Desde el 2018 la mina de Cobre Panamá, ubicada en la provincia de Colón, a 1,5 horas de Penonomé, provincia de Coclé, se mantiene en un vaivén, luego de que en su momento, se dictó un fallo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional el Contrato Ley 9 del 25 de febrero de 1997 con el Estado, que dio vida a los trabajos de minería en la zona, al considerar que no cumplió con los principios básicos de contratación pública. El fallo surgió tras varios años de operación y luego de la inversión realizada por la compañía minera. El tiempo transcurrió y no fue sino hasta enero de 2022 cuando el Gobierno Nacional anunció un nuevo Contrato Ley entre el Estado y Cobre Panamá (el proyecto de inversión extranjera más grande en el país) que se enfocara en los mejores beneficios para el istmo. Se trató de una negociación complicada, que pudo llegar a un acuerdo en marzo de 2023. Sin embargo, con todo y aprobación por parte del Gabinete, el contrato todavía se mantiene en tensión, porque se prevé que a partir del próximo 1 de julio de este año, el tema se presente en la agenda de la Asamblea Nacional. Todo lo antes mencionado es un escenario que les gustaría a los gremios vinculados con las empresas privadas que se evite a futuro, por eso, apelan a que, tras lo vivido, el Estado revise los vacíos legales que hay en temas mineros, que sea una “revisión integral del marco jurídico que regula la actividad minera”, sugiere, por ejemplo, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede). Su presidente, Temístocles Rosas, dice que primero se debe revisar el código minero para actualizarlo conforme a la industria actual y, por otro lado, hacer un fortalecimiento institucional: la Dirección Nacional de Recursos Minerales  del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) tiene que poseer una estructura institucional mucho más robusta, con más personal técnico y capacidad de fiscalización; lo mismo en el Ministerio de Ambiente. Para el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP) el Código de Minas, “sin lugar a duda, debe actualizarse con urgencia". A juicio del Consejo, el debate sobre el contrato no se debe confundir con las posibilidades de la minería de promover el desarrollo del país, aunque son conscientes de que es necesario que se cumplan todos los mecanismos del control en cuanto a la estricta aplicación de las normas medioambientales. En un comunicado, el Conep le solicitó a la Asamblea que apruebe el contrato, porque "rechazarlo sería transitar por un camino peligroso, que no nos conducirá a nada positivo, ni mejor". La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá tampoco se quedó atrás.  “Se debe cuidar la economía que se ha creado alrededor de este proyecto, el cual ya ha generado miles de empleos directos e indirectos. En este sentido, la firma del nuevo contrato negociado entre las partes nos parece un paso necesario”, detalla en su segmento “La Cámara Opina”. Por eso, dejaron claro que la evolución de las negociaciones del contrato dejó en evidencia que Panamá tiene la urgencia crítica de establecer una nueva, fuerte y adecuada institucionalidad para gestionar un tema con tantas implicaciones sociales, ambientales y económicas. “El país necesita definir una política minera a través de un nuevo Código Minero, que establezca los parámetros especializados para la minería metálica y no metálica de aplicación general, dejando atrás prácticas obsoletas y planteando los mecanismos para llevar adelante una minería responsable, en constante revisión y actualización de cara a la modernización continua de la industria”, expresa el gremio. Para la Cámara Minera de Panamá (Camipa) es pertinente poner de relieve el ejemplo de Cobre Panamá, con el que se ha demostrado que la minería hecha de manera responsable es un motor de desarrollo sostenible para el país y las comunidades. A juicio del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), la Asamblea enfrenta la importante decisión de ratificar el nuevo contrato, por lo que le instó a aprobarlo. Rosas de la Apede, recuerda que la llegada del contrato a la Asamblea Nacional es parte del proceso usual, han sido prácticas constitucionales que se han hecho con otros contratos de concesión que se hacen bajo contrato ley. “Un contrato ley da una fortaleza legal al acuerdo suscrito y definitivamente esto da una mayor seguridad jurídica a las inversiones que se están haciendo”, precisa. Rubén Castillo, presidente del Conep, mencionó que la Asamblea deberá aprobar o no el contrato ley; y al ser consultado sobre las voces que consideran que se le da importancia a la parte económica por encima de la ambiental, Castillo dice que no solo se trata de lo económico, sino también de lo social. “Estamos hablando de personas que viven de la operación de la mina. Y está el debate de la minería sostenible: desde realizar las labores mineras con estándares importantes de seguridad y protección al medio ambiente; a nuestro juicio eso es perfectamente posible”, añade. Todos los gremios antes mencionados coinciden en que es necesario que se apruebe el contrato ley entre la minera y el Estado panameño.