El 17 de octubre último Página 12 publicó una nota firmada por Irina Hauser y Raúl Kollman que informaba sobre una reunión secreta de jueces, agentes de seguridad e inteligencia y funcionarios del gobierno macrista de Larreta convocada y financiada por los directivos de Clarín en la mansión patagónica del magnate Joe Lewis. La nota se titulaba:

El mismo 17 de octubre, cuando la información de la reunión conspirativa trasciende, se crea un grupo de Chat en Telegram, que funciona intensamente hasta el 20 del mismo mes. A medida que las horas pasan y los integrantes del chat no logran redondear una versión para disfrazar los verdaderos motivos del viaje ni poder justificar quién los convocó, el nerviosismo de ellos crece. En el chat participan Julián Ercolini —uno de los jueces que lideró la ofensiva judicial contra Cristina Kirchner—, Carlos Mahiques —juez de Casación alineado con el macrismo, ex ministro de María Eugenia Vidal—, su hijo Juan Bautista Mahiques —jefe de los fiscales del gobierno porteño de Larreta y operador judicial del macrismo—, Marcelo D’Alessandro —ministro de Justicia y Seguridad de Rodríguez Larreta—, Pablo Cayssials —juez en lo contencioso administrativo, clave en el proceso por el cual el macrismo firzó la destitución de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó—, Pablo Yadarola —juez en lo penal económico, candidato del radicalismo a la Cámara Federal—, el empresario especialista en campañas digitales, Tomás Reinke y el exjefe de Legales de la SIDE de la época de Stiuso, Leo Bergroth. También participan del chat los convocantes, los directivos de Clarín Jorge Rendo y Pablo Casey quienes deben simular que ellos no fueron los convocantes ni pagaron el viaje.

Durante los tres días del chat, los implicados se muestran muy pendientes del rebote mediático de la nota de Hauser y Kollman, preocupados por hacer pasar desapercibida la reunión que había trascendido en la nota de Página 12 y sobre todo que fueron convocados por Clarín. También se muestran enervados porque esa información se haya filtrado. Por esta razón el grupo de chat se denomina "Operación de Página 12". Hablan de cómo truchar facturas que oculten que la reunión fue convocada y financiada por Clarín (algo que puede ser tipificado como el delito de dádiva), tanto como de presionar o negociar con periodistas y dueños de medios la versión que ellos quieren construir de la noticia y proyectan severas represalias contra los que hubieran colaborado en la que la reunión se conociera, poniéndose como víctimas de un espionaje a sus vidas privadas. 

Lo inquietante es que el rango de jueces, agentes de seguridad y funcionarios públicos que intercambian estas ideas indica que no se limitan a fantasear represalias sino que podrían llevarlas a cabo. La preocupación por acotar la difusión de la reunión y construir un relato verosímil, apoyado por pruebas que planean truchar, indica que el motivo de la misma resulta inconfesable. Las propuestas de falsificación de documentos por parte de funcionarios del poder judicial indican la ilegalidad con que estos funcionarios acostumbran a moverse para lograr su impunidad. En el chat se permiten ser soeces, insultantes, jactanciosos de su poder, amenazantes y cínicos. 

También resulta de suma gravedad que uno de los personajes invocados para tratar de ocultar la información es Juan Leunda, jefe de asesores del presidente Alberto Fernández, que a partir de la difusión de este chat queda como un operador del Grupo Clarín cercano al presidente de la Nación. ¿Le pedirá Fernández la denuncia o lo dejará en su cargo? 

El chat consta de pasajes escritos y de audios donde se escuchan las voces de los involucrados. Constituye una fotografía nítida del mecanismo del lawfare en el que los directivos de un poderosísimo grupo de medios ordenan el desempeño de jueces, agentes de inteligencia y funcionarios públicos con el fin de perseguir a sus adversarios políticos.

Lo pueden seguir completo en este link https://patagonianfacts.com/group1/messages.html, que incluye textos y audios.