SAN DIEGO (AP) — Una jueza federal aprobó el jueves de manera tentativa un acuerdo para que el gobierno de Estados Unidos pague un millón de dólares a los hijos de un ciudadano mexicano que murió después de que fue detenido por autoridades de inmigración y recibió varias descargas con una pistola inmovilizadora.

El acuerdo considerado por la magistrada federal Louisa Porter tiene el propósito de dar fin a un caso de casi siete años que originó quejas generalizadas de que las autoridades de inmigración de Estados Unidos toleraban a los agentes que utilizaban fuerza excesiva. Los fiscales se negaron presentar cargos penales.

El dinero será repartido entre los cinco hijos de Anastasio Hernández si el acuerdo recibe la aprobación final, y aproximadamente una cuarta parte será para el pago de abogados y otros costos.

“La vida de mi esposo no tiene precio”, dijo María Puga, la pareja de Hernández y madre de sus cinco hijos, en una conferencia de prensa realizada después de la audiencia. “La decisión que tuve que tomar fue difícil. Debemos dar vuelta a la página”.

Estaban pendientes los interrogatorios preliminares ante una corte de apelaciones y aún no se programaba una fecha para el juicio.

Los tres hijos mayores de Puga son adultos, y también tiene gemelos de 10 años de edad.

Antes de otorgar la aprobación final, Porter pidió a los abogados de la familia que presenten un documento en el que se explique por qué el pago a los dos hijos de 10 años no debe ser sujeto a los procesos de validación de la corte. Hernández no dejó un testamento.

El desarmado ciudadano mexicano de 42 años murió en mayo de 2010 después de una confrontación con las autoridades en cruce fronterizo de San Ysidro, del condado San Diego, que colinda con Tijuana, México. Las autoridades han dicho que se portaba de modo hostil mientras era regresado a México.

La muerte ocasionó un intenso escrutinio en 2012 después de que un video testimonial que fue transmitido en PBS parecía mostrar que Hernández recibía disparos mientras estaba sobre el piso rodeado de aproximadamente dos decenas de agentes.

Dieciséis miembros del Congreso escribieron a la entonces secretaria de Seguridad Nacional Janet Napolitano para decir que la muerte de Hernández “puede ser emblemática de problemas estructurales más amplios”.

En 2015, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que aceptaba la argumentación de las autoridades de que la fuerza que utilizaron fue razonable y necesaria para someter a Hernández cuando fue “desobediente y físicamente agresivo”. El gobierno mexicano condenó enérgicamente la decisión.

Hernández se mudó a San Diego desde el estado de San Luis Potosí, en la parte central de México, cuando era adolescente, y encontró empleo en la construcción.

Hernández fue arrestado por la Patrulla Fronteriza con su hermano en las montañas al este de San Diego, presuntamente después de que entraron de manera ilegal al país. Después fue llevado a San Ysidro.

Una autopsia encontró que murió por un ataque al corazón, y se mencionó como factores contribuyentes a su muerte una afección cardiaca y consumo de metanfetaminas. La autopsia señaló que Hernández quedó inconsciente poco después de que le dispararon con la pistola paralizante, al parecer tres o cuatro veces.