LITTLE ROCK, Arkansas, EE.UU. (AP) — Una Jueza asestó el sábado otro revés a los planes del gobierno del estado de Arkansas de ejecutar a ocho presos en 11 días, afirmando que los condenados tienen derecho a oponerse al uso de sustancias tóxicas que les causarían un “sufrimiento grave”.

Sin embargo, el estado espera poder iniciar con las Ejecuciones el lunes. El fiscal general estatal anunció que apelará la decisión de la jueza Kristine Baker.

Las existencias de uno de los tóxicos usados para la ejecución por inyección letal, midazolam, expiran el 30 de abril y el gobernador Asa Hutchinson ha dicho que desea usarlas antes de que caduquen.

Las empresas farmacéuticas se oponen a que sus productos sean usados en ejecuciones y el Departamento Penitenciario de Arkansas ha dicho en documentos judiciales que no tiene otra manera de obtener más midazolam. En un caso separado el viernes, un juez le prohibió al estado usar una droga paralizante, vecuronium bromide, elaborada por una empresa que denuncia que Arkansas la obtuvo con engaños.

Otro juez y la Corte Suprema del estado ya habían suspendido las ejecuciones de dos de los ocho condenados, con lo que el número de ejecuciones planeadas en 11 días bajó de ocho a seis. Solo Texas ha ejecutado a presos en un lapso tan breve desde que la Corte Suprema reinstauró la pena de muerte en 1976.

En su fallo, la jueza Baker dijo que hay una posibilidad significativa de que los presos puedan oponerse a la mezcla mortífera. Manifestó que si bien el estado ha demostrado que no planea torturar a los presos, éstos tienen el derecho de resistirse al método de ejecución alegando que “crea un riesgo de sufrimiento grave”. Además, destacó que la cárcel no tiene antídotos a mano en caso de que surgiera cualquier contratiempo en las ejecuciones.

“El método usado por estos funcionarios, así como su falta de experiencia en ejecuciones, es causa de inquietud”, escribió la jueza.

La fiscalía de Arkansas denunció que esa decisión está distanciada de lo decidido anteriormente por la Corte de Apelaciones del Octavo Distrito y la Corte Suprema de Estados Unidos.

“Es lamentable que una jueza federal de distrito haya decidido tomar partido a favor de los presos declarados culpables en uno de sus muchos intentos de postergar la aplicación de la justicia”, dijo Judd Deere, portavoz de la fiscalía. La fiscalía “apelará inmediatamente al Octavo Distrito y pedirá que sea derogada la restricción aplicada por el tribunal distrital”.

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