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Proyecto de contrato minero vuelve a la Asamblea Nacional

El ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, entregó ante el pleno de la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley, que autoriza la suscripción de un Contrato entre el Estado y Minera Panamá S.A. Este contrato contiene las modificaciones identificadas en la Resolución N°2 del 28 de septiembre de 2023, emitida por la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de dicha instancia legislativa. En días pasados, el Consejo de Gabinete aprobó el retiro del proyecto, así como la revisión de su redacción con la empresa minera. Igualmente, se aprobó que el documento fuera presentado nuevamente ante el Órgano Legislativo con las modificaciones que resultaron de las consultas efectuadas a sindicatos, gremios, organizaciones y pobladores de las comunidades adyacentes a la explotación minera. Las adecuaciones realizadas abarcan la eliminación de las cláusulas de expropiación, se aclaró que Minera Panamá sólo puede explorar, extraer, y explotar cobre y sus minerales asociados en el área de concesión en los distritos de Donoso y Omar Torrijos. El contrato deja claro que no pueden extraer minerales fuera del área de concesión. Además, se eliminó del contrato la cláusula que permitía a Minera Panamá solicitar restricciones al espacio aéreo. La cláusula del contrato marco también queda eliminada, aclarándose que los términos de este contrato solo aplican a Minera Panamá. Se elimina el derecho de Minera Panamá de solicitar al Estado clasificar la identidad de beneficiarios finales de acceso restringido. En cambio, se establece que esta información está sujeta a la ley general de Panamá. De igual manera, queda eliminada la cláusula del contrato que contemplaba que el Estado otorgaría una concesión de exploración de oro, plata y molibdeno. Mediante las modificaciones aprobadas, el contrato no autoriza ninguna otra concesión para Minera Panamá. El contrato deja claro que la Oficina Especial de fiscalización es una herramienta más de fiscalización y monitoreo. El Estado mantiene todas sus facultades constitucionales y legales de fiscalización y monitoreo y no hay límites al número de funcionarios que pueden fiscalizar las operaciones. También, se incluyó una cláusula reafirmando que nada en el Contrato restringe ni limita la soberanía de la República de Panamá sobre su territorio.   ¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!



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