La posible implementación de la Inteligencia artificial  en los actos procesales, contemplada en el proyecto de ley 935 que adopta el Código Procesal Civil de Panamá, es un tema que ha generado debate sobre todo por el tema de la preparación para usar la herramienta. Esta semana, el diputado Juan Diego Vásquez advirtió que si bien se debe aprovechar la tecnología para hacer un mejor trabajo, el artículo (172), como está redactado, abre la puerta para un sinfín de oportunidades para las que el país no está listo. "Por lo que he estado investigando es algo que ni siquiera se ve en otros países. ¿Queremos Inteligencia Artificial para que en esos procesos en los que el juez tiene, con la sana crítica, decidir una cuantía, diga por ejemplo no fallo cinco millones, fallo cuatro? ¿Queremos que esos cálculos los tome la inteligencia artificial?", expuso el diputado. De acuerdo con Vásquez se debe delimitar este elemento para que la inteligencia artificial sea una herramienta del juzgador y no termine administrando justicia por autoridad de la ley. Según el proyecto, los actos procesales también podrán efectuarse mediante el uso de la inteligencia artificial, las aplicaciones y los dispositivos de soporte y de transmisión de datos. El Órgano Judicial determinará el tipo de acto procesal que podrá tramitarse mediante el uso de tales medios tecnológicos, en la medida que garanticen la inmediación del juez, favorezcan la transparencia, compatibilicen con los parámetros éticos y sean de utilidad para los fines de la administración de justicia. El magistrado Olmedo Arrocha aclaró que la inteligencia artificial sería utilizada como una herramienta de apoyo para los servidores judiciales para llevar a cabo los actos procesales, pero no sería un reemplazo al razonamiento humano (del juez) para tomar decisiones. Arrocha recalcó que la sociedad actual está cada vez más  adaptada a estos procesos por lo que no se les puede brindar servicios públicos a ciudadanos digitales,  con instrumentos del siglo XIX. "Por eso una de las apuestas es la oralidad. Una de las cosas que debemos revisar eventualmente es si en el Sistema Penal Acusatorio se nos fue la mano en pollo y hemos convertido la oralidad en verbalización. Todo hay que hablarlo y eso no es oralidad", comentó. El magistrado recordó que para construir el proyecto se tomó en cuenta un documento del Centro de Estudios Judiciales Americano. Esta semana el pleno de la Asamblea aprobó en segundo debate este proyecto, que en palabras de Arrocha busca mejorar el tiempo de los procesos y dar respuesta pronta y oportuna a los usuarios, y no está basado en una serie de reglas a seguir para que un juez pueda deliberar en un conflicto. Los diputados miembros de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales presentaron la propuesta de modificación de  12 artículos de los 809 que contiene el proyecto de ley, que serán sometidos a discusión en los próximos días. El proyecto de ley 935, de aprobarse, tendrá unos dos años para su aplicación, por lo que será necesario brindar capacitación. ¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!