Este lunes inicia el alegato del fiscal el juicio conocido como “Vialidad”, armado por el macrismo y que puede terminar siendo clave para proscribir a Cristina Fernández de Kirchner. La vicepresidenta considera que “la condena ya está escrita y firmada” por el partido judicial a pesar de que a ella ni siquiera se la nombró en las audiencias.

El Juicio oral y público contra CFK por el caso de la obra pública en Santa Cruz avanza hacia su etapa final. Este lunes, el fiscal federal Diego Luciani comenzó con la ronda de alegatos, que requiere de la presencia física o virtual de los trece acusados, incluída la expresidenta.

La titular del Senado es juzgada desde mayo de 2019 por presunta “corrupción” en la obra pública de la provincia de Santa Cruz. Se estima que el Tribunal Oral Federal número 2 llegará a un veredicto a finales de año. La vicepresidenta publicó en julio un crítico video demostrando que el juicio en su contra se basa en una “causa fraguada” y que el tribunal “ya tiene la condena escrita y firmada”.

A la vicepresidenta no se la nombró nunca en los tres años que lleva el juicio, por lo cual habrá que ver cómo se la arreglan los fiscales Luciani y Sergio Mola para achacarle los delitos de ser supuestamente “jefa” de una asociación ilícita y fraude al estado. En los tres años tampoco hubo una pericia o testigo que dijera cuál o cuánto fue el perjuicio para el Estado y, por el contrario, está claro que en el único chequeo que se hizo de las obras, ordenado por el propio macrismo, se constató que las rutas estaban bien construidas y que no se pagó nada que no tuviera su certificado de obra.

El centro de la causa que llaman Vialidad es que Lázaro Báez ganó las licitaciones de 51 de las 81 rutas que se construyeron en Santa Cruz. Por lo tanto, la acusación es que el constructor fue favorecido principalmente por CFK y el ministro Julio De Vido, al que tampoco nombraron nunca en las audiencias.

Por el juicio pasaron algunos de los empresarios de la Cámara de la Construcción, adversarios de Báez que declararon que las licitaciones fueron normales y que el santacruceño tenía ventaja porque contaba con el personal y la maquinaria allí en la misma provincia. El mismo fenómeno de concentración de obras se dio en buena parte de las provincias.

Este es el único expediente contra la expresidenta que llegó al juicio oral y público. En el resto de las causas en su contra que habían llegado a esta instancia -Dólar Futuro, Memorándum con Irán, Hotesur-Los Sauces- fue sobreseída. Casación debe revisar los sobreseimientos de las dos últimas causas y la Corte Suprema tiene desde hace más de un año el expediente de Dólar Futuro para determinar si confirma el sobreseimiento de febrero de 2021 o lo revoca y ordena realizar el juicio oral y público.

A partir de este lunes a las 8:30 horas y durante unas nueve audiencias, Luciani expondrá sus argumentos, pruebas, análisis de documentos y testimonios de la acusación y solicitará penas para algunos o todos los acusados.

El tribunal, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, fijó tres audiencias semanales (lunes, martes y viernes) para esta nueva etapa del juicio. El fiscal extenderá la exposición de sus argumentos y su pedido de penas para todos o algunos de los acusados durante tres semanas. Luego será el turno de las defensas y el primero en la lista sería el abogado del empresario Lázaro Báez, Juan Villanueva.

Los abogados defensores tendrán un máximo de tres audiencias cada uno para exponer sus argumentos de absolución. Hasta el momento, los jueces escucharon un solo alegato, el de la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo del poder Ejecutivo que actúa como querellante en el juicio.

La UIF pidió la absolución de todos los acusados. “Esta querella entiende que no existe la posibilidad de sobreprecios y sería irresponsable avanzar en una acusación”, afirmó el abogado Leandro Ventura durante su alegato, antes del inicio de la feria judicial de invierno.

La querella de este juicio estaba también integrada por la Oficina Anticorrupción (OA), otro organismo que depende del Ejecutivo y que renunció a ser parte acusadora.

Todo indica que el juicio de las rutas de Santa Cruz no terminará este año. Los fiscales se tomarán tres semanas, pero luego vendrán las catorce defensas, lo que llevará un largo período de tiempo. El expediente es clave para todo el proceso de persecución a CFK porque una parte importante de las causas se fueron cayendo “por inexistencia de delito”.

La alianza entre el partido judicial, las corporaciones mediáticas y la oposición política apuesta a una condena y los tribunales de Comodoro Py apuntarán en tal sentido. También con la complicidad de una Corte Suprema cada vez más agresiva y que avasalla los demás poderes del Estado.

El ex juez supremo Raúl Eugenio Zaffaroni ya ha dado a entender que esta es la causa que usarán para intentar proscribir a la vicepresidenta. Ya usaron la justicia para proscribir a Lula en Brasil y a Rafael Correa en Ecuador, por lo que no faltan quienes sostienen que ese es el modelo que aplicarán en la Argentina.

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