CHICAGO — El gobierno carece de un programa centralizado para tratar de retener los cientos de Millones de dólares que paga cada año para cosas como los casos de Mala Conducta de la Policía y las reclamaciones de compensación de trabajadores, informó el inspector de la Ciudad en un informe publicado hoy.

Joseph Ferguson, inspector general de la Ciudad, estimó que Chicago pagó $457.8 millones en reclamaciones en 2013 y 2014, entre las que se incluye $203.1 millones para compensaciones de trabajadores, $146.3 millones por Mala Conducta Policial y otras reclamaciones relacionadas con la seguridad pública, $54.9 millones para resolver una disputa con la empresa que gestiona los parquímetros y $53.5 millones en otros acuerdos variados para cosas como daños a la propiedad y accidentes vehiculares.

En una carta que presenta las deficiencias al jefe de gabinete del alcalde Rahm Emanuel, Eileen Mitchell, Ferguson pidió cambios y dijo que “una exitosa gestión de Riesgos depende del apoyo y la dirección desde arriba”.

Mitchell y otros funcionarios de la Administración de Emanuel respondieron al reporte de Ferguson mediante el rechazar de su solicitud de la creación del nuevo puesto en la Ciudad de un director de riesgos pero se comprometieron a crear un grupo de trabajo con representantes de distintos departamentos para examinar la manera de abordar la situación.

La mala conducta de la Policía será excluida de las responsabilidades del grupo, según se indica en la carta de la Administración, debido a la investigación federal en curso del Departamento de Policía y los intentos de la Ciudad de implementar las recomendaciones de la Comisión Especial de Rendición de Cuentas de la Policía (Police Accountability Task Force) de Emanuel.

“Para evitar presuponer los resultados de la revisión del Departamento de Justicia o duplicar esos esfuerzos, la mala conducta policial quedará fuera del grupo de trabajo”, se menciona en la carta.

Emanuel está, obviamente, en un lugar complicado cuando se trata de casos de mala conducta policial. El Departamento de Justicia ya está en medio de una investigación sobre la política de uso de fuerza del Departamento de Policía de Chicago a la luz de la balacera de Laquan McDonald y otros incidentes controversiales.

El alcalde intenta posicionarse como un participante dispuesto a los cambios en el Departamento y no quiere ser visto como alguien que bloquea o hace pagos de indemnizaciones demasiado bajos a las personas que fueron maltratadas por la Policía.

Molly Poppe, portavoz del Departamento de Finanzas, publicó una declaración hoy en la que destacó que la Ciudad ya intenta gestionar riesgos pero añadió que la Administración toma el reporte de Ferguson muy seriamente.

“Mientras hay esfuerzos actualmente en muchos departamentos de la Ciudad para gestionar riesgos, la Ciudad está de acuerdo con la Oficina del Inspector General sobre que podría haber beneficios al asegurar que las funciones de gestión de riesgos están coordinadas a través de todos los departamentos e informadas más detalladamente”, dijo Poppe en un email.

“De cara al futuro, un grupo de trabajo integrado por los líderes departamentales nos permitirá identificar áreas para mejorar la coordinación de los procedimientos de gestión de riesgos en toda la ciudad, lo que complementa aún más el trabajo actual en departamentos como el de formación de los empleados y las iniciativas de seguridad, la evaluación proactiva de reclamaciones, la planificación de infraestructuras y gestión de seguros”.

El reporte de Ferguson llega más de cuatro meses después que los concejales votaron para que Ferguson tenga una vigilancia más débil sobre ellos de lo que él goza sobre casi la mitad de los empleados de la Ciudad. Entre los fondos del Concejo Municipal declarados fuera de los límites de Ferguson se encuentra la compensación de los trabajadores, la cual desembolsa aproximadamente $100 millones al año. Ese fondo está controlado por el poderoso Comité de Finanzas presidido por Edward Burke, concejal en el suroeste de Chicago.

El inspector general, quien tuvo una relación de trabajo más cercana con Emanuel en los últimos años, exigió a la Ciudad que ponga en práctica las normas para identificar y evaluar los riesgos mediante el seguimiento de la frecuencia y los costos de los diferentes tipos de reclamaciones. Los trabajadores de la ciudad entonces serían entrenados para tratar de evitar esos problemas.

El informe de Ferguson menciona que en el estado de Arizona los costos por reclamaciones de accidentes vehiculares se redujo en aproximadamente el 47% luego de introducir un entrenamiento para evitar colisiones.

Además, menciona que el ahorro estimado en la Ciudad de Nueva York de $27 millones en 2014 relacionado con reclamaciones por lesiones personales o daños a la propiedad al examinar los pagos anteriores para ayudar a identificar y resolver rápidamente las nuevas solicitudes probablemente tiene mérito.