El pasado de mayo, el Presidente de la República vetó "en su conjunto" la Ley que crea el Consejo de Rectores de las Universidades Oficiales del país, recientemente aprobado por la Asamblea Nacional de Diputados, y que se convirtió en Ley de la República No. 864 (ver nota de Francisco Paz en la edición de este diario del 6 de mayo de 2023). La Asamblea aún podría aprobarlo por insistencia, pero en esta pausa forzada es conveniente razonar sobre los argumentos presentados por el Ejecutivo. Este ejercicio de reflexión es necesario a fin de superar las tímidas propuestas de los cinco rectores y tratar de cimentar sobre bases más firmes el futuro de la educación superior del país, entre cuyos escollos están el tema económico-financiero, pero igualmente severos fallos en el tema de coordinación y gobernanza de un sistema crucial para que Panamá pueda dar un salto de calidad en su futuro. Veamos. En su explicación de veto al conjunto de la Ley, el Presidente Cortizo argumenta tres razones: El MEDUCA es el ente rector de la Educación Nacional y, por lo tanto, no puede aceptarse que un Consejo de Rectores, sea quien establezca los lineamientos y políticas de la educación universitaria sin previa aprobación del MEDUCA; en segundo lugar, el Presidente sostiene que lo aprobado por la Asamblea es inconstitucional por cuanto en materia de elaboración presupuestaria y de los controles previo y posterior, ello es potestativo de la Contraloría y el Ejecutivo, por cuanto la norma en comento daría a entender que el antedicho Consejo sería quien ejerce el control posterior de gastos de investigación, equipamiento, tecnología, laboratorios y edificaciones para tal fin; y, finalmente, que el expedir una ley sobre materia educativa constituye una intromisión de la Asamblea de Diputados en asuntos potestativo del Ejecutivo pues se estaría creando un ente independiente de derecho público con personería jurídica, yendo más allá de aprobar asociaciones como lo es el actual Consejo de Rectores (desde 1997), ente que aglutina a rectores de entes oficiales y particulares. No está ayuno de argumentos el veredicto del Presidente Cortizo y, seguramente, los rectores de las universidades se han de avenir a un proyecto nuevo que nazca desde el seno del Ejecutivo… Y aquí paz, y después, gloria, como decían los abuelos. Eso es lo que electoral y políticamente se hará, pero no será más que ser una aspira para aliviar los dolores de un severo cáncer. Es de evidencia pública, que el MEDUCA apenas, apenitas, se basta para cuidar - y de muy mala manera- la educación pre-universitaria. Con una población con tasa neta de escolarización de 11 años; con índices de reprobación y fracasos elevadísima; con la reprobación extendida de los aspirantes a ingresar en las universidades de ampliar mayorías de los que toman examen con este fin; con la posición postrera y lastimera que ocupamos en los rankings internacionales de pruebas de matemáticas, ciencias y comprensión lectora; es poco menos que imposible que el MEDUCA atienda con mínimo decoro al tercer nivel de Educación. Esta es la realidad. Tendrían que crear un vice-ministerio, y dotarlo de personal idóneo haciendo crecer el ya monstruoso y anquilosado MEDUCA. No van por allí los tiros. Necesitamos de un nuevo Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología que sea capaz de garantizar la coherencia y gobernanza del sistema de educación superior, que lo es de la formación terciaria (profesional y científica), pero igualmente de investigación, la innovación y la transformación socio-productiva que Panamá necesita en el mundo de la Cuarta Revolución Industrial. Precisamos de un ente que comprenda profundamente el mundo que vivimos, con capacidad prospectiva y directriz que permita articular la acción del país con rango ministerial y a la altura de las tareas que la sociedad espera de sus universidades públicas, más allá de las funciones escolares que mayoritariamente estas atienden para una élite de los panameños. Ciertamente un Consejo de Rectores de Universidades Oficiales es necesario para empezar a poner las bases de una Estrategia Prospectiva de Educación Superior, Investigación e Innovación con planes a 10 años, y financiamiento plurianual, que esquive el "juega vivo" politiquero de las asignaciones presupuestarias, divorciadas de las realidades duras del número de estudiantes, docentes, investigación realizada y por realizar, articulación social en comunidades y territorios, y ese largo etcétera que debe considerar la materia de financiación. Sí, necesitamos un plan que nos diga hacia adónde vamos las universidades y coordine nuestro actuar, y pare de una vez por toda la sangría de tener 5 o 7 rectores que ganan lo mismo si bien unos administran 100 mil, 50 mil o 3 mil estudiantes; y ese aparataje de vicerrectorías y decanatos que mal administran los dineros de los contribuyentes, al reproducirse y calcarse ofertas; competición insana por estudiantes, especialmente en postrados; creación de extensiones y centros universitarios alejados por metros unos de otros, y ese largo etcétera donde tampoco es menor que haya cátedras que atienden 5 alumnos y otras que están saturadas de más de 50. No es posible educación de calidad, pertinente y eficaz con estos males. En parte, los motivos de esta situación ha sido la inercia y la disputa de quien sirve mejor al Ejecutivo o, en tiempos recientes, a la Asamblea. El quid pro quo fácil de posiciones docentes por asignaciones presupuestarias, de las que ni el control previo ni posterior nos han salvado. En gran medida por la moral de los propios universitarios que, desde la vuelta a la democracia, cedieron graciosamente la autonomía financiera, y con ella, la potestad de sostener de verdad la libertad de cátedra y la autonomía universitaria. Son el MEF y Contraloría quienes se han convertido en administradores de las casas de estudio del Estado, sin conocimiento ni experticia para ello. En su lugar actúan bajo la égida de un economicismo pueril o una tecnocracia neoliberaloide que asume el cortar gastos como su herramienta principal, y en redistribuirlo de año en año, según la agenda electoral intra-universitaria y política nacional. Necesitamos un Consejo de Rectores de Universidades Oficiales, tal vez a la imagen del ente existente en nuestra vecina Costa Rica y en otros sitios fuera de la región, que ayude a formar carreras inter-universitarias; cátedras inter- universitarias; concursos nacionales de cátedras de Estado y un sinfín de medidas que nos hagan más competitivos y eficientes. Dicho ente podría ser órgano asesor o directivo dentro de la estructura del ministerio que argüimos debe crearse. Necesitamos un ente que permita que en el presupuesto general de universidades oficiales exista la mentada partida de investigación que implique una inversión de suma equivalente al 10%, cuanto menos, de ese presupuesto; con un Concurso Nacional de proyectos de infraestructura y equipamiento de las propias universidades, dictaminadas por jueces externos y expertos. Se necesita que el único órgano que por ley tenemos para "fiscalizar" las universidades y carreras de universidades privadas deje de ser freno y se convierta en motor, contratando el personal permanente que tal función requiere, y lo transforme de inquisidor en evaluador según los cánones contemporáneos en la gestión de la calidad. Precisamos además una fórmula técnica, explícita y clara que asigne recursos a las ahora 5 universidades en función y a las otras dos que aparecen en pañales (la de los Pueblos Indígenas y la Pedadógica). Urgencias hay. Pero no para más de lo mismo. O inventamos o erramos. ¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!