El Ministerio Público establece que los empleados de la Dirección de Tecnología de la Procuraduría General de la República: Alfredo Mirambeaux Villalona, Mártires Rosario Reyes y Rubén Darío Morbán Santana aprovecharon el acceso que tenían a la base de datos del Sistema de Casos y Expedientes para eliminar y adulterar registros penales.
De acuerdo al expediente de solicitud de medida de coerción, fiscales, policías, empleados administrativos y de Migración de diferentes localidades del país eran los enlaces entre los interesados en desaparecer su pasado judicial y los borradores de fichas, quienes cobraban entre 8 y 30 mil pesos por el servicio ilícito.
Según el organismo de persecución, para maniobrar la base de datos del Sistema de Casos y Expedientes editaban en la tabla Personas, el registro persona-documento, suprimiéndole dígitos a la cédula o agregándole otros, de tal manera que cuando se consultara el sistema que ofrece el servicio al ciudadano (Backoffice) y el Sistema de Inteligencia Criminal (SIC) con la cédula correcta no aparecieran sus registros penales.
Con esta práctica, el Ministerio Público detectó 8,406 registros de identidad con 12 dígitos y 8,552 con 10 dígitos para un total de 16,958 alteraciones de documento, donde el primer grupo repitió el último dígito.
“Si se modifica el campo 'persona-documento' de la tabla de Personas de la base de datos del Sistema de Casos y Expedientes (Sicemp), no se podrían visualizar los datos de las personas que contengan casos registrados a partir de consultas con sus números de cédula de identidad… afectando en cadena a todos los demás aplicativos que utilizan la base de datos Sicemp como fuente de consulta”, cita el expediente.
"Criminales de alto perfil"
El organismo indica que “criminales” de alto perfil se beneficiaron del servicio ilícito como el acusado de narcotráfico y de amenazar a la procuradora Miriam Germán Brito, Joel Ambioris Pimental García, alias "la J” y José Halminton Ureña, alias “Nino come mezcla”.
Figuran con sus cédulas adulteradas en la base de datos del Ministerio Público: Luis Alfredo Astacio Polanco, Alejandro Vidal, Víctor Manuel Alcántara Ozoria, Juan Carlos Inoa, Víctor Enrique Puello Leonardo, Héctor Joel Casado Bautista, Micky Esmil Vicente de los Santos, Santiago Ángel Florián Novas, Yokaira Mercedes Rodríguez Reyes, Ángel Salvador Álvarez Ventura, Carls Manuel Brito Soriano, entre otros.
Se trata de la eliminación de registros penales de personas procesadas, condenadas provisiones y definitivos por delitos como narcotráfico, violencia de género, secuestro, homicidio, adulteración de alcohol, lavado de activos, entre otros.
Un esquema con ramificación nacional
De acuerdo al Ministerio Público, se trataba de un esquema criminal sostenible en el tiempo con ramificación nacional que funcionaba bajo el esquema de: solicitud de eliminación de antecedentes, consulta, precio, pago en efectivo o transferencia, eliminación de antecedente, consulta de comprobación, expedición de certificado de no antecedentes penales y “franqueo” para salir del país.
Además de los empleados de Informática, están siendo imputados por el Ministerio Público Pilar Yrenes Medina Trinidad de Dotel y Domingo Julio Santana Sánchez.
También Yokaira Elizabeth Carmona, Luis Alfredo Astacio Polanco, la hija y la esposa del imputado Rubén Darío Morbán Santana, Ashley Darleni Morbán Reyes y Laudelina Esther Reyes Silva, respectivamente, Anthony Vicente Ferrer Monegro, miembro de la Policía Nacional; Romanqui Alexander Dotel Medina y Dilcia Argentina Núñez Santos.
La empresa Nexcom Technology también está sindicada en el caso.
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