1.08 soles por dólar.
El agente chileno Mariano Ignacio Prado
El análisis de la dinámica histórica del Perú y Chile en 1865, respondiendo ambos países a la agresión española, permite concluir que el rol jugado por Prado fue el de promover y defender los intereses de Chile.
La relación política y militar entre Chile y Mariano Ignacio Prado está comprobada por su aceptación –siendo coronel del ejército peruano– del grado de general de división del ejército de ese país. El 17 de agosto de 1866, el gobierno de Chile confirió a Prado el referido despacho “con los honores y preeminencias anexas a él” y con el goce del “sueldo correspondiente mientras resida o permanezca en Chile”. Según lo explicó la ley chilena, el nombramiento de Prado en tan alto cargo obedeció a “su noble actitud en la actual guerra con España”. Otro cumplido servidor de Chile –el presidente boliviano Mariano Melgarejo– compartió con Prado el reconocimiento del país del sur por los servicios prestados. La sospechosa distinción fue recibida por el dictador en octubre de 1866 (Basadre 1968-70, V: 343).
Ley de la República de Chile fechada el 17 de agosto de 1866 nombrando a Mariano Ignacio Prado general de división del ejército chileno. Por cinco años, entre 1868 y 1873, Prado cobró del erario chileno el sueldo correspondiente a general de división (Varas 1871, IV: 22-23).
Debe analizarse en qué consistió la “noble actitud” de Mariano Ignacio Prado hacia Chile. Con este fin, el lector debe remontarse a septiembre de 1865. En esa fecha Chile había declarado la guerra a España en respuesta a la exigencia de la escuadra hispana de saludar la bandera de la Madre Patria con una descarga de veintiún cañonazos en desagravio por supuestas ofensas del país del Mapocho. El problema con la citada declaración de guerra fue que las fuerzas armadas de Chile –en especial su diminuta flota naval– no estaban en capacidad de enfrentar el poderío español (Collier 1996, 118). La armada española, al mando del almirante Pareja, estaba conformada por ocho buques de guerra con un total de 245 cañones. Basadre la calificó como “la escuadra más formidable que había hendido las aguas del Pacífico americano” (1968-70, V: 324). Frente al poderío hispano, poco podía hacer la marina de guerra del país del sur. La escuadra chilena –si podía llamarse tal– estaba conformada por sólo dos naves: la corbeta Esmeralda, artillada con dieciocho cañones, y el transporte Maipu, premunido de cuatro (Burr 1965, 98).
Tras analizar la difícil situación, el gobierno chileno concluyó que la única manera como podría enfrentar a España con alguna esperanza de victoria sería si lograse contar con la intervención en su favor de la armada peruana, considerada en ese momento como la más poderosa de Sudamérica. Sin embargo, la situación política del Perú no aseguraba su participación en defensa de Chile.
Oficialmente, gobernaba el país el general Pezet, quien enfrentaba el levantamiento del vicepresidente Pedro Diez Canseco –a quien los insurrectos consideraban presidente– y que estaba secundado por Prado y Balta. Sabedor que entre los líderes rebeldes primaba la opinión de acudir en solidaridad de Chile, el gobierno de ese país envió en misión diplomática al Perú a Benjamín Vicuña Mackenna. Se le encargó hacer contacto con los insurrectos.
En su visita al campamento de los insurgentes, en Chincha Alta, Ica, Vicuña pudo constatar que el presidente Pedro Diez Canseco prefería resolver primero favorablemente el enfrentamiento político con Pezet y luego acudir en ayuda de Chile. En cambio, Mariano Ignacio Prado –que previamente había mantenido conversaciones con Domingo Santa María, embajador extraordinario y ministro plenipotenciario chileno en Lima– se mostró como el partidario más radical de la solidaridad inmediata con Chile (Basadre 1968-70, V: 289). Mariano Ignacio quedó impresionado por Vicuña Mackenna. Años después, cuando Prado residía en el país del sur, apoyó a Vicuña en las elecciones presidenciales chilenas de 1876, según propia confesión (Basadre 1968-70, VIII: 176).
Al terminar su visita, el chileno Vicuña Mackenna registró como punto vulnerable de los insurrectos la precariedad de recursos que imperaba entre ellos, carencia que le sugirió posibles alternativas para influenciarlos y obtener a través de ellos el apoyo de la escuadra peruana.
La visita de Benjamín Vicuña Mackenna fue seguida de la gestión directa del propio Santa María. Éste se acercó a la base de Chincha Alta para plantear abiertamente que la escuadra peruana rebelde viajara a Chile para atacar a los barcos españoles, es decir la misma propuesta que venía siendo defendida por Prado. Rechazado nuevamente el plan por decisión del presidente Pedro Diez Canseco, Santa María concentró sus esfuerzos en lograr la adhesión de Mariano Ignacio Prado, a quien endosó el apoyo político y la ayuda financiera del gobierno del Mapocho (Burr 1965, 98).
Fue así como el oro chileno colaboró para que el 6 de noviembre de 1865 las fuerzas rebeldes de Pedro Diez Canseco y Mariano Ignacio Prado ingresaran a Lima y tomaran Palacio de Gobierno. Veinte días después, Prado fue proclamado Dictador del Perú.
En agradecimiento al apoyo chileno en el golpe de estado contra Pezet, cuando contaba sólo ocho días en el poder, el 5 de diciembre de 1865, la dictadura de Mariano Ignacio Prado suscribió el Tratado de Alianza Ofensiva y Defensiva con Chile. Por medio de este convenio, Chile aseguró la participación de la escuadra peruana en su defensa. Más aún, la colocó bajo su dirección efectiva, en tanto se encontrara en aguas chilenas. Cuatro naves peruanas fueron asignadas para la salvaguardia del país del sur: las fragatas Apurímac y Amazonas y las corbetas Unión y América. Las naves fueron comandadas por los marinos peruanos Sánchez Lagomarsino, Mariátegui, Miguel Grau y Manuel Ferreyros, respectivamente.
En cuanto a la responsabilidad por los gastos originados por la escuadra conformada en apoyo a Chile, el embajador Santa María redactó un primer proyecto por el cual ese país asumiría dichos egresos. Extrañamente –por razones que podrán comprenderse después– Prado no aceptó el ofrecimiento y a través de Toribio Pacheco, su ministro de Relaciones Exteriores, planteó que los gastos sean asumidos en partes iguales por los dos países. Esta posición fue recogida en el Tratado. Fue así como en términos prácticos, Perú asumió la mitad de los gastos de defensa naval de Chile. ¡En los años 1869, 1870 y 1875 Perú tuvo que pagar a Chile por ese concepto la cantidad de 1,130,000 soles! (Basadre 1968-70, V: 361). Además, en el conflicto, Perú perdió la fragata Amazonas que varó en un banco de arena cerca de la isla de Abtao.
Prado huye a Chile y recibe el pago por sus servicios
En 1867, el dictador Mariano Ignacio Prado debió enfrentar la sublevación de Pedro Diez Canseco en Arequipa. En lo que podría considerarse un anuncio de los fracasos que le aguardaban en la guerra con Chile, Prado fue derrotado militarmente por el rebelde Diez Canseco. A lo largo de ochenta días, entre el 16 de octubre de 1867 –fecha en que Prado llegó a Islay– y hasta el 5 de enero de 1868 –en que se retiró al Callao– el autotitulado “héroe del 2 de mayo” bombardeó e intentó tomar por asalto Arequipa en dos ocasiones, siendo rechazado en ambas oportunidades.
Como consecuencia del fiasco militar en Arequipa y el consiguiente éxito de la sublevación de Pedro Diez Canseco, Mariano Ignacio Prado dimitió el 5 de enero de 1868. Cinco días después se embarcó con rumbo a Chile. Llegó a Santiago ostentando el grado (y el sueldo) de general de división del ejército chileno. Residió en el país del sur cinco años, en los que estuvo dedicado a explotar las minas de carbón de piedra Quilachanquín, cerca de Carampangue (Figueroa 1900, 183) y Maquehua (McInnes 1913, II-588).
Presupuesto chileno para el año 1870, en el que se consigna la partida de 3,400 pesos como sueldo de Mariano Ignacio Prado por sus servicios como general de división, en cuartel, del ejército de Chile.
(Ministerio de Guerra de la República de Chile 1870, cubierta, 33-34)
A partir de enero de 1868, Prado recibió pagos adicionales de Chile por sus servicios como agente de los intereses de ese país. Además del nombramiento de general de división del ejército chileno, Prado recibió en arriendo perpetuo, a renta rebajada, la hacienda Maquehua, dedicándose a la explotación de la mina de carbón de piedra allí existente. Inicialmente, sólo pagó cincuenta centavos por tonelada de carbón extraída. Maquehua era propiedad de Guillermo Gibson Délano, concuñado y deudor del político chileno Agustín Edwards Ossandón. Tras el fallecimiento del dueño, Mariano Ignacio compró Maquehua a los herederos de Gibson. Pagó la hacienda a un ostensible precio subvaluado. Sin duda, los favores de renta y precio conferidos a Prado por Gibson contribuyeron a amortizar la deuda que éste tenía con Agustín Edwards.
El 29 de mayo de 1872, en Valparaíso, Mariano Ignacio Prado y su concuñado, el chileno Carlos von der Heyde, entre otros capitalistas, formaron la Sociedad de Minas de Carbón de Carampangue para explotar Maquehua y Quilachanquín (Ortega 2005, 240-243). El 3 de diciembre de 1872 la empresa recibió permiso para construir un ferrocarril de trocha angosta entre Maquehua y Laraquete. En 1873, la Sociedad fue autorizada a extender la vía férrea hasta Colico. Los ferrocarriles construidos por Prado fueron los primeros en Arauco (Pizarro 1991, 166).
A la propiedad de la anterior empresa, Prado añadió su participación en el accionariado de la Compañía de Minas de Carbón de Arauco a través de Carlos von der Heyde y Compañía, empresa de su concuñado formada el 12 de diciembre de 1872, también en Valparaíso. En junio de 1876, Prado contrató con los dueños de Quilachanquín la extracción de “todo el carbón de piedra que pudiera encontrarse en este fundo” a cambio de pagar una regalía de veinticinco centavos por tonelada. Prado inició la explotación en 1877, la paralizó en 1879 por la guerra y reanudó sus trabajos en 1883 después del Tratado de Ancón (Sociedad Carbonífera del Carampangue 1906, 4).
Prado reconoció poseer inversiones en las minas citadas en la entrevista que sostuvo con Joaquín Godoy –el embajador chileno en el Perú– el 20 de marzo de 1879. En el rancho que tenía en el exclusivo balneario de Chorrillos, Prado recordó al ministro del país del sur que “su fortuna estaba invertida en una empresa dedicada a la explotación del carbón” y que él deseaba la paz no sólo como muestra de gratitud hacia el país que lo había acogido con amabilidad durante su exilio sino, inclusive, por su propio interés personal (Bulnes 1920, 152). En 1888 Prado vendió el negocio a la Compañía de Minas de Arauco por la suma de un millón setecientos cincuenta mil pesos de treinta peniques (cerca de 45 millones de dólares del día de hoy), sin duda una cifra abultada para quien sólo pagaba regalías por el carbón extraido de la propiedad de otros capitalistas (Sociedad Carbonífera del Carampangue 1906, 4-5).
Los rendimientos de las inversiones de Prado pueden entenderse como la recompensa por prestarse a promover los objetivos de la política exterior chilena. Su interposición con el fin de colocar a la escuadra peruana al servicio de Chile, en las difíciles circunstancias por las que atravesaba el país del sur, permitieron a esta ingrata nación enfrentar exitosamente a España. En tanto que el Perú perdió la fragata Amazonas en el conflicto, la nación del Mapocho recibió de la nación del Rímac la suma de 1,130,000 soles (23 millones de dólares de hoy) en concepto de contribución del Perú para defender a Chile. Los únicos desembolsos que debió efectuar el país del sur para obtener estos resultados fueron financiar la revuelta de Mariano Ignacio Prado, en septiembre de 1865, nombrarlo general de división y entregarle la explotación de minas de carbón de piedra en la región de Arauco.
(Ministerio de Guerra de la República de Chile 1870, cubierta, 33-34)
El pago de 3,400 pesos entregado a Mariano Ignacio Prado en 1870 es sólo uno de los desembolsos que recibió del gobierno de Chile, país en el cual permaneció entre enero de 1868 y 1873. Dicha remuneración aparece incluida en el Presupuesto del Ministerio de Guerra de Chile para el año 1870, Sección de Ejército, Gastos Fijos y Permanentes, Partida 2a., Plana Mayor General, Ítem 3.
“Inversiones” de Mariano Ignacio Prado en Chile
A partir de enero de 1868, Prado recibió pagos adicionales de Chile por sus servicios como agente de los intereses de ese país. Además del nombramiento de general de división del ejército chileno, Prado recibió en arriendo perpetuo, a renta rebajada, la hacienda Maquehua, dedicándose a la explotación de la mina de carbón de piedra allí existente. Inicialmente, sólo pagó cincuenta centavos por tonelada de carbón extraída. Maquehua era propiedad de Guillermo Gibson Délano, concuñado y deudor del político chileno Agustín Edwards Ossandón. Tras el fallecimiento del dueño, Mariano Ignacio compró Maquehua a los herederos de Gibson. Pagó la hacienda a un ostensible precio subvaluado. Sin duda, los favores de renta y precio conferidos a Prado por Gibson contribuyeron a amortizar la deuda que éste tenía con Agustín Edwards.
El 29 de mayo de 1872, en Valparaíso, Mariano Ignacio Prado y su concuñado, el chileno Carlos von der Heyde, entre otros capitalistas, formaron la Sociedad de Minas de Carbón de Carampangue para explotar Maquehua y Quilachanquín (Ortega 2005, 240-243). El 3 de diciembre de 1872 la empresa recibió permiso para construir un ferrocarril de trocha angosta entre Maquehua y Laraquete. En 1873, la Sociedad fue autorizada a extender la vía férrea hasta Colico. Los ferrocarriles construidos por Prado fueron los primeros en Arauco (Pizarro 1991, 166).
A la propiedad de la anterior empresa, Prado añadió su participación en el accionariado de la Compañía de Minas de Carbón de Arauco a través de Carlos von der Heyde y Compañía, empresa de su concuñado formada el 12 de diciembre de 1872, también en Valparaíso. En junio de 1876, Prado contrató con los dueños de Quilachanquín la extracción de “todo el carbón de piedra que pudiera encontrarse en este fundo” a cambio de pagar una regalía de veinticinco centavos por tonelada. Prado inició la explotación en 1877, la paralizó en 1879 por la guerra y reanudó sus trabajos en 1883 después del Tratado de Ancón (Sociedad Carbonífera del Carampangue 1906, 4).
Prado reconoció poseer inversiones en las minas citadas en la entrevista que sostuvo con Joaquín Godoy –el embajador chileno en el Perú– el 20 de marzo de 1879. En el rancho que tenía en el exclusivo balneario de Chorrillos, Prado recordó al ministro del país del sur que “su fortuna estaba invertida en una empresa dedicada a la explotación del carbón” y que él deseaba la paz no sólo como muestra de gratitud hacia el país que lo había acogido con amabilidad durante su exilio sino, inclusive, por su propio interés personal (Bulnes 1920, 152). En 1888 Prado vendió el negocio a la Compañía de Minas de Arauco por la suma de un millón setecientos cincuenta mil pesos de treinta peniques (cerca de 45 millones de dólares del día de hoy), sin duda una cifra abultada para quien sólo pagaba regalías por el carbón extraido de la propiedad de otros capitalistas (Sociedad Carbonífera del Carampangue 1906, 4-5).
Los rendimientos de las inversiones de Prado pueden entenderse como la recompensa por prestarse a promover los objetivos de la política exterior chilena. Su interposición con el fin de colocar a la escuadra peruana al servicio de Chile, en las difíciles circunstancias por las que atravesaba el país del sur, permitieron a esta ingrata nación enfrentar exitosamente a España. En tanto que el Perú perdió la fragata Amazonas en el conflicto, la nación del Mapocho recibió de la nación del Rímac la suma de 1,130,000 soles (23 millones de dólares de hoy) en concepto de contribución del Perú para defender a Chile. Los únicos desembolsos que debió efectuar el país del sur para obtener estos resultados fueron financiar la revuelta de Mariano Ignacio Prado, en septiembre de 1865, nombrarlo general de división y entregarle la explotación de minas de carbón de piedra en la región de Arauco.
Durante la Guerra del Salitre, Mariano Ignacio Prado mantuvo comunicación con su concuñado y asociado de negocios, el chileno Carlos von der Heyde. Sus cartas eran seguidas por el gobierno chileno, como lo prueba el informe del 19 de abril de 1879 envíado por el Intendente de Valparaíso, Eulogio Altamirano, al ministro Antonio Varas.
(Varas 1918, 33)
Informes de la Sociedad Carbonífera del Carampangue dan cuenta que Mariano Ignacio Prado recibió en 1888 la suma de un millón setecientos cincuenta mil pesos de treinta peniques por sus negocios de extracción de carbón de piedra de Quilachanquín
(Varas 1918, 33)
Informes de la Sociedad Carbonífera del Carampangue dan cuenta que Mariano Ignacio Prado recibió en 1888 la suma de un millón setecientos cincuenta mil pesos de treinta peniques por sus negocios de extracción de carbón de piedra de Quilachanquín
(Sociedad Carbonífera del Carampangue 1906, 4-5)
Mariano Ignacio Prado como instrumento de la clase dominante chilena y de Agustín Edwards Ossandón
Agustín Edwards Ossandón (1815-1878), líder de la clase dominante chilena, prestamista fundador del Banco de A. Edwards y Cía., accionista de la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta –que provocó la Guerra del Salitre−, empresario y exportador minero y capitalista de empresas ferrocarrileras, de vapores y de seguros. También fue diputado y falleció siendo senador por Valparaíso. A la derecha aparece Mariano Ignacio Prado.
La información sobre el financiamiento de Edwards a Mariano Ignacio Prado se encuentra contenida en la investigación La fortuna de Agustín Edwards Ossandón: 1815-1878 publicada por el historiador chileno Ricardo Nazer Ahumada en la Revista Historia de la Universidad Católica de ese país. Los datos están basados en el Inventario de bienes del finado señor Agustín Edwards Ossandón en 1880, que se conserva en el Archivo Judicial de Valparaíso ubicado en el Archivo Nacional de Santiago de Chile.
El general de división chileno Mariano Ignacio Prado Prado aparece en la lista de empresas e individuos de confianza de Edwards Ossandón a quien éste había prestado dinero sin necesidad de firmar pagarés, escrituras públicas de obligación, ni garantías por los capitales recibidos.
Para que pueda apreciarse la relación especial existente entre Edwards y Prado, debe anotarse que la deuda de éste último jamás fue enviada a cobranza judicial ni tampoco fue considerada de difícil recuperación. En orden de magnitud, Mariano Ignacio Prado es el tercer deudor de Edwards Ossandón, a quien adeudaba el 30 de septiembre de 1880, en plena guerra de Chile contra el Perú, la suma de 158,788 pesos chilenos con 95 centavos. Aplicando la metodología de valorización de Nazer, Prado debía a Edwards el equivalente de 22 millones de dólares del día de hoy.
Como afirma el historiador Nazer Ahumada (382), “sorprende la presencia del empresario y político peruano Mariano Ignacio Prado” en la lista de deudores. Nótese que Edwards Ossandón sólo había prestado más dinero a su hijo, Agustín R. Edwards Ross y a la empresa de su cuñado −y uno de los manejadores de Prado en Chile− Guillermo G. Délano y Cía.
Tratando de encontrar una respuesta al inusitado apoyo financiero de Edwards a Prado, debe recordarse que el capitalista chileno era dueño de inversiones mineras y en la industria del salitre ubicada en el litoral boliviano. Por lo tanto, veía a Prado −que se disponía a regresar al Perú y ser candidato a la presidencia en las elecciones generales de 1876− como el instrumento que le permitiría expandir su presencia empresarial en el departamento salitrero peruano de Tarapacá.
Así es mis estimados lectores. Mientras Grau, Bolognesi, Alfonso Ugarte, Leoncio Prado y miles de valientes entregaban la vida defendiendo al Perú, Mariano Ignacio Prado seguía atendiendo desde Estados Unidos y Europa sus negocios con la oligarquía y plutocracia chilenas representadas por los sucesores del finado Agustín Edwards Ossandón.
Desde los años del golpe de estado contra Pezet, Mariano Ignacio Prado se constituyó en asolapado instrumento político y económico de la oligarquía chilena. Cuando vivió en el país del sur, a partir de 1868, se acentuó su dependencia del chileno Agustín Edwards Ossandón, representante por excelencia de la clase dominante chilena, a quien debía el 30 de septiembre de 1880 la suma de 158,788 pesos chilenos con 95 centavos.
El monitor de río Manco Cápac, adquirido fraudulentamente por Mariano Ignacio Prado en 1867, en lo que representa el mayor caso de corrupción en la compra de armamento por el Perú en el siglo XIX.
“Concienzudo” informe del capitán Aurelio García y García justificando la compra de los monitores de río Oneoto y Catawba. Ambas naves eran inservibles para navegar el Pacífico. El informe de García y García, fechado en Nueva York el 24 de noviembre de 1867, estuvo dirigido al ministro de marina del Perú (García y García 1869, 25-28).
El 4 de octubre de 1867, el gobierno de Mariano Ignacio Prado firmó en Lima el contrato de compra por dos millones de dólares de los monitores fluviales estadounidenses Oneotoy Catawba, los que en la Marina Peruana pasaron a denominarse Manco Cápacy Atahualpa. Prado sustentó su decisión indicando que Perú aún se encontraba en guerra con España y que el país necesitaba reforzar su escuadra adquiriendo el Oneoto y el Catawba.
La compra de ambas naves fue una operación dañina a los intereses nacionales. Dos son las principales razones que sustentan esta afirmación.
La primera de ellas fue que Perú necesitaba monitores blindados que pudiesen asegurar la soberanía del país en el Océano Pacífico, algo que ambas naves no podían hacer debido a que eran embarcaciones de río, no habían sido diseñadas para la navegación marítima. El Oneotoy Catawba fueron construidas como monitores fluviales para patrullar las aguas del río Misisipi en Estados Unidos y no para la navegación marítima; eran por tanto inútiles para la defensa nacional del Perú. Fueron dadas de baja a la finalización de la Guerra Civil en Estados Unidos.
La segunda causa fue la ostensible sobrevaloración de ambas naves. Como ya se ha indicado, el Perú pagó por cada uno de los blindados fluviales norteamericanos la suma de un millón de pesos (Basadre 1968-70, VI: 61). Para efectos comparativos, cada uno de los monitores fluviales costó más del doble que el Huáscar, que había sido construido en Inglaterra, con diseño y características superiores, y que había sido lanzado al mar dos años antes, en 1865. Perú pagó por el Huáscar 81,247 libras esterlinas, cifra que al tipo de cambio de cinco pesos por libra esterlina, arroja la suma de 406,235 pesos (Basadre 1968-70, VI: 9).
La segunda causa fue la ostensible sobrevaloración de ambas naves. Como ya se ha indicado, el Perú pagó por cada uno de los blindados fluviales norteamericanos la suma de un millón de pesos (Basadre 1968-70, VI: 61). Para efectos comparativos, cada uno de los monitores fluviales costó más del doble que el Huáscar, que había sido construido en Inglaterra, con diseño y características superiores, y que había sido lanzado al mar dos años antes, en 1865. Perú pagó por el Huáscar 81,247 libras esterlinas, cifra que al tipo de cambio de cinco pesos por libra esterlina, arroja la suma de 406,235 pesos (Basadre 1968-70, VI: 9).
Rol de Aurelio García y García en la compra del Manco Cápac y Atahualpa
En 1867, la embajada peruana en los Estados Unidos se encontraba confiada al abogado civilista José Antonio García y García, quien cumplía funciones de Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario. Con el tiempo, José Antonio llegaría a ser presidente del Senado y ministro de Relaciones Exteriores. García y García recibió el encargo de Prado de finalizar el irregular trato de los monitores.
En un evidente caso de nepotismo, el capitán Aurelio García y García, hermano menor de José Antonio, fue nombrado por Prado como agregado en la misma Legación (Salcedo 1867, 126; García y García 1869, 9).
En un evidente caso de nepotismo, el capitán Aurelio García y García, hermano menor de José Antonio, fue nombrado por Prado como agregado en la misma Legación (Salcedo 1867, 126; García y García 1869, 9).
El 19 de noviembre de 1867, José Antonio García y García presentó sus credenciales al presidente norteamericano (Lanman 1876, 620). Tras asumir funciones de manera oficial, se dedicó a cumplir uno de los principales encargos del gobierno de Prado, consistente en acelerar la llegada al Perú de los monitores Manco Cápac y Atahualpa.
Es por ello que el agregado Aurelio García y García recibió el 11 de noviembre de 1867 el encargo de su hermano, el embajador, consistente en practicar una “inspección preliminar y facultativa” de los buques adquiridos. Con este fin, se trasladó a Nueva Orleans, donde se encontraban las naves, y preparó un “detenido examen”, desde el punto de vista naval, sobre el Oneoto y Catawba.
Escribió Aurelio García y García en su informe: “El conjunto de trabajos hasta adonde es posible reconocer, están hechos de una manera sólida y esmerada… Las máquinas, calderas, ventiladores, aparatos de las torres y en general todo lo que pertenece a este departamento, es de la mejor calidad… Su construcción es esmerada, la calidad de materiales empleados selectos y su poder militar extraordinario, pudiendo con notable ventaja dar combate hasta a los buques más fuertes hoy conocidos”.
Por supuesto, hubiera sido impensable que el capitán Aurelio García y García no hubiera destacado en su informe la disposición fluvial y no marítima del Oneoto y Catawba. Reconoció que “el sistema especial de estos monitores, construidos para la defensa de los puertos y ríos de los Estados Unidos durante la última guerra, los hace carecer de toda cualidad marinera y juzgo por lo tanto, que su navegación al Pacífico o cualquier viaje de travesía, ofrece grandes peligros”.
García y García indicó que los problemas encontrados “sólo pueden ser vencidos en parte, emprendiendo ciertas ligeras alteraciones, siendo la más indispensable, colocar dos palos pequeños que permitan darles algún velamen, librándose así de quedar a merced de la mar, en caso de parada o cualquier descomposición de la máquina y consiguiendo siempre mayor estabilidad. Una amurada provisional a proa, y una toldilla o puente entre la torre y la chimenea, son obras también urgentes.”
García y García señaló también dos limitaciones de los monitores estadounidenses, relacionadas con su dependencia de otras naves en materia de aprovisionamiento y su dependencia de las estaciones del año en que podría operar: “La compañía o convoy de un transporte que suministre carbón y provisiones, es de todo punto indispensable; así como el escoger las estaciones del año en que deben recorrerse los diferentes paralelos de la travesía”.
Llama la atención que el capitán García no hubiese comentado la crítica lentitud del Oneotoy Catawba, que descalificaba a estas naves para servir como monitores en el Perú. En su mejor momento, la velocidad de ambas fue siempre inferior a los seis nudos.
Sin embargo, para García y García, el Oneoto y Catawba permitirían “presentar en aguas del Perú, los buques más difíciles de navegar que jamás hayan surcado el océano”. Pareciera ser que para el ubicuo capitán, la utilidad de un navío podía juzgarse en razón a la “dificultad” que implicase su conducción, y no en términos de su potencia, armamento, máquinas, velocidad y maniobrabilidad.
El 24 de noviembre de 1867, de vuelta en Nueva York, el agregado Aurelio García y García envió a su hermano, el Señor Ministro Plenipotenciario del Perú (S. M.) José Antonio García y García, el informe que éste le había solicitado. En vez de descalificar en su integridad la compra del Oneoto y Catawba, Aurelio García y García defendió el “concienzudo examen que hice de esas formidable máquinas de guerra” y dio el visto bueno técnico a la operación (García y García 1869, 10).
Negociado en la compra de los monitores
Aduciendo que Perú aún se encontraba en guerra con España y que el país necesitaba reforzar su escuadra, Mariano Ignacio Prado contrató apuradamente la compra de los monitores fluviales Oneoto y Catawba a la firma estadounidense de Alexander Swift y Co. El trato fue suscrito en Lima, el 4 de octubre de 1867, cuando a Prado sólo le faltaban ocho días para dejar de ser presidente de la república.
Desde su gestación, la adquisición de los monitores fue una operación fraudulenta. El 4 de octubre de 1867, fecha del contrato, el propietario legal de las embarcaciones era el Gobierno de los Estados Unidos y no la firma vendedora Swift y Co. Sin constatar si el propietario de las naves era quien decía serlo, y más interesado en formalizar la operación rápidamente, Prado hizo venir a Lima a Gustavus Ricker, representante de Alexander Swift y Co., y ordenó firmar en la capital peruana el contrato de compra al ministro de Guerra y Marina Mariano Pío Cornejo.
En transacción ostensiblemente sobrevaluada, el Perú pagó por los blindados la suma de dos millones de pesos (Basadre 1968-70, VI: 61). Dicha cantidad fue bastante mayor que la suma de 1,242,850 dólares, costo original de ambas naves (Congreso de Estados Unidos 1869, 9, 29). Más aún, el 18 de febrero de 1868 la Comisión de la Marina de los Estados Unidos encargada de la tasación de ambos monitores los avaluó en 755,000 dólares, es decir en casi medio millón de dólares menos (Congreso de Estados Unidos 1869, 9, 29). El negociado dejó a la firma vendedora una ganancia estimada en más de un millón doscientos mil dólares.
Las anteriores irregularidades no fueron las únicas detectadas en el proceso de adquisición. Señalaremos además que el contrato firmado por el gobierno de Prado con Alexander Swift y Co. no fijó fecha de entrega de las naves al Perú (Congreso de Estados Unidos 1869, 189). A pesar que en febrero de 1868 los monitores habían sido íntegramente pagados, en esa misma fecha el Gobierno de los Estados Unidos seguía siendo dueño legal de ambos. Alexander Swift and Co. ni siquiera los tenía en su poder.
Conservadoramente, se estima que Prado percibió como cohecho por esta operación entre el 10% y el 20% del importe total de la misma, es decir 200,000 y 400,000 dólares (entre 4.5 y 9 millones de dólares del día de hoy). El propio Gustavus Ricker reconoció haber tenido que efectuar pagos irregulares a los gobernantes peruanos. Interrogado por la comisión investigadora del Congreso de los EE.UU., Ricker contestó textualmente: “Nosotros tuvimos que pagar algo en el extranjero [es decir, en el Perú]” (Congreso de Estados Unidos 1869, 248).
La adquisición de los monitores Manco Cápac y Atahualpa también posibilitó el primer negociado de Prado con William R. Grace, que en ese año aún operaba bajo la razón social de Bryce, Grace, and Co. El Enviado Extraordinario José Antonio García y García, encargó directamente a Grace el reclutamiento de las tripulaciones, la compra de provisiones y municiones, la adquisición y reacondicionamiento de vapores auxiliares y el reclutamiento de personal y provisión de suministros para dichos vapores (James 1993, 55).
El final de los inservibles monitores de río comprados por Prado
Sin embargo, para García y García, el Oneoto y Catawba permitirían “presentar en aguas del Perú, los buques más difíciles de navegar que jamás hayan surcado el océano”. Pareciera ser que para el ubicuo capitán, la utilidad de un navío podía juzgarse en razón a la “dificultad” que implicase su conducción, y no en términos de su potencia, armamento, máquinas, velocidad y maniobrabilidad.
El 24 de noviembre de 1867, de vuelta en Nueva York, el agregado Aurelio García y García envió a su hermano, el Señor Ministro Plenipotenciario del Perú (S. M.) José Antonio García y García, el informe que éste le había solicitado. En vez de descalificar en su integridad la compra del Oneoto y Catawba, Aurelio García y García defendió el “concienzudo examen que hice de esas formidable máquinas de guerra” y dio el visto bueno técnico a la operación (García y García 1869, 10).
Negociado en la compra de los monitores
Aduciendo que Perú aún se encontraba en guerra con España y que el país necesitaba reforzar su escuadra, Mariano Ignacio Prado contrató apuradamente la compra de los monitores fluviales Oneoto y Catawba a la firma estadounidense de Alexander Swift y Co. El trato fue suscrito en Lima, el 4 de octubre de 1867, cuando a Prado sólo le faltaban ocho días para dejar de ser presidente de la república.
Desde su gestación, la adquisición de los monitores fue una operación fraudulenta. El 4 de octubre de 1867, fecha del contrato, el propietario legal de las embarcaciones era el Gobierno de los Estados Unidos y no la firma vendedora Swift y Co. Sin constatar si el propietario de las naves era quien decía serlo, y más interesado en formalizar la operación rápidamente, Prado hizo venir a Lima a Gustavus Ricker, representante de Alexander Swift y Co., y ordenó firmar en la capital peruana el contrato de compra al ministro de Guerra y Marina Mariano Pío Cornejo.
En transacción ostensiblemente sobrevaluada, el Perú pagó por los blindados la suma de dos millones de pesos (Basadre 1968-70, VI: 61). Dicha cantidad fue bastante mayor que la suma de 1,242,850 dólares, costo original de ambas naves (Congreso de Estados Unidos 1869, 9, 29). Más aún, el 18 de febrero de 1868 la Comisión de la Marina de los Estados Unidos encargada de la tasación de ambos monitores los avaluó en 755,000 dólares, es decir en casi medio millón de dólares menos (Congreso de Estados Unidos 1869, 9, 29). El negociado dejó a la firma vendedora una ganancia estimada en más de un millón doscientos mil dólares.
Las anteriores irregularidades no fueron las únicas detectadas en el proceso de adquisición. Señalaremos además que el contrato firmado por el gobierno de Prado con Alexander Swift y Co. no fijó fecha de entrega de las naves al Perú (Congreso de Estados Unidos 1869, 189). A pesar que en febrero de 1868 los monitores habían sido íntegramente pagados, en esa misma fecha el Gobierno de los Estados Unidos seguía siendo dueño legal de ambos. Alexander Swift and Co. ni siquiera los tenía en su poder.
Conservadoramente, se estima que Prado percibió como cohecho por esta operación entre el 10% y el 20% del importe total de la misma, es decir 200,000 y 400,000 dólares (entre 4.5 y 9 millones de dólares del día de hoy). El propio Gustavus Ricker reconoció haber tenido que efectuar pagos irregulares a los gobernantes peruanos. Interrogado por la comisión investigadora del Congreso de los EE.UU., Ricker contestó textualmente: “Nosotros tuvimos que pagar algo en el extranjero [es decir, en el Perú]” (Congreso de Estados Unidos 1869, 248).
La adquisición de los monitores Manco Cápac y Atahualpa también posibilitó el primer negociado de Prado con William R. Grace, que en ese año aún operaba bajo la razón social de Bryce, Grace, and Co. El Enviado Extraordinario José Antonio García y García, encargó directamente a Grace el reclutamiento de las tripulaciones, la compra de provisiones y municiones, la adquisición y reacondicionamiento de vapores auxiliares y el reclutamiento de personal y provisión de suministros para dichos vapores (James 1993, 55).
El final de los inservibles monitores de río comprados por Prado
Como era de esperarse, las naves adquiridas a tan elevado precio nunca cumplieron funciones como monitores en razón a que no fueron diseñadas para operaciones en el mar. Tuvieron que ser remolcados “de Nueva Orleans a las Antillas, y a la costa atlántica de la América del Sur, para luego pasar a la del Océano Pacífico. Fue el remolque más largo –quince meses− y el más peligroso hecho hasta entonces en la historia de la marina de guerra en el mundo” (Basadre 1968-70, VI: 61).
Durante la Guerra del Salitre, el Manco Cápac fue usado como “batería flotante” en la defensa de Arica, por lo que tuvo que ser remolcado hasta dicho puerto. El Atahualpa permaneció anclado en el Callao y sirvió como “batería flotante” debido a que no podía navegar por el deterioro de sus calderas. Ambos monitores de río fueron hundidos por sus propias tripulaciones para evitar que cayeran en manos enemigas.
Escribió Basadre (1968-70, VI: 62): “No se llega a comprender cuáles fueron los beneficios aportados al país con la adquisición del Manco Cápac y el Atahualpa”.
Con lo que el Perú pagó por ambas naves el país pudo haber comprado cinco monitores como el Huáscar. Sin embargo, Mariano Ignacio Prado no estuvo muy interesado en ese tipo de consideraciones. Él lo que quería asegurar era el business de las comisiones y primas que recibían las autoridades del país comprador. La adquisición del Oneotoy el Catawba fue uno de los negociados que lo hizo rico y para completarlo contó con la ayuda de los hermanos García y García. De paso, Prado y los García y García grabaron sus nombres de manera indeleble en uno de los actos de corrupción más comentados en la Historia del Perú.
Con lo que el Perú pagó por ambas naves el país pudo haber comprado cinco monitores como el Huáscar. Sin embargo, Mariano Ignacio Prado no estuvo muy interesado en ese tipo de consideraciones. Él lo que quería asegurar era el business de las comisiones y primas que recibían las autoridades del país comprador. La adquisición del Oneotoy el Catawba fue uno de los negociados que lo hizo rico y para completarlo contó con la ayuda de los hermanos García y García. De paso, Prado y los García y García grabaron sus nombres de manera indeleble en uno de los actos de corrupción más comentados en la Historia del Perú.
Negociado del contrato Raphael
El 11 de marzo de 1876, cuatro meses antes de asumir el mando, Mariano Ignacio Prado obtuvo del presidente saliente Manuel Pardo su nombramiento como embajador extraordinario y ministro plenipotenciario del Perú en el Reino Unido. El decreto también incluyó la designación de Prado como comisionado especial financiero en Europa. Sin lugar a dudas, el extraño pedido del presidente electo obedeció a las conversaciones que había sostenido con el negociante Alexander de Laski, enviado de manera secreta a Lima por la firma Raphael and Sons para negociar un nuevo contrato de venta de un millón novecientas mil toneladas de guano. Sin embargo, era vox populi en la capital que los verdaderos beneficiarios de la operación serían Carlos González Candamo y Arturo Heeren, exconsignatarios del guano en Londres.
Según refiere el historiador Vicuña Mackenna, la primera acción del grupo representado por Laski “fue levantarse en peso al presidente electo y llevárselo a Londres donde tuviéronle más o menos un mes encerrado… hasta que firmase un arreglo diverso del que había firmado ya el agente Riva-Agüero” (Vicuña Mackenna 1880, 349). Una vez suscrito el convenio, los beneficiarios de la adjudicación conformaron The Peruvian Guano Company Limited, un nuevo nombre para la antigua compañía beneficiaria de la consignación del guano en Gran Bretaña (Vicuña 1880, 351).
Como era de suponer, la presencia de Prado en Londres aseguró la viabilidad del contrato Raphael. La suscripción tuvo lugar el 7 de junio de 1876. El convenio estableció que a cambio del guano, Perú recibiría un total de 700 mil libras. Dicho importe sería pagado en partes, mensualmente, por la Peruvian Guano Company. Por su parte, los antiguos consignatarios González Candamo y Heeren aseguraron la obtención de dos y medio por ciento de comisión por las ventas de guano, cinco por ciento por los adelantos hechos al gobierno, la tasa de tres libras y diez chelines en concepto de flete por cada tonelada de guano de Perú a Europa, y diez chelines por el costo de embarque. Como observó Vicuña Mackenna, en estos dos últimos casos las sumas pactadas “eran respecto del costo efectivo tres o cuatro veces superiores al importe verdadero” (Vicuña 1880, 350). Sin duda, la sobrevaluación era la modalidad favorita de operación de Mariano Ignacio Prado...
El contrato fue aprobado por el Congreso el 3 de febrero de 1877, fecha en la que Prado –el encargado de tratar con los intereses representados por la Peruvian Guano– ejercía la presidencia de la república. En la práctica, el negociado fue legalizado por la misma persona que lo organizó.
Existían mejores alternativas para el Perú que las ofrecidas por el contrato firmado por Prado. Puede señalarse las propuestas de la Societé Generale de París –que se comprometía a entregar 950 mil libras esterlinas por una sola vez– y la del Banco de París y de los Países Bajos (Basadre 1984, 359). Por ello, no resulta arriesgado inferir que para aceptar una propuesta por lo menos 250 mil libras menos ventajosa que la de sus competidores, la Peruvian Guano Company debió haber entregado algún tipo de incentivo pecuniario a Prado. Hasta el propio Jorge Basadre –siempre tan cauto en sus apreciaciones sobre los manejos económicos de Prado– afirmó que “el asunto [del contrato Raphael] necesita detenido estudio. También requiere cuidadoso examen la propuesta hecha entonces por la Sociedad General de París” (Basadre 1968-70, VII: 29).
Sin duda, con su designación como embajador en Londres, Prado logró asegurar la recepción de los benéficos efectos personales provenientes de la suscripción del nuevo contrato de venta de guano con los antiguos consignatarios organizados en la Peruvian Guano Company Limited.
El 11 de marzo de 1876, cuatro meses antes de asumir el mando, Mariano Ignacio Prado obtuvo del presidente saliente Manuel Pardo su nombramiento como embajador extraordinario y ministro plenipotenciario del Perú en el Reino Unido. El decreto también incluyó la designación de Prado como comisionado especial financiero en Europa. Sin lugar a dudas, el extraño pedido del presidente electo obedeció a las conversaciones que había sostenido con el negociante Alexander de Laski, enviado de manera secreta a Lima por la firma Raphael and Sons para negociar un nuevo contrato de venta de un millón novecientas mil toneladas de guano. Sin embargo, era vox populi en la capital que los verdaderos beneficiarios de la operación serían Carlos González Candamo y Arturo Heeren, exconsignatarios del guano en Londres.
Según refiere el historiador Vicuña Mackenna, la primera acción del grupo representado por Laski “fue levantarse en peso al presidente electo y llevárselo a Londres donde tuviéronle más o menos un mes encerrado… hasta que firmase un arreglo diverso del que había firmado ya el agente Riva-Agüero” (Vicuña Mackenna 1880, 349). Una vez suscrito el convenio, los beneficiarios de la adjudicación conformaron The Peruvian Guano Company Limited, un nuevo nombre para la antigua compañía beneficiaria de la consignación del guano en Gran Bretaña (Vicuña 1880, 351).
Como era de suponer, la presencia de Prado en Londres aseguró la viabilidad del contrato Raphael. La suscripción tuvo lugar el 7 de junio de 1876. El convenio estableció que a cambio del guano, Perú recibiría un total de 700 mil libras. Dicho importe sería pagado en partes, mensualmente, por la Peruvian Guano Company. Por su parte, los antiguos consignatarios González Candamo y Heeren aseguraron la obtención de dos y medio por ciento de comisión por las ventas de guano, cinco por ciento por los adelantos hechos al gobierno, la tasa de tres libras y diez chelines en concepto de flete por cada tonelada de guano de Perú a Europa, y diez chelines por el costo de embarque. Como observó Vicuña Mackenna, en estos dos últimos casos las sumas pactadas “eran respecto del costo efectivo tres o cuatro veces superiores al importe verdadero” (Vicuña 1880, 350). Sin duda, la sobrevaluación era la modalidad favorita de operación de Mariano Ignacio Prado...
El contrato fue aprobado por el Congreso el 3 de febrero de 1877, fecha en la que Prado –el encargado de tratar con los intereses representados por la Peruvian Guano– ejercía la presidencia de la república. En la práctica, el negociado fue legalizado por la misma persona que lo organizó.
Existían mejores alternativas para el Perú que las ofrecidas por el contrato firmado por Prado. Puede señalarse las propuestas de la Societé Generale de París –que se comprometía a entregar 950 mil libras esterlinas por una sola vez– y la del Banco de París y de los Países Bajos (Basadre 1984, 359). Por ello, no resulta arriesgado inferir que para aceptar una propuesta por lo menos 250 mil libras menos ventajosa que la de sus competidores, la Peruvian Guano Company debió haber entregado algún tipo de incentivo pecuniario a Prado. Hasta el propio Jorge Basadre –siempre tan cauto en sus apreciaciones sobre los manejos económicos de Prado– afirmó que “el asunto [del contrato Raphael] necesita detenido estudio. También requiere cuidadoso examen la propuesta hecha entonces por la Sociedad General de París” (Basadre 1968-70, VII: 29).
Sin duda, con su designación como embajador en Londres, Prado logró asegurar la recepción de los benéficos efectos personales provenientes de la suscripción del nuevo contrato de venta de guano con los antiguos consignatarios organizados en la Peruvian Guano Company Limited.
Sobornos pagados por Henry Meiggs
La historia recuerda a Henry Meiggs como el aventurero estadounidense que se dedicó a firmar contratos con el gobierno del Perú para construir ferrocarriles con el financiamiento generado por la extracción del guano. Se estima que el monto de los contratos que el Estado firmó con Meiggs para el tendido de vías férreas ascendió a ciento sesenta millones de soles (más de 3,200 millones de dólares del día de hoy). Las principales vías férreas construidas fueron la de Arequipa a Mollendo, inaugurada en 1871, y el ferrocarril del Callao a La Oroya, del que se avanzó 140 de los 224 kilómetros originalmente planeados.
Conocido en los salones de las casas acomodadas de Lima como Don Enrique, Henry Meiggs fue uno de los principales medios que Prado y sus amigos íntimos usaron para enriquecerse. Las prácticas de soborno a que acudió Meiggs para viabilizar los negocios que se proponía realizar con el gobierno del Perú se encuentran ampliamente documentadas. Como escribe Watt Stewart, su principal biógrafo, “no puede dudarse que Henry Meiggs recurriese al soborno para obtener sus fines. A través de ese medio manejó a los hombres que manejaban el Perú” (Stewart 1968, 47). Según Márquez (1888, 66), Don Enrique repartió sobornos por un valor mayor a diez millones de soles (más de 205 millones de dólares del día de hoy).
Con este dinero, Meiggs compró el patrocinio de sucesivos presidentes, amigos presidenciales, ministros, congresistas, jueces y dueños de periódicos. El propio Don Enrique describió el peculiar procedimiento que desarrolló para concertar en su favor las voluntades políticas en el Perú. En conversación con William Clarke, comisionado especial del Comité Internacional de Tenedores de la Deuda y autor del informe Peru and Its Creditors, Meiggs confesó que la única manera de tratar con los sucesivos gobiernos peruanos era dejar que cada uno de ellos fijase libremente su precio. “A continuación, [Meiggs] añadía al precio del contrato las sumas exigidas por el presidente y sus amigos” (Clarke 1877, 118). Los valores agregados por Meiggs constituían un verdadero markup de la corrupción. Fueron un componente obligatorio al calcularse los costos finales de sus proyectos ferroviarios.
En 1877, el presidente Prado participó en dos negociados con Meiggs. El primero se viabilizó en el contrato entre el gobierno y Don Enrique, firmado el 3 de febrero de ese año, bajo cuya protección éste último –a través de la Compañía de Obras Públicas y Fomento del Perú– emitió sin respaldo metálico billetes circulares por valor de 1,030,000 soles, a los que pronto se conoció como billetes de Meiggs.
Rechazados estos billetes por los bancos de Lima, la crisis de confianza desatada llevó a la realización del segundo negociado entre Prado y Meiggs. La operación fue formalizada el 17 de agosto de 1877. Consistió en la dación de un decreto presidencial otorgando el sello fiscal a la emisión original de billetes efectuada por Meiggs (1,030,000 soles) y autorizando la impresión adicional de 4,303,333 soles, lo que elevó la magnitud potencial de circulación de estos instrumentos hasta el monto de 5,333,333 soles. El artículo séptimo del mencionado instrumento legal estableció que el gobierno peruano garantizaba la operación, haciéndose responsable del pago del total de los billetes emitidos por Meiggs (Stewart 1968, 325).
Se estima que por conferir el respaldo gubernamental a los billetes de Meiggs, Mariano Ignacio Prado y sus amigos cobraron la suma de quinientos mil soles (más de diez millones de dólares del día de hoy). La información sobre el soborno a Prado fue incluida en la carta del 12 de agosto de 1877 dirigida por Charles H. Watson, gerente de negocios de Don Enrique, a John G. Meiggs, su antecesor en el cargo. El cohecho también recibió la atención de Michael P. Grace, quien lo describió el 13 de septiembre de 1877 en carta dirigida a su hermano William. R. Grace. Como escribió James, biógrafo de este último, “quinientos mil soles en las manos adecuadas produjeron un decreto gubernamental legalizando [los billetes de Meiggs] hasta el límite de 5,333,333 soles” (James 1993, 122, 338). Obviamente, las manos apropiadas fueron las finas y bien cuidadas del presidente Mariano Ignacio Prado quien, como se sabe, gustaba no sólo de escribir proclamas patrióticas sino también se enorgullecía de redactar sus propios decretos supremos.
La legalización de sus billetes fue el último business para cuya realización Meiggs debió comprar a un presidente peruano. Mes y medio después de la transacción, Don Enrique murió, en olor de santidad, en la ciudad de Lima. Previamente, el 18 de agosto de 1877, el sobornador más grande en la historia del Perú dirigió una carta personal a Mariano Ignacio en la que calificó la concesión del respaldo gubernamental a sus billetes como “una de las páginas más brillantes” de la administración Prado (Stewart 1968, 326).
Billetes de Meiggs, en denominaciones de uno y cinco soles, con la firma de Don Enrique. Fueron emitidos sin respaldo metálico. Para aplicarles el sello de la garantía fiscal, Prado y sus amigos recibieron un soborno equivalente a más de diez millones de dólares del día de hoy.
José María Químper, hombre de confianza de Prado, principal receptor de sobornos de Meiggs
Si bien el médico germano no fue explícito, las iniciales JMQ pertenecen al abogado José María Químper, hombre de confianza de Mariano Ignacio. Debe recordarse que en febrero de 1865, Químper fue de los primeros en unirse al levantamiento de Prado, ocurrido en la ciudad de Arequipa. En noviembre de ese año, Químper fue nombrado ministro de gobierno de la dictadura de Prado. Catorce años después, en julio y noviembre de 1879, el abogado Químper se desempeñó como ministro de Hacienda del último régimen pradista.
Debe hacerse notar que los sobornos recibidos por Químper no fueron únicamente para sobornar a Prado, o para coimear al corrupto abogado. Los cohechos pagados por Meiggs también fueron entregadas a congresistas de la república.
El abogado JMQ, José María Químper, uno de los principales secuaces de Mariano Ignacio Prado y el más importante receptor de coimas entregadas por Henry Meiggs.
Negociado de la compra de carne para las fuerzas peruanas en el sur
Antes de declararse Director Supremo de la Guerra y trasladar su residencia de Lima a Arica, Mariano Ignacio Prado no podía perder la oportunidad de realizar algunos negocios. Esta vez se trató de la compra de provisiones para las fuerzas peruanas que operaban en el sur del país. Como escribió Mariano Felipe Paz Soldán, Prado “aglomeró grandes cantidades de víveres en Iquique, Pisagua y Arica; contrató la provisión de carne con empresarios que traían el ganado desde la República Argentina” (Paz Soldán 1884, 292).
En varias de estas transacciones, el gobierno pagó sobreprecios, justificando dicha política en las dificultades impuestas por la guerra, la geografía y el clima de la zona. El coronel Belisario Suárez, tras la batalla de San Francisco, fue quien puso al descubierto, sin proponérselo, las prácticas de sobrevaluación adquisitiva de Prado. En parte dirigido a la superioridad el 23 de noviembre de 1879, Belisario Suárez denunció: “La marcha estaba mandada, y se emprendió sin recurso alguno, porque aún cuando el gobierno tiene celebrado con los señores Puch, Gómez y Cía. un contrato de provisión de carne, en el cual se ha pasado sobre lo excesivo del precio en cambio de la seguridad del suministro, se ha visto del todo burlada esa provisión en el momento en que debió lograrse el fruto de ese sacrificio aceptado sólo a tal precio; y la provisión que fue regular mientras la resistencia en los pueblos la hizo innecesaria, se suspendió en los días mismos que debimos confiar en esa seguridad que creíamos deber a la no pequeña retribución del fisco” (Vargas 1979, 533). Basadre recogió la queja del coronel peruano contra la referida empresa argentina (Basadre 1968-70, VIII: 127).
A pesar de haber pagado el Perú –por acción de Prado– un sospechoso sobreprecio por los víveres, ni carne, ni provisiones en cantidad suficiente caracterizaron la logística del ejército peruano del sur. En el crítico mes de noviembre de 1879, las fuerzas peruanas se encontraban faltas de víveres (Caivano 1904, 337) y al borde de la inanición (Markham 1882, 152). Puede señalarse dos ocasiones en las que se hizo notar la ausencia de las provisiones de carne. En la primera, Paz Soldán relata que en la marcha de las tropas peruanas a San Francisco, el 18 de noviembre de 1879, la ración ascendió a “cuatro onzas de charqui y una muy escasa cantidad de agua por cabeza” (Paz Soldán 1884, 319). La segunda se observó en la retirada de las fuerzas peruanas de Tarapacá, que en su larga y penosa marcha hacia Arica encontraron en “la carne de los fatigados caballos o borricos… un manjar exquisito. En Jaiña, a veinticinco leguas de Tarapacá, recibieron los primeros y únicos auxilios que el General Prado envió de Arica antes de retirarse a Lima. El charqui, galleta y arroz fueron para jefes, oficiales y tropa como exquisitas viandas en día de gran convite” (Paz Soldán 1884, 360).
Durante el gobierno de Leguía, a través de la ley 4075 del primero de mayo de 1920, la empresa a la que Prado pagó sobreprecio por la carne que no llegó cuando era necesaria, Puch, Gómez y Cía., fue reconocida en su reclamo de 164,450 libras “por la provisión de suministros al Ejército Peruano durante la guerra del Pacífico”. Los congresistas favorecieron con esa ley a la empresa argentina que dejó sin abastecimiento de carne al ejército peruano en noviembre de 1879. Obviamente, no leyeron –o no prestaron atención– al parte de 1879 en el que el coronel Belisario Suárez puso en evidencia la política de sobrevaluación en las compras de carne ejecutadas por Mariano Ignacio Prado.
Negociados con William R. Grace and Co. y Grace Brothers and Co.
Otra de las fuentes fundamentales de enriquecimiento de Mariano Ignacio Prado estuvo constituida por los negociados que realizó con las firmas William R. Grace and Co. y Grace Brothers and Co. Prado mantuvo una “amistad” de décadas con el contratista William R. Grace, con quien intercambió correspondencia sobre oportunidades de negocios a través del Estado Peruano. Puede citarse que en las cartas cursadas entre Prado y Grace, conservadas en los archivos de William R. Grace en Estados Unidos, los dos actores del drama peruano tratan sobre operaciones relacionadas con la consignación y venta de salitre. Estos negociados se formalizaron cuando Prado otorgó a Grace el monopolio por cuatro años del embarque de nitrato de sodio destinado a los mercados estadounidense y europeos. La distribución del salitre en los Estados Unidos quedó a cargo de W. R. Grace and Co. en tanto que de la distribución en Europa se responsabilizaron los socios de Grace, es decir la banca de inversión Baring Brothers (James 1993, 126).
En sus comunicaciones, Prado y Grace también discutieron alternativas de negocios personales. Por ejemplo, a mediados de la década de 1870, y sin perturbarse ninguna de las partes por el conflicto de intereses inherente, Grace compró una docena de caballos de pura sangre para Prado (de Secada 1985, 610). Inclusive, en el crítico año 1879 –en el que Chile declaró la guerra al Perú y en el que el presidente desertor huyó a Estados Unidos– Grace Brothers and Company operó como banca financiadora de préstamos comerciales para Prado (Quiroz 2008, 172).
Negociados con William R. Grace and Co. y Grace Brothers and Co.
Otra de las fuentes fundamentales de enriquecimiento de Mariano Ignacio Prado estuvo constituida por los negociados que realizó con las firmas William R. Grace and Co. y Grace Brothers and Co. Prado mantuvo una “amistad” de décadas con el contratista William R. Grace, con quien intercambió correspondencia sobre oportunidades de negocios a través del Estado Peruano. Puede citarse que en las cartas cursadas entre Prado y Grace, conservadas en los archivos de William R. Grace en Estados Unidos, los dos actores del drama peruano tratan sobre operaciones relacionadas con la consignación y venta de salitre. Estos negociados se formalizaron cuando Prado otorgó a Grace el monopolio por cuatro años del embarque de nitrato de sodio destinado a los mercados estadounidense y europeos. La distribución del salitre en los Estados Unidos quedó a cargo de W. R. Grace and Co. en tanto que de la distribución en Europa se responsabilizaron los socios de Grace, es decir la banca de inversión Baring Brothers (James 1993, 126).
En sus comunicaciones, Prado y Grace también discutieron alternativas de negocios personales. Por ejemplo, a mediados de la década de 1870, y sin perturbarse ninguna de las partes por el conflicto de intereses inherente, Grace compró una docena de caballos de pura sangre para Prado (de Secada 1985, 610). Inclusive, en el crítico año 1879 –en el que Chile declaró la guerra al Perú y en el que el presidente desertor huyó a Estados Unidos– Grace Brothers and Company operó como banca financiadora de préstamos comerciales para Prado (Quiroz 2008, 172).
William R. Grace, enriquecido contratista proveedor de la Marina y el Ejército Peruanos. Entre el equipamiento que adquirió se incluyeron los torpedos Lay, las lanchas torpederas Herreshoff, rifles, municiones y hasta una costosa y no muy útil batería flotante avaluada en más de 43 millones de dólares del día de hoy (de Secada 1985, 612-613).
La guerra con Chile alteró en un doble sentido la relación entre ambos personajes. De un lado, tornó problemática la extracción del salitre de Tarapacá debido al control chileno del área; del otro brindó a Grace la oportunidad de dedicarse al lucrativo tráfico de armas. Éste se tornaba especialmente atrayente debido a que las transacciones se realizaban en secreto y eran pagadas en efectivo. Fue así como W. R. Grace and Co. se convirtió en la principal empresa proveedora de armamento del gobierno peruano. Con el tráfico de pertrechos, Grace reforzó su condición de agente oficial del gobierno peruano en Nueva York y San Francisco, nombramiento conferido por el presidente Prado en 1876 (de Secada 1985, 610-611).
Los principales negociados de Mariano Ignacio con William R. Grace and Co. se viabilizaron a través de las comisiones y utilidades provenientes del comercio de armamento en que la mencionada firma incurrió con el fin de atender las demandas de Prado. Se estima que entre mayo de 1879 y agosto de 1880, W. R. Grace adquirió armamento y material de guerra para el Perú por un importe mínimo de US$3,260,975 (más de setentidós millones de dólares del día de hoy). Este monto no incluye las comisiones percibidas por Grace. Ochentaicinco por ciento de las compras de pertrechos realizadas a través de Grace (US$2,769,575 de la época, es decir más de 61 millones de dólares del día de hoy) fueron ordenadas por Mariano Ignacio Prado.
Cabe preguntarse cuál fue el importe de las comisiones de William R. Grace and Co. y cuál el cohecho recibido por Prado. Puede estimarse el monto teniendo en cuenta que en períodos de paz, Grace cobraba una comisión de 5% sobre los importes facturados al Gobierno (James 1993, 55). Sin embargo, entre mayo y diciembre de 1879, las compras fueron realizadas en plena guerra con Chile, estando vigente la legislación internacional que obligaba a las naciones neutrales a no vender armamento a países en guerra. Para eludir esta limitación, Grace debió efectuar diversas gestiones destinadas a encubrir y disimular los embarques y asegurar su llegada al Perú. Según estimados conservadores, no sería de extrañar que encontrando justificación en la existencia de estas dificultades, la comisión de Grace por tráfico de armamento haya ascendido a 15% ($415,000). De esta suma, dos terceras partes habrían sido apropiadas por Grace ($278,000), en tanto que una tercera parte ($137,000, ó tres millones de dólares del día de hoy) habría ido a parar a los bolsillos de Mariano Ignacio Prado.
Compras de armamento ordenadas por Prado a través de W. R. Grace and Co.
Desfalco de los donativos para la guerra con Chile
El 7 de abril de 1879, Mariano Ignacio Prado redactó el decreto creando la Junta Central Administradora de Donativos para la guerra con Chile. La Junta quedó encargada de efectuar una colecta pública con la que se financiaría la compra de armamento y pertrechos. A noviembre de 1879, la recaudación por este concepto ascendió a más de seis millones de soles de la época, es decir 123 millones de dólares del día de hoy.
Cuando Prado fugó del país, el 16 de diciembre de 1879, alegó como excusa que sólo él podría adquirir en el extranjero las armas y material de guerra que el Perú necesitaba. Muchos peruanos sospecharon que al desertar, Prado llevó consigo parte de los donativos. Como describe Astiz, “de acuerdo con todas las evidencias disponibles, las armas nunca llegaron y el dinero con el cual iban a ser compradas nunca fue devuelto al Tesoro peruano. Prado tampoco volvió al país [hasta 1887]. La posibilidad que este dinero haya constituido una contribución importante a la riqueza de la familia Prado se menciona en el Perú muy a menudo, aunque no por escrito” (Astiz 1969, 39).
Frente a esta acusación, debe mencionarse que cuando Prado llegó a Nueva York, uno de los antiguos “amigos” que acudió a recibirlo fue William R. Grace. En cartas de éste fechadas el 26 de enero y 28 de febrero de 1880, dirigidas a Grace Brothers and Co. y al capitán de navío de la Armada Peruana Luis Germán Astete respectivamente, el magnate relató que Prado había llegado a Nueva York sin autoridad oficial y, lo que era peor, declaraba no contar con la cantidad de dinero necesaria para efectuar adquisiciones de material bélico. Textualmente, Grace escribió: “Al salir del Perú [Prado] no se llevó un gran fardo de dinero”. (James 1993, 135). Respecto de esta afirmación, sería necesario precisar que Prado afirmaba no poseer un gran fardo de dinero para adquirir armamento, puesto que a él –personalmente– no le interesaba adquirir pertrechos de guerra. Sin embargo, sí poseía en sus cuentas personales los importantes caudales acumulados a lo largo de años gracias al poder político que detentó en el Perú.
Cuando Prado fugó del país, el 16 de diciembre de 1879, alegó como excusa que sólo él podría adquirir en el extranjero las armas y material de guerra que el Perú necesitaba. Muchos peruanos sospecharon que al desertar, Prado llevó consigo parte de los donativos. Como describe Astiz, “de acuerdo con todas las evidencias disponibles, las armas nunca llegaron y el dinero con el cual iban a ser compradas nunca fue devuelto al Tesoro peruano. Prado tampoco volvió al país [hasta 1887]. La posibilidad que este dinero haya constituido una contribución importante a la riqueza de la familia Prado se menciona en el Perú muy a menudo, aunque no por escrito” (Astiz 1969, 39).
Frente a esta acusación, debe mencionarse que cuando Prado llegó a Nueva York, uno de los antiguos “amigos” que acudió a recibirlo fue William R. Grace. En cartas de éste fechadas el 26 de enero y 28 de febrero de 1880, dirigidas a Grace Brothers and Co. y al capitán de navío de la Armada Peruana Luis Germán Astete respectivamente, el magnate relató que Prado había llegado a Nueva York sin autoridad oficial y, lo que era peor, declaraba no contar con la cantidad de dinero necesaria para efectuar adquisiciones de material bélico. Textualmente, Grace escribió: “Al salir del Perú [Prado] no se llevó un gran fardo de dinero”. (James 1993, 135). Respecto de esta afirmación, sería necesario precisar que Prado afirmaba no poseer un gran fardo de dinero para adquirir armamento, puesto que a él –personalmente– no le interesaba adquirir pertrechos de guerra. Sin embargo, sí poseía en sus cuentas personales los importantes caudales acumulados a lo largo de años gracias al poder político que detentó en el Perú.
Basadre calificó como infamante la versión del desfalco de Prado. Escribió el historiador peruano: “La versión de que Prado se llevó consigo el dinero destinado a la compra de nuevos barcos es calumniosa. Como se ha narrado ya, dichos fondos los llevó a Europa Julio Pflucker y Rico. Hacía tiempo que funcionaba en el Perú el sistema de los bancos y las traslaciones de fondos en gran cantidad del país al exterior o viceversa hacíanse por cheques y no por la movilización de los billetes o monedas en el equipaje de los viajeros” (Basadre 1968-70, VIII: 180). De esta manera, Basadre participó de la opinión que, al fugar del Perú, Prado sólo recibió del Estado Peruano la cantidad de tres mil libras esterlinas. Dicho dinero le fue entregado para su viaje por el “doctor JMQ”, el mismo recolector de los sobornos de Meiggs, es decir su ministro de Hacienda José María Químper.
Se hace necesario analizar la sentencia de inocencia dictada por Basadre en favor de Prado. El argumento del historiador peruano es el siguiente: (i) como fue físicamente evidente que Prado no extrajo del país billetes y monedas, y (ii) como ya era factible en ese tiempo hacer transferencias al exterior mediante cheques, (iii) es una calumnia acusar a Prado del robo de los fondos para la compra de armamentos.
Expliquemos el porqué de la falta de validez del anterior argumento. En principio, debe reconocerse que sería una ingenuidad intentar extraer caudales del Perú en la forma de billetes y monedas. No era de esperarse que Prado fugara con valijas repletas de libras esterlinas o dólares, más aún teniendo como Ministro de Hacienda al doctor JMQ, abogado ducho en manejos financieros y que por sus méritos en la materia fue el encargado de recibir las coimas en los gobiernos anteriores del desertor. Como reconoció Basadre, las transferencias de fondos al exterior se ejecutaban “por cheques”, específicamente mediante letras de cambio giradas sobre Londres, Nueva York u otros mercados extranjeros. Exactamente, esa fue la modalidad de fuga de capital usada por el desertor.
La decisión final de desertar fue tomada por Prado el 16 de diciembre de 1879, luego de la reunión que sostuvo con los comisionados de los vecinos notables que se habían reunido en el Club Literario y que le comunicaron la exigencia de rendir cuentas sobre el manejo de la guerra y la imperiosa necesidad de castigar a los culpables de la debacle. Debe mencionarse que la reunión en el Club Literario fue presidida por el Obispo de Lima, Pedro José Tordoya, quien simultáneamente estaba a la cabeza de la “Junta Administradora de Donativos para la Guerra de Chile”.
Prado consideró dichos acuerdos como un verdadero ultimátum que no estaba en posibilidades de satisfacer. De manera que decidió escapar del país, cuanto antes, mejor.
Con este fin, Prado enfrentó el reto de cómo sustraer los dineros existentes en el Perú provenientes de los negociados, coimas, sobornos y robos que había ejecutado aprovechando el poder político. El presidente entendió que tenía que comprar en Lima giros sobre el exterior que facilitaran la evasión de los fondos. En ese momento, dichas operaciones se encarecían por la especulación reinante sobre el cambio extranjero, consecuencia de los desastres de la guerra y de la inestabilidad política. Para enfrentar la especulación que afectaba sus compras, Prado dictó el 17 de diciembre de 1879 el último Decreto Supremo de su Gobierno. Se trató de un dispositivo que fijó nuevas reglas para la venta en el Perú de letras de cambio sobre mercados extranjeros. El decreto prohibió a corredores y negociantes intermediar estas operaciones, con lo que Prado procuró reducir la especulación. De igual manera prohibió endosar las letras giradas.
Por supuesto, el oportuno Decreto Supremo sobre letras de cambio sobre el exterior fue firmado por Su Excelencia y por el doctor JMQ, Ministro de Hacienda.
Existen testimonios que indican que entre el 16 y el 18 de diciembre de 1879, Prado tomó giros sobre Londres “a todos precios” lo que trajo consigo, inicialmente, la depreciación temporal de la moneda peruana. Cuando desapareció la demanda de Prado por estos instrumentos, el cambio se apreció (Bossi 1880, 41-42).
De manera que el misterio de cómo hizo Prado para fugar fondos del país comienza a aclararse. Lo que salió del Perú no fueron billetes y monedas; fueron letras de cambio sobre Londres.
Los manejos de Prado pueden percibirse con mayor nitidez cuando se considera que el desertor viajó al extranjero en compañía del cónsul de El Salvador en Lima, Jorge Tezanos Pinto. En caso de verse descubierto durante el viaje, y teniendo en consideración que no viajaba con su propia identidad sino bajo el nombre de John Christian, sólo en ese momento el desertor entregaría a su amigo Tezanos Pinto, en sobre cerrado, la documentación de las letras de cambio. Tezanos protegería dichos instrumentos con su inmunidad diplomática. Asimismo, ante preguntas indiscretas del cónsul, Prado podría explicar que las letras de cambio eran los papeles necesarios para financiar la compra de armamento en Londres.
Se hace necesario analizar la sentencia de inocencia dictada por Basadre en favor de Prado. El argumento del historiador peruano es el siguiente: (i) como fue físicamente evidente que Prado no extrajo del país billetes y monedas, y (ii) como ya era factible en ese tiempo hacer transferencias al exterior mediante cheques, (iii) es una calumnia acusar a Prado del robo de los fondos para la compra de armamentos.
Expliquemos el porqué de la falta de validez del anterior argumento. En principio, debe reconocerse que sería una ingenuidad intentar extraer caudales del Perú en la forma de billetes y monedas. No era de esperarse que Prado fugara con valijas repletas de libras esterlinas o dólares, más aún teniendo como Ministro de Hacienda al doctor JMQ, abogado ducho en manejos financieros y que por sus méritos en la materia fue el encargado de recibir las coimas en los gobiernos anteriores del desertor. Como reconoció Basadre, las transferencias de fondos al exterior se ejecutaban “por cheques”, específicamente mediante letras de cambio giradas sobre Londres, Nueva York u otros mercados extranjeros. Exactamente, esa fue la modalidad de fuga de capital usada por el desertor.
La decisión final de desertar fue tomada por Prado el 16 de diciembre de 1879, luego de la reunión que sostuvo con los comisionados de los vecinos notables que se habían reunido en el Club Literario y que le comunicaron la exigencia de rendir cuentas sobre el manejo de la guerra y la imperiosa necesidad de castigar a los culpables de la debacle. Debe mencionarse que la reunión en el Club Literario fue presidida por el Obispo de Lima, Pedro José Tordoya, quien simultáneamente estaba a la cabeza de la “Junta Administradora de Donativos para la Guerra de Chile”.
Prado consideró dichos acuerdos como un verdadero ultimátum que no estaba en posibilidades de satisfacer. De manera que decidió escapar del país, cuanto antes, mejor.
Con este fin, Prado enfrentó el reto de cómo sustraer los dineros existentes en el Perú provenientes de los negociados, coimas, sobornos y robos que había ejecutado aprovechando el poder político. El presidente entendió que tenía que comprar en Lima giros sobre el exterior que facilitaran la evasión de los fondos. En ese momento, dichas operaciones se encarecían por la especulación reinante sobre el cambio extranjero, consecuencia de los desastres de la guerra y de la inestabilidad política. Para enfrentar la especulación que afectaba sus compras, Prado dictó el 17 de diciembre de 1879 el último Decreto Supremo de su Gobierno. Se trató de un dispositivo que fijó nuevas reglas para la venta en el Perú de letras de cambio sobre mercados extranjeros. El decreto prohibió a corredores y negociantes intermediar estas operaciones, con lo que Prado procuró reducir la especulación. De igual manera prohibió endosar las letras giradas.
Por supuesto, el oportuno Decreto Supremo sobre letras de cambio sobre el exterior fue firmado por Su Excelencia y por el doctor JMQ, Ministro de Hacienda.
Existen testimonios que indican que entre el 16 y el 18 de diciembre de 1879, Prado tomó giros sobre Londres “a todos precios” lo que trajo consigo, inicialmente, la depreciación temporal de la moneda peruana. Cuando desapareció la demanda de Prado por estos instrumentos, el cambio se apreció (Bossi 1880, 41-42).
De manera que el misterio de cómo hizo Prado para fugar fondos del país comienza a aclararse. Lo que salió del Perú no fueron billetes y monedas; fueron letras de cambio sobre Londres.
Los manejos de Prado pueden percibirse con mayor nitidez cuando se considera que el desertor viajó al extranjero en compañía del cónsul de El Salvador en Lima, Jorge Tezanos Pinto. En caso de verse descubierto durante el viaje, y teniendo en consideración que no viajaba con su propia identidad sino bajo el nombre de John Christian, sólo en ese momento el desertor entregaría a su amigo Tezanos Pinto, en sobre cerrado, la documentación de las letras de cambio. Tezanos protegería dichos instrumentos con su inmunidad diplomática. Asimismo, ante preguntas indiscretas del cónsul, Prado podría explicar que las letras de cambio eran los papeles necesarios para financiar la compra de armamento en Londres.
El último Decreto Supremo de Prado fechado el 17 de diciembre de 1879, un día antes de fugar: Reglamento de corredores de letras de cambio (cambio extranjero)
Testimonio sobre las operaciones de Prado en el mercado de letras sobre el exterior
(Bossi 1880, 41-42)
Los fondos que Prado sustrajo del Perú
Una parte de ellos proviene de los donativos recibidos para la guerra. Prado debió haber rendido cuentas sobre el uso de los fondos recibidos. De igual manera, Prado debió explicar lo que sucedió con la contabilidad de donativos de los meses de octubre y diciembre de 1879, períodos para los cuales no existe información, siendo el último mes el de la fuga de Prado.
Está todavía por escribirse la historia detallada de la apropiación de los fondos donados para la guerra con Chile. Ella hubiera requerido recoger las versiones sobre el desfalco provenientes del capitán de fragata José Gálvez Moreno, el cónsul de El Salvador en Lima, Jorge Tezanos Pinto y el militar Celso Zuleta que acompañaron a Prado en su fuga, en calidad de ayudantes o edecanes.
Al margen de cuál sea la magnitud del desfalco parcial de los donativos para la compra de armamento, queda claro que durante los ocho años que permaneció en el extranjero, Prado tuvo acceso a cuantiosos recursos a los que apeló para llevar una vida bastante holgada. Así lo demuestran sus estadías en Nueva York y París, el inmueble de su propiedad en esta última ciudad, y la posibilidad de llevar una vida a cuerpo de rey sin necesidad de trabajar. Los dineros que financiaron a Prado entre 1879 y 1887 fueron provistos con largueza por los negociados descritos en las secciones precedentes.
Balance al 30 de noviembre de 1879 de la “Junta Administradora de Donativos para la Guerra de Chile”
(Rodríguez 1916, XIII: 25-26)
Basadre, Jorge. 1968-70. Historia de la República del Perú. 6ta. ed. Lima: Editorial Universitaria.
Bulnes, Gonzalo. 1920. Chile and Peru: The Causes of the War of 1879. Santiago de Chile: Imprenta Universitaria.
Bossi, Bartolomé. 1880. El vapor oriental “Charrúa” en el Pacífico y regiones magallánicas con algunos datos sobre el Perú y Chile en la presente guerra. Buenos Aires: Tipografía dell’ Operario Italiano.
Bossi, Bartolomé. 1880. El vapor oriental “Charrúa” en el Pacífico y regiones magallánicas con algunos datos sobre el Perú y Chile en la presente guerra. Buenos Aires: Tipografía dell’ Operario Italiano.
Burr, Robert N. 1965. By Reason or Force: Chile and the Balancing of Power in South America, 1830-1905. Berkeley: University of California Press.
Clarke, William. 1877. Peru and Its Creditors. Londres: Ranken and Co.
Collier, Simon, y William F. Sater. 1996. A History of Chile, 1808-1994. Cambridge: Cambridge University Press.
Congreso de Estados Unidos. 1869. Investigación sobre la venta hecha por el Gobierno de los Estados Unidos de los monitores Oneoto y Catawba, hoy Manco-Capac y Atahualpa. Lima: Imprenta de “El Nacional”.
De Secada, Alexander G. 1985. Arms, Guano, and Shipping: The W. R. Grace Interests in Peru, 1865-1885. En “The Business History Review”, Vol. 59, No. 4 (Invierno), Business in Latin America.
Duffield, A. J. 1877. Peru in the Guano Age. Londres: Richard Bentley and Son.
Figueroa, Pedro Pablo. 1900. Diccionario biográfico de extranjeros en Chile. Santiago de Chile: Imprenta Moderna.
García y García, Aurelio. 1869. Suplemento indispensable a los folletos dados a luz por D. José M. Salcedo, durante su escapada a Europa en 1867 y después de su fuga a Chile en 1869. Lima: Tipografía de “El Nacional”.
Gilbert, Dennis. 1981. “Cognatic Descent Groups in Upper-Class Lima (Peru)”. American Ethnologist 8, no. 4 (Noviembre): 739-757.
González Prada, Manuel. 1985. Obras. Editadas por Luis Alberto Sánchez. Tomo I, Vol. 2, Bajo el oprobio. Lima: Ediciones Copé.
James, Marquis. 1993. Merchant Adventurer. The Story of W. R. Grace. Wilmington: SR Books.
Lanman, Charles. 1876. Biographical Annals of the Civil Government of the United States During its First Century. Washington: James Anglim, Publisher.
Markham, Clements Robert. 1882. The War Between Peru and Chile, 1879-1882. Londres: Sampson Low, Marston, Searle, and Rivington.
Márquez, José Arnaldo. 1888. La orjía financiera del Perú: El guano i el salitre. Artículos publicados en “La Libertad Electoral”. Santiago de Chile: Imprenta de “La Libertad Electoral”.
McInnes, William, Dowling, Donaldson Bogart, y W. W. Leach. 1913. The Coal Resources of the World. Toronto: Morang and Co. Limited, vol. II.
Congreso de Estados Unidos. 1869. Investigación sobre la venta hecha por el Gobierno de los Estados Unidos de los monitores Oneoto y Catawba, hoy Manco-Capac y Atahualpa. Lima: Imprenta de “El Nacional”.
De Secada, Alexander G. 1985. Arms, Guano, and Shipping: The W. R. Grace Interests in Peru, 1865-1885. En “The Business History Review”, Vol. 59, No. 4 (Invierno), Business in Latin America.
Duffield, A. J. 1877. Peru in the Guano Age. Londres: Richard Bentley and Son.
Figueroa, Pedro Pablo. 1900. Diccionario biográfico de extranjeros en Chile. Santiago de Chile: Imprenta Moderna.
García y García, Aurelio. 1869. Suplemento indispensable a los folletos dados a luz por D. José M. Salcedo, durante su escapada a Europa en 1867 y después de su fuga a Chile en 1869. Lima: Tipografía de “El Nacional”.
Gilbert, Dennis. 1981. “Cognatic Descent Groups in Upper-Class Lima (Peru)”. American Ethnologist 8, no. 4 (Noviembre): 739-757.
González Prada, Manuel. 1985. Obras. Editadas por Luis Alberto Sánchez. Tomo I, Vol. 2, Bajo el oprobio. Lima: Ediciones Copé.
James, Marquis. 1993. Merchant Adventurer. The Story of W. R. Grace. Wilmington: SR Books.
Lanman, Charles. 1876. Biographical Annals of the Civil Government of the United States During its First Century. Washington: James Anglim, Publisher.
Markham, Clements Robert. 1882. The War Between Peru and Chile, 1879-1882. Londres: Sampson Low, Marston, Searle, and Rivington.
Márquez, José Arnaldo. 1888. La orjía financiera del Perú: El guano i el salitre. Artículos publicados en “La Libertad Electoral”. Santiago de Chile: Imprenta de “La Libertad Electoral”.
McInnes, William, Dowling, Donaldson Bogart, y W. W. Leach. 1913. The Coal Resources of the World. Toronto: Morang and Co. Limited, vol. II.
Ministerio de Guerra de la República de Chile. 1870. Lei de Presupuestos de los Gastos Jenerales de la Administración Pública de Chile para el año de 1870. Presupuesto del Ministerio de Guerra. Santiago de Chile: Imprenta Nacional.
Nazer Ahumada, Ricardo. 2000. La fortuna de Agustín Edwards Ossandón: 1815-1878. Revista Historia, Vol. 33, 369-415. Santiago: Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Ortega Martínez, Luis. 2005. Chile en ruta al capitalismo: Cambio, euforia y depresión, 1850-1880. Santiago: LOM Ediciones, DIBAM, Centro de Investigaciones Barros Arana.
Paz Soldán, Mariano Felipe. 1884. Narración histórica de la guerra de Chile contra el Perú y Bolivia. Buenos Aires: Imprenta y Librería de Mayo.
Pizarro Soto, José Alejandro. 1991. Lebu: De la Leufumapu a su centenario, 1540-1962. Santiago: Ñielol.
Quiroz, Alfonso W. 2008. Corrupt Circles: A History of Unbound Graft in Peru. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
Rodríguez, J. M. 1916. Anales de la Hacienda Pública del Perú. Tomo XIII. Lima: Litografía y Tipografía T. Scheuch.
Salcedo, José M. 1867. Esposición que José M. Salcedo hace a sus amigos, relativa a su conducta observada desde el 14 de abril 1864, día en que tuvo lugar la toma de las Islas de Chincha por la escuadra española. Gante: Imprenta de Eug. Vanderhaegen.
Sociedad Carbonífera del Carampangue. 1906. Informes de Joaquín N. Pinto y Guillermo E. Raby sobre las minas de carbón de piedra de Quilachanquín. Santiago de Chile: Imprenta Gutenberg.
Stewart, Watt. 1968. Henry Meiggs: Yankee Pizarro. New York: AMS Press.
Quiroz, Alfonso W. 2008. Corrupt Circles: A History of Unbound Graft in Peru. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
Rodríguez, J. M. 1916. Anales de la Hacienda Pública del Perú. Tomo XIII. Lima: Litografía y Tipografía T. Scheuch.
Salcedo, José M. 1867. Esposición que José M. Salcedo hace a sus amigos, relativa a su conducta observada desde el 14 de abril 1864, día en que tuvo lugar la toma de las Islas de Chincha por la escuadra española. Gante: Imprenta de Eug. Vanderhaegen.
Sociedad Carbonífera del Carampangue. 1906. Informes de Joaquín N. Pinto y Guillermo E. Raby sobre las minas de carbón de piedra de Quilachanquín. Santiago de Chile: Imprenta Gutenberg.
Stewart, Watt. 1968. Henry Meiggs: Yankee Pizarro. New York: AMS Press.
Varas, Antonio. 1918. Correspondencia de don Antonio Varas sobre la Guerra del Pacífico. Actas del Ministerio Varas - Santa María. Abril - Agosto 1879. Santiago de Chile: Imprenta Universitaria.
Varas, José Antonio, (ed.). 1871. Recopilación de leyes, órdenes y decretos supremos concernientes al ejército, desde enero de 1866 a diciembre de 1870. Santiago de Chile: Imprenta Nacional.
Vargas, Moisés, ed., y Ministerio de Guerra de la República de Chile. 1979. Boletín de la Guerra del Pacífico 1879-1881. Santiago: Editorial Andrés Bello.
Vicuña Mackenna, Benjamín. 1880. Historia de la Campaña de Tarapacá. Santiago de Chile: Imprenta y Litografía de Pedro Cadot.
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Octubre 30, 2011
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