Nos hemos enterado de que el Popolo della Libertà , partido que preside Silvio Berlusconi, se trae entre manos una súper-ley destinada a cubrir de inmunidad al máximo dirigente italiano y los altos representantes del Estado. Así responde il Cavaliere a la reciente negativa del Tribunal Constitucional de concederle el Laudo Alfano, el privilegio de inviolabilidad jurídica.

Bien, lo que se está poniendo en entredicho es nada más y nada menos que el reconocimiento de la República italiana como un Estado de Derecho. Se sabe que uno de los criterios fundamentales de este tipo de Estado consiste en la legalidad de la Administración, exigencia que se desdobla en dos características: en primer lugar, según la justicia administrativa, todo sujeto debe conducirse de acuerdo con el imperio de la ley; y de segundas, debe imperar un control judicial suficiente que fiscalice la actuación del poder ejecutivo. De hecho, la legalidad de la Administración se dirige al equilibrio entre el poder ejecutivo y el judicial. Así las cosas, un Estado en el que el ejecutivo escape al control de los jueces se convertirá en una organización política sin justicia administrativa, en una organización política distinta a lo que conocemos como Estado de Derecho. Esto explica que la aprobación de la súper-ley impulsada por el Popolo della Libertà ponga en jaque la idea de Italia como un Estado de Derecho.

Más allá de eso, cuesta entender que un personaje de la catadura política y moral de Silvio Berlusconi gobierne un país civilizado como Italia. Aun siendo consciente de que la derecha italiana carece desde hace algunos años de una alternativa política de garantías, le he dado muchas vueltas a la cabeza y sólo puedo explicarme el absurdo diciéndome que si los más de los italianos votan a Berlusconi es porque ven reflejada en este calavera la imagen de su alter ego.