Aunque parezca increíble y en oposición a destacados juristas de Panamá, el Primer Tribunal Superior no admitió el amparo de garantías constitucionales ante la no comparecencia de los Testigos protegidos Henri Moisés Mizrachi Kohen y Riccardo Francolini Arosemena, para que fueran contrainterrogados en la audiencia del caso New Business. Contrario a criterios como el exdecano de la Facultad de Derecho, Gilberto Boutin, el Dr. Silvio Guerra, el expresidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, entre otros, las magistradas Guimara Aparicio Ortega, Melina Robinson Oro y Lilianne Ducruet, en la no comparecencia de los testigos, consideraron que la actuación de la juzgadora Baloisa Marquínez, no violó las garantías del orden constitucional. Según el tribunal, para que un acto califique con miras a la admisibilidad de su impugnación en amparo es necesario que este sea capaz de lesionar, afectar, alterar, restringir, amenazar o menoscabar un derecho fundamental, previsto no solamente en la Constitución Política, sino en convenios y tratados internacionales sobre derechos humanos vigentes en la Panamá, asimismo en la ley, y que el contenido lesivo del mismo afecte los derechos y garantías constitucionales de una persona en específico. La defensa del candidato presidencial Ricardo Martinelli alegó que la juzgadora no ejerció su autoridad al no lograr la comparecencia de dos testigos y que era deber de Baloisa Marquínez procurar que se diera la confrontación o interrogatorio con la prueba de cargos, por lo que la jueza cercenó el libre y pleno ejercicio del derecho que tiene la defensa a interrogar a los testigos. Trascendió que estos dos testigos protegidos están conectados a los movimientos irregulares del abogado William Moore, hermano de la fiscal Zuleyka Moore, declarada enemiga del precandidato presidencial por el Partido Realizando Metas (RM), Ricardo Martinelli. Moore logró crear una serie de delaciones y acuerdos gracias a su primera conexión con una de las personas que en principio había sido imputada en el caso New Business, Riccardo Francolini. Es así que Francolini se convierte en el testigo estrella de la Fiscalía y convence a otros imputados a acogerse a acuerdos de colaboración, entregando información falsa, solo con el fin de ser excluidos del llamamiento a juicio y acusar al expresidente Martinelli. Entre las personas que Francolini suma a su estrategia está el empresario Henry Mizrachi, quien jugó un papel principal en la compra de EPASA. A pesar de todas las denuncias presentadas contra la intervención ilegal del abogado Moore y su estructura operativa dentro del Ministerio Público, el Procurador Javier Caravallo ignoró hacer las investigaciones de rigor y ahora la juez Marquínez ha procedido con un juicio que tiene como piedra angular la participación del testigo protegido FECDO-10-2020 que es Francolini. En el pasado, el abogado Luis Eduardo Camacho ha destacado que la compra de los diarios de EPASA se hizo con fondos lícitos, desvirtuando el supuesto caso de blanqueo de capitales que intenta sostener la fiscalía. ¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!