Vergonzoso y desolador, esos son los únicos adjetivos que admite el panorama de un país que solo concibe alcanzar el desarrollo por la vía de la sumisión, la entrega en bandeja de plata de todos sus recursos naturales y su patrimonio público a los países del norte y sus transnacionales, aceptando sin mucho rezongo las condiciones que estos impongan en sus Tratados de Libre Comercio. Colombia confirma una vez más con esto que no valora su dignidad y soberanía, que está dispuesta a sacrificarlas con tal de alcanzar el progreso, o por menos la única versión de progreso que conoce.

Indiscutiblemente para el gobierno de Juan Manuel Santos, como lo fue para el de Uribe, la mayor preocupación en el trámite de estos acuerdos comerciales es satisfacer el descomunal ansia de mercados de las élites empresariales colombianas (ANDI, GEA, etc., las verdaderas beneficiarias por este lado), sin ofrecer muchos miramientos al coste social y medioambiental que ocasionará. No parece preocuparles en demasía el futuro de los pequeños productores campesinos que se verán marginados, y por consiguiente empobrecidos, por la masiva importación de productos norteamericanos subsidiados (especialmente de los sectores lácteo y el agrícola), ni tampoco el funesto destino que le augura al ecosistema los TLC. De cualquier forma, el Estado colombiano hasta la fecha ha dado suficientes muestras de su indolencia frente al perpetuo expolio del campo y de la naturaleza.

Tantos recursos y solo para que los extranjeros dispongan de ellos como les plazca. Una condición vergonzosa.