La Comisión de Trabajo del Congreso peruano ha aprobado un dictamen que establece que las empresas de aplicaciones de delivery deben contratar al menos al 20% de sus trabajadores en planilla y otorgarles los beneficios establecidos en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral.

La iniciativa contempla la creación de trabajadores dependientes e independientes. Los dependientes tendrán derecho a gratificaciones, Seguro Social, Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y pago de pensión. Los independientes continuarán trabajando como hasta ahora pero también tendrán derecho a los seguros y pensiones mencionados. El dictamen fue aprobado con nueve votos a favor y nueve en contra, obteniendo el voto dirimente favorable de la presidenta de la Comisión de Trabajo, Sigrid Bazán. Este proyecto de ley no es nuevo, ya que desde mayo de 2022 contaba con un dictamen favorable. Actualmente, pasará al Pleno para su discusión y votación.

El proyecto ha recibido críticas desde diferentes sectores. La Sociedad Nacional de Industrias ha advertido que se generarían sobrecostos de más del 40% de las tarifas de contratación de los servicios, lo que afectaría no solo al cliente final, sino también a restaurantes, hoteles y otros servicios. Además, la Presidencia del Consejo de Ministros, en el año 2021, también se pronunció en contra del proyecto, ya que argumenta que desconoce la naturaleza de la economía digital y el impacto que tendría en los más de 47,000 socios conductores, 13,000 socios repartidores y 866,000 usuarios de aplicaciones de delivery en Perú, afectando el desarrollo de la economía digital del país.

La experiencia española

La aprobación del dictamen de la Comisión de Trabajo que cataloga como trabajadores a los repartidores de aplicaciones de delivery como Rappi o PedidosYa ha generado preocupaciones en distintos sectores. Jaime Dupuy, gerente de Asuntos Legales y Regulatorios de ComexPerú, apuntó que la medida podría ocasionar que algunas plataformas de aplicaciones de delivery suspendan sus operaciones en el país, dejando sin trabajo a un número considerable de personas. Esto ya sucedió en España en 2021, cuando se aprobó la Ley Rider, que establece que los repartidores estén en las planillas de las empresas y no sean trabajadores autónomos. Una de las principales aplicaciones de delivery abandonó el mercado español como resultado.

Dupuy destacó que el dictamen limitaría también la cantidad de plataformas para las que los repartidores podrían trabajar. Además al estar sujetos al régimen laboral regular, los empleadores tendrían que seguir ciertas reglas, como que solo el 20% de su personal puede ser extranjero, lo que afectaría notablemente a los miles de trabajadores inmigrantes que se dedican a esta actividad.

Aumento de precios

El laboralista Jorge Toyama sugirió que la mejor solución sería que los repartidores continúen siendo independientes, pero que reciban seguros sociales por parte de las empresas. Toyama argumentó que la Comisión de Trabajo no ha evaluado adecuadamente los elementos de laboralidad involucrados en la relación entre los repartidores y las empresas de aplicaciones de delivery, especialmente porque los trabajadores reciben ingresos de diferentes compañías. Además, declaró que el dictamen de Bazán generaría una sobreprotección laboral que podría aumentar los costos laborales para las empresas y, eventualmente, aumentaría el precio de los productos para los consumidores finales. En general, el dictamen ha generado inquietudes en diferentes sectores debido a su impacto potencial en el mercado y en las condiciones de trabajo de los repartidores.

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