Según el diccionario de la Real Academia Española la palabra corromper puede definirse como "echar a perder, depravar, dañar o pudrir algo". Utilizando esta acepción es posible establecer que las candidaturas independientes, que la legislación considera como candidaturas de libre postulación, han sido objeto de un proceso de corrupción. El problema básico se encuentra en un Sistema Electoral Corrupto, basado en el Código Electoral administrado por la cúpula del Tribunal Electoral, cuya finalidad no es promover una verdadera democracia, sino asegurar que el control del país siga en manos de los sectores económicamente dominantes, así como de la partidocracia que recibe "donaciones" de estos sectores. Los primeros reciben importantes beneficios como son el control de la Junta Directiva del Canal de Panamá, los beneficios de las compras directas y la posibilidad de evadir impunemente al fisco por más de B/. 6,000.0 millones anuales. Los segundos obtienen la posibilidad de financiar un creciente clientelismo, así como de apropiarse privadamente de los fondos públicos. Un par de años antes de las elecciones generales del 2009 un grupo de ciudadanos consideramos que, a fin de abrir una primera brecha en el sistema electoral corrupto, sería conveniente atacar la disposición del Código Electoral que prohibía las candidaturas independientes a la presidencia de la república. Esto permitiría iniciar una crítica concreta contra el sistema electoral corrupto, a la vez que también facilitaría levantar la idea de que se podía hace política desde una visión distinta a la de la partidocracia. También sería útil como tribuna para la presentación de un proyecto de desarrollo alternativo para la refundación nacional. Como era de esperar las dificultades aparecieron de inmediato. En primer lugar, se dio la negativa y oposición rotunda y radical del Tribunal Electoral, que llegó a tal extremo que uno de sus más altos funcionarios calificara de show político la lucha por las candidaturas independientes a la presidencia. Esto nos obligó a llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia donde se logró un fallo favorable a las candidaturas de libre postulación. Este fallo salió pocos días antes de celebrarse las elecciones del 2009, por lo que en la misma no se dieron candidaturas a presidente por la libre postulación. La lucha siguió luego del 2009, dada la necesidad de la aprobación de una legislación que adecuara el Código Electoral a la presencia de candidaturas de libre postulación. Esta finalmente se logró no con poco esfuerzo, incluso con la oposición, ahora vedada, del Tribunal Electoral. Fue entonces que en el 2014 se pudo realizar una candidatura independiente a la presidencia, cuyo norte fue cumplir con los objetivos antes planeados, la misma se hizo sin recursos, con la militancia y mística de muchos compañeros. Es en ese momento que los sectores económicamente dominantes y la partidocracia decide, en lugar de perfeccionar las posibilidades de verdaderas candidaturas independientes, corromperlas. El Tribunal Electoral vetó la posibilidad de que, quienes fuimos candidatos independientes a la presidencia en la elección del 2009, fuéramos miembros con voz y sin voto en la Comisión de Reformas Electorales. El objetivo de la participación en esa comisión era mejorar la viabilidad de la candidaturas efectivamente independientes. Se trataba, por ejemplo, de evitar que miembros de un partido político o que hubiera previamente sido miembro de estos se candidatizaran por la libre postulación. Esto sigue siendo posible, por lo que la libre postulación fue copada por miembros y exmiembros de partidos políticos. También se trataba de asegurar que el sistema electoral fuera financiado, de manera oportuna y modesta, solo por fondos públicos. Hoy el Tribunal Electoral permite que loscandidatos por la libre postulación les paguen privadamente a los activistas que recogen firmas.