La Jueza segunda liquidadora de Causas Penales de Panamá, Baloisa Marquínez, está en la obligación convencional y procesal de subsanar las actuaciones irregulares que se cometieron en contra de Ricardo Martinelli, dentro del caso New Business, así lo aseguró el abogado Luis Eduardo Camacho González, dentro de una solicitud de reiteración de absolución presentada a favor del candidato presidencial por Realizando Metas (RM). El letrado recordó que el propio Tribunal de la causa estableció, a través del auto 58 del 9 de marzo de 2021, que Martinelli estaba amparado por el Principio de Especialidad desde el 11 de junio de 2018, hasta el 17 de febrero de 2020. Ante esto, el letrado indicó que es necesario que se aplique los efectos de esta pretermisión procesal, y subsane al declarar la nulidad de todas las actuaciones de la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada en su contra para las fechas antes mencionadas. "No se concibe una sentencia en esta causa, sin esa eficacia jurídica reconocida por la Ley, cualquiera que sea el sistema de valoración que utilice la juzgadora, tiene el deber potencializar este principio y absolver al señor Martinelli", dijo. Explicó que esto lo que significa es que nada debe ejercer un grado de persuasión, sobre la juzgadora, sino que la jueza libremente, sin presiones, debe considerar las pruebas y llegar a una conclusión que efectivamente hubo y hay derechos y garantías vulneradas al señor Martinelli. Otro aspecto que destacó Camacho González, es que Martinelli tiene el derecho a que la jueza sea congruente, es sus decisiones, toda vez que, ha quedado plenamente establecido por la propia juzgadora que desde el 11 de junio de 2018, hasta el 17 de febrero del año 2020, el mismo gozaba de especialidad. "No puede, entonces, la jueza ir en contra de sus actos propios y no aplicar el efecto que deviene de su actuación en la resolución del 9 de marzo de 2021, que en este caso es la nulidad absoluta", argumentó. Comentó que Marquínez no puede violentar el principio fundamental de congruencia en sus decisiones, del cual se desprende la teoría del "venire contra factum propium" o teoría de los actos propios que impide al Tribunal actuar en contravención con sus propias actuaciones y decisiones pasadas. "Amparado en este principio, ya la jueza estableció un periodo en el cual el señor Martinelli no podía ser investigado por el Ministerio Público y debe hacer valer en su sentencia las consecuencias a esta vulneración del debido proceso, que no es más que la absolución", expresó. En otro punto, el defensor afirmó que la decisión de la juzgadora tiene que ser conforme a los convenios y tratados ratificados por Panamá, por lo que si Ricardo Martinelli Berrocal es condenado, se violentarían todas las normas de rango convencional suscritas por el país, lo que conllevaría una sanción para el Estado panameño, conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derecho Humanos. Aumentan presiones Las presiones hacia la jueza Marquínez, por parte de los detractores de Martinelli, se intensificaron la semana pasada, cuando falsamente Mi Diario, realizó una publicación donde aseguraban que había un fallo en este proceso e incluso hasta agradecieron a la jueza por la decisión tomada. Esta información fue desmentida por el propio Juzgado Liquidador y por el abogado Alfredo Vallarino Alemán, quien señaló que no existe ningún tipo de fallo dentro del expediente hasta el momento y que solo lo que se había ingresado fue la transcripción de una sola audiencia. ¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!