Verdad de perogrullo es que la libertad de expresión -así como la de acción y de asociación- es un derecho fundamental consagrado en la Carta Política de todo Estado que se reconozca como democrático y en la Declaración Internacional de los Derechos Humanos. Pero no muchos advierten el riesgo que infortunadamente corren esos derechos de ser profanados por quienes buscan legitimar en ellos pensamientos y conductas tan retrógradas como abominables. Aunque la protección del disenso y brindar garantías al debate y la deliberación de ideas sean el fin con el que fueron concebidos, se hacen a menudo ostensibles los esfuerzos por amparar en ellos el racismo, la xenofobia, la homofobia, la intolerancia religiosa entre otras actitudes malsanas por parte de grupos como los neonazis y demás movimientos de extrema derecha en Colombia que ahora se enfrentan a la posibilidad de la penalización de cualquier acto de discriminación no solo por razones de raza o etnia, sino también de religión, ideología u orientación sexual, etc. propuesta por el proyecto de ley de autoría del senador Carlos Baena y la representante Gloria Stella Díaz, que acaba de ser aprobada.

Además de alegar que se está restringiendo su derecho a expresarse, los integrantes de estas facciones asumen de la forma más pueril esta iniciativa como una "persecución política", aduciendo que se criminaliza a la extrema derecha más no al comunismo, su ideología antagonista, un argumento a todas luces estéril si se considera que más que a un pensamiento (bastante primitivo y bestial, hay que decirlo) lo que se pretende ilegalizar es un conjunto de prácticas y comportamientos derivados de él que vulneran la integridad de determinados grupos humanos (como las amenazas y agresiones recibidas por los negros y la comunidad LGBT de Bogotá). Por otro lado, resulta muy curioso que quienes reniegan de la democracia y defienden el totalitarismo y la supresión de todas las libertades ahora salgan a protestar supuestos atropellos. Si el nacionalsocialismo y el fascismo en general son tan mal entendidos por el resto de la sociedad y si su ideario político es tan amplísimo y "generoso" como sugieren sus militantes, pregunto ¿Porqué la renuencia a adaptarse a esta nueva circunstancia legal? ¿Porqué esa obstinación en aferrarse al racismo como su principal componente? ¿Será que después de todo el aporte de estos grupos a la sociedad se reduce a meras posturas histriónicas, discursos de odio y una copiosa pero fútil simbología?


Sin embargo también hay que anotar que el racismo, la xenofobia y la homofobia no se circunscriben únicamente a manifestaciones filofascistas. Colombia abunda en conductas discriminatorias en todas las esferas sociales especialmente contra las comunidades negras e indígenas, y cualquier pretensión de negar, o peor, justificar ese estado de cosas es vergonzoso. Por lo tanto la lucha contra este flagelo no solo debe involucrar medidas punitivas sino también pedagógicas, porque quedarse en el castigo siempre será insuficiente para un país que carga con una nefasta herencia sociocultural de la colonia.