La juez tercera liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez, debe ajustarse al estricto derecho y decretar la nulidad y absolución del caso New Business, ya que nunca existió el delito de blanqueo capitales y por el contrario lo sucedió fue una manipulación total del expediente. Los abogados defensores, durante sus alegatos finales dentro de la audiencia de fondo, manifestaron que la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada falto a la verdad dentro de está investigación y le presentó a la juez solo lo que les convenía. Igualmente, señalaron que la juez no puede darles el valor a los Testigos Protegidos de la Fiscalía dentro de este caso, ya que los mismos nunca los hicieron comparecer al proceso para que se sometieran al contradictorio de los abogados defensores y probar sus señalamientos. Otro aspecto que quedó claro, fue el hecho de cómo se manipuló el expediente, todo con el objetivo de enjuiciar al expresidente Ricardo Martinelli, quien su defensa dejó claro que los dineros que aportó para la compra de Epasa eran de sus cuentas personales, por lo que son 100% lícitos. Luis Eduardo Camacho González, abogado defensor de Martinelli comentó que con el propio expediente se ha podido demostrar las irregularidades en cuanto a las supuestas sociedades que son propietarias de este medio de comunicación. "Ustedes vieron hoy que demostramos que las sociedades que se le atribuyen a Ricardo Martinelli, que supuestamente es la que le pertenece a él, la crearon un año después. La verdad es que cuando tu desgranas el expediente y te sientas a ver detalles por detalle, te das cuenta de la manipulación que existe en el sistema de administración de justicia", argumentó. Añadió que algo que también quedó demostrado, fue el hecho de cómo seis personas dentro de este expediente salieron a través de un mismo abogado, todos relacionadas con William Moore, hermano de la fiscal Zuleyka Moore. En cuanto a las relaciones de estas seis personas que fueron sacadas del expediente por Moore, Camacho González aseguró que "Gaby Betesh es hermano de Mike Betesh, Dany Cohen, amigo de Mike y Gaby Betesh, socios en algunos negocios. Mientras que Henri Mizrachi, es socio de Gaby Betesh, Mike Betesh y Dany Cohen, el quinto es Riccardo Francolini, quien fue quien le aprobó los préstamos a Henry Mizrachi de la Caja de Ahorro. El sexto de los vinculados es Ricardo Chanis, que era el abogado personal de Henri Mizrachi, quien además es enemigo de Ricardo Martinelli, esto por los pleitos que le tiene por el reclamo de sus acciones que nunca les entregó. Explicó el letrado que todas estas personas pagaron 900 mil dólares por salir de este expediente. "Ustedes que le han dado seguimiento a la audiencia, han escuchado que los señores Henry Mizrachi y Riccardo Francolini son mencionados todos los días y donde están, porque no vinieron, no vinieron porque no iban a aguantar un contrainterrogatorio y quedaría en evidencia lo que aquí sucedió", afirmó. De forma puntual, estas personas se pusieron de acuerdo para tirarle la responsabilidad a Ricardo Martinelli, quien todos los fondos que aportó los sacó de su bolsillo. "A Ricardo Martinelli le atribuían tres cuentas y cuando se va al fondo del proceso, nos dimos cuenta de que las tres cuentas eran de Riccardo Francolini. Y donde está Riccardo Francolini, esa es la gran pregunta", puntualizó. Testigos sin valor La abogada Gladys Quintero, defensora de Gonzalo Gómez, representante de la empresa Excavaciones del Istmo S.A., en la audiencia de fondo por el caso New Business manifestó que la ley indica que el testimonio de los testigos protegidos no tendrá valor probatorio sino no son expuestas al contradictorio en el juicio. Algo que claramente no sucedió en este caso, toda vez que la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada no hizo comparecer a los testigos protegidos que sirvieron como prueba principal en este proceso legal. "La ley dice que el testimonio de los testigos protegidos no tendrá valor probatorio, sino son expuestos al contradictorio en el juicio, esto para probar sus aseveraciones", afirmó. "Hay que creerle a quien cobardemente se tapa la cara, como darle valor probatorio a ese testimonio", acotó. Quintero comentó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre los testigos protegidos y la importancia de que puedan ser contrainterrogados, ya que si no vulnera garantías fundamentales de los investigados. Indicó que la juez Baloisa Marquínez le solicitó al fiscal que hiciera los esfuerzos para localizar los dos testigos protegidos en este proceso, sin embargo, el mismo informó que le fue imposible hacerlo. Ante esto, Marquínez señaló que en su momento ella le dará el valor probatorio a esta prueba que no fue presentada en el juicio. Frente a esto, Quintero le pidió a Marquínez que desestimara el testimonio de los dos testigos protegidos de este proceso. Otro punto importante que dejó establecido Quintero, fue el hecho de que ellos como defensa no pudieron acudir a la Fiscalía cuando los testigos protegidos comparecieron, toda vez que fue en pandemia y además de esto el fiscal Emeldo Márquez le había aplicado una reserva al expediente. "El 23 de septiembre de 2020, uno de los testigos protegidos acudió a la Fiscalía a establecer su acuerdo, en ese momento estaba la pandemia y además de esto el fiscal le aplicó una reserva al expediente, por lo que no pudimos contrarrestar su testimonio", aseveró. De forma puntual, la letrada agregó que el fiscal de la causa no presentó la prueba perfeccionada al proceso y que en cuanto a su cliente nunca se estableció el delito precedente. Por su parte, el abogado Rosendo Miranda, representante legal de Valentín Martínez Vásquez, solicitó la nulidad de todo lo actuado, en cuanto a su representado, dentro de esta investigación. Miranda explicó que la nulidad es el remedio procesal que tiene lugar cuando el acto procesal padece de una falta de aptitud para producir los efectos que le son propios, es decir, presenta un vicio o defecto que se lo impide y es causa de su invalidez. Miranda hizo referencia a la Teoría del Fruto del Árbol Envenenado, la cual señala que una prueba es inadmisible cuando la forma que se usó para llegar a ella fue ilegal. De forma puntual, el jurista comentó que la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada ha hecho una calificación errada del dolo en cuanto a su representado. El envío de un cheque de 80 mil dólares y ser el firmante de una cuenta bancaria no es delito, detalló Miranda. "Firmar un contrato, abrir una cuenta bancaria, manejar fondos bancarios, etc, son conductas típicas y no atípicas como se ha querido hacer ver en este caso", afirmó. Miranda también tuvo palabras para los dos testigos protegidos, los cuales no comparecieron al juicio. Le solicitó a la jueza tercera liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez, que no le dé una evaluación positiva al testimonio del testigo protegido, los cuales no comparecieron al juicio. El jurista también cuestionó que si la Fiscalía tuvo temor de hacer comparecer a los dos testigos protegidos. Miranda comentó que la Fiscalía dentro de este proceso también usó testimonios de personas que habían asegurado que se habían reunido con el expresidente Ricardo Martinelli, sin embargo, los mismos nunca vivieron en Panamá. Igualmente, cuestionó al perito realizador, subcomisionado Eliseo Ábrego, el cual sirvió como prueba principal dentro de este caso. "La Fiscalía le presentó, señora juez, lo que a ellos les convenía", puntualizó. ¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!