Uno de los mecanismos utilizados, tanto por las transnacionales mineras como los gobiernos neoliberales, a fin de justificar las explotaciones mineras desconociendo la realidad de su Impacto social y ambiental, es presentar el supuesto efecto sobre el crecimiento de la economía medido por el Producto Interno Bruto (PIB). Este es, a nuestro juicio, el caso de la minería del cobre en nuestro país. En efecto, es conocido que esta empresa que busca establecer un nuevo contrato de concesión con el Estado, se apoya en una conocida Empresa Consultora, para propagandizar el supuesto impacto de su producción en el PIB. De ahí surgió la idea de que dicha producción, tomando en cuenta el efecto multiplicador, habría aportado en el año 2021 el 4.8% del PIB. El problema está en que el PIB no es una buena manera de medir el impacto económico, social y ambiental de la minería. Aún situándonos en la economía tradicional, que trata los minerales como simples recursos no renovables, se tiene que admitir que la explotación y agotamiento del mineral representa una disminución de lo que en este enfoque se conoce como capital natural. Esto significa dos cosas. En primer lugar, que desde el punto de vista de la nación al PIB se le debería descontar esta descapitalización. En segundo lugar, vender el recurso, como en realidad hace el nuevo contrato con la trasnacional, no es generar ingreso o producto, simplemente es descapitalizar al país. Es como si alguien vendiera su casa y pensara que el precio de venta es un nuevo ingreso que simplemente puede consumir sin quedar más pobre. Existe un problema adicional que la empresa consultora contratada por la minera no tomó en cuenta: ni siquiera existe un método adecuado para medir dicha descapitalización. El que, probablemente más se le acerca es el propuesto por El Serafy, el cual implica hacer supuestos irrealistas sobre la duración de las reservas, la tasa de interés futuro, los nuevos descubrimientos y los cambios tecnológicos. Si nos colocamos desde la perspectiva de la Economía Ecológica, de la Economía Política Ecológica o de la Ecológica Política, las carencias del estudio propagandizado por la trasnacional minera se hacen más evidentes. Tal como lo señalan Martínez Alier y Roca Jusmet en su libro Economía Ecológica y Política Ambiental (2006), resulta que las explotaciones como la del cobre no solo producen bienes, también producen males, es decir tienen impactos negativos sobre los seres humanos y la naturaleza en general. En principio estos también deberían restarse del PIB, pese a que la empresa consultora no realizó ningún esfuerzo por precisar este elemento. En este caso el problema está en que tampoco existe un mecanismo adecuado para darle un valor monetario a los daños ambientales. Por ejemplo, los métodos basados en los llamados costos defensivos, es decir de gastos necesarios para protegerse de los efectos del cambio ambiental, son, en el mejor de los casos, insuficiente. Esto es claro, por ejemplo, cuando se trata de perjuicios a la vida humana, así como la desutilidad generada por las enfermedades, los cuales deben ser reconocidos como inconmensurables. No existe ninguna manera de darle un valor crematístico a elementos afectados que no pueden ser devueltos a su estado previo al impacto. No solo se trata de la imposibilidad de recuperar una vida humana perdida, como tampoco resulta posible reconstruir la biodiversidad perdida o el impacto de una explotación minera a cielo abierto sobre el paisaje. Más aún, cómo se mediría el valor crematístico de la pérdida de la soberanía nacional generado por un contrato de concesión como el que se busca imponer. En el discurso del PIB de la transnacional minera es simple propaganda engañosa que debemos rechazar. ¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!