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Atentados en Bahía Blanca: 3 claves para entender las principales líneas de investigación

La semana pasada, el Juzgado Federal Nº 2 de Bahía Blanca emitió un fallo sobre la causa que investiga varios de los atentados terroristas cometidos en nuestra ciudad, donde se dictaron procesamientos a algunos de los imputados y se analizó la caracterización de la asociación ilícita que llevó a cabo los ataques.

En el fallo de más de 200 páginas se analizó la denuncia iniciada por el Director de Región Sanitaria I, Maximiliano Núñez Fariña, quien sufriera uno de los últimos atentados en enero de este año. Allí también se investiga la confección de certificados apócrifos de vacunación anti COVID y del “pase sanitario” que rigió este verano.

La principal medida de la resolución la jueza federal María Gabriela Marrón se dio contra Analía Gladys Cónsoli, Cristian César Ondícola y Cristian Brian Coronel, a quienes se calificó, con distintos grados de intervención o delitos, como instigadores de al menos 3 de los ataques registrados en los últimos meses.

Otros imputados, como Roberto Eduardo Marino, Pablo Mauricio Tadín y la abogada Romina Guamscha Burgos, recibieron la falta de mérito pero seguirán siendo investigados.  En el caso de Marino se espera aún el peritaje sobre tu teléfono celular, el cual podría arrojar más evidencias sobre los hechos investigados.

Marino fue el protagonista de un video en el Hospital Penna en el que convoca a sumarse a FLAR con una prédica negacionista en la que se refiere al nosocomio como un “campos de concentración y de exterminio” al tiempo que prometen ser “la garantía de la libertad en la Argentina”. Por estos motivos continúa siendo investigado.

Contra la paz social

El primer elemento contra Cónsoli es un audio en la que llama a “escrachar” el domicilio de la víctima. El fallo señala que también se analizaron las publicaciones del perfil de Facebook de Cónsoli, en la que manifiesta un fuerte rechazo al  gobierno Frente de Todos, como asimismo, “muestra simpatía con el último gobierno militar y su posición antivacunas contra las desarrolladas para combatir la enfermedad Covid–19“.

En el perfil de Instagram de Cónsoli, se visualizaron publicaciones donde cita al militar carapintada Coronel Mohamed Alí Seineldín, quien es el que aparece en los panfletos amenazantes aparecidos en mediaciones de los atentados, al lado de la sigla “CRN” (Comando de Restauración Nacional).

El fallo de Marrón analizó el accionar criminal de los grupos de extrema derecha que realizaron los ataques, entre los que destaca a “Comando de Restauración Nacional (CRN)”, “Frente Liberación Argentino” (FLAR) -aquí se encuentra un error en el fallo, porque el nombre correcto es “Fortaleza Libertadora Argentina“-, “Argentina Despierta” y “Bahía Despierta”, y de los grupos de WhatsApp, llamados “Bahía Despierta 2”, “Bahía Libre”, entre otros.

“Entre los objetivos de estos grupos se encontraban el imponer la ideología de los denominados “Antivacunas” (…); del régimen militar e ideologías concordantes con las de Jorge Rafael Videla y Mohamed Alí Seineldin; del nazismo; de las personas que rechazan el aborto, denominadas “pro vida”, señala el escrito.

La resolución destaca que los ataques se realizaron en el tiempo donde regían con más firmeza las medidas de protección sanitaria para evitar contagios de COVID-19 durante los peores momentos de la pandemia. Y que, en ese contexto, las acciones juzgadas buscaban “lesionar directamente la paz pública“. Marrón también indica que los atentados buscaban:

Atacar las expresiones de los profesionales y personas vinculadas al círculo de salud y/o médico de la ciudad; repudiar a los integrantes o simpatizantes del partido político “Frente de Todos”; a las organizaciones de izquierda; y los actos, expresiones o derechos de las personas pertenecientes a minorías como los pueblos originarios, p. ej. La Comunidad Mapuche; y rechazar la postura en favor de la interrupción del embarazo o aborto; entre otros”.

Los delitos investigados por el Juzgado Federal se califican como “contra el orden público”, y se tipifican como Instigación a cometer delitos; Asociación ilícita; Intimidación pública; Apología del crimen y Otros atentados contra el orden público.

La antipolítica del “CRN”

El Juzgado también hizo especial hincapié en la caracterización de la asociación ilícita que se autoadjudicó los ataques, Comando de Restauración Nacional “Mohamed Alí Seineldin” (CRN). Marrón señaló que el perfil común entre los procesados es su definición como “apolíticos” (sin política).

En los panfletos que esta organización dejó en los lugares de los atentados hay diversas expresiones contra “los ineptos de la política” en general. “La falta de participación políticamente orgánica de los investigados los asocia aún más al manifiesto expedido por el “CRN” en los panfletos“, señala el fallo.

En este sentido se expresó Marino -uno de los imputados que recibió la falta de mérito- que en su declaración indagatoria dijo que “yo soy totalmente apolítico y apartidario“.

El atentado de “Izquierda Unida”

El fallo analiza el ataque intimidatorio al local del Frente de Todos de calle Lavalle, de noviembre del 2021. El hecho fue vinculado a Brian Coronel a raíz de un audio en el que manifestaba oponerse a darle una nota al periodista local Germán Sasso:

Ni loco le doy una nota a este medio terrorista de desinformación. Me he intentado comunicar con Maxi Alica, inclusive, porque nosotros somos un grupo apartidario y pacífico que tratamos de mostrar otra campana de esto que nosotros denominamos falsa pandemia, y nunca nos escuchó como muchos medios de desinformación de Bahía lamentablemente. Ni loco me prestaría a darle una nota a estos terroristas”.

Marrón señaló:

No resulta casual la coincidencia en la elección de los insultos proferidos en el mensaje, con los que se utilizaron en los panfletos hallados en las inmediaciones del local partidario (de Lavalle al 300), en tanto tienen una gran particularidad, no siendo términos usuales para calificar la labor de un periodista”

Lo curioso del caso, es que a diferencia del resto de los ataques, este acto fue supuestamente adjudicado por una alianza de izquierda actualmente inexistente: Izquierda Unida (IU). IU fue el nombre de dos alianzas de fuerzas de izquierdas, la primera de finales de los años 80 y la segunda data de principios del 2000. La jueza federal indicó que:

Intentaron encubrir su identidad a partir de la agrupación política “La Izquierda Unida”, actualmente inexistente. A su vez, también explica que si bien el “CRN” no se lo adjudicó expresamente, teniendo en principio otros objetivos, su modus operandi resulta coincidente con el resto de los atentados, como ya se dijo ut supra en la resolución que unificó las causas conexas. Puede abarcarse en los fines más amplios manifestados por dicha agrupación antidemocrática. Por lo tanto, no queda más que concluir en la intervención de CORONEL en los hechos de referencia“.

Asociaciones ilícitas destinadas a combatir ideologías

Una parte central del fallo es que caracteriza a las organizaciones investigadas como Asociaciones ilícitas destinadas a combatir ideologías. El escrito señala que “el ejercicio de la práctica democrática demanda esencialmente que los individuos de una sociedad tengan la posibilidad de discutir abiertamente sus ideas“.

Si existe una agrupación de personas que tienen como objeto social imponer de manera antidemocrática sus pensamientos e ideología en desmedro de la ajena, y si para cumplir con ese propósito recurren a la violencia o el temor, entonces dicha conducta asociativa generará una alarma social y temor frente al libre ejercicio del derecho de expresión. Por lo general, estas agrupaciones o asociaciones recurren a la violencia verbal o a la exacerbación de prejuicios basados en cuestiones ideológicas, raciales o religiosas. El problema radica en el modo violento seleccionado para la imposición de ideas“, describe el fallo.

“Los medios empleados por dichas asociaciones para imponer una ideología o combatir las ajenas mediante el recurso de la violencia (uso de la fuerza sobre las personas o las cosas) o el temor (amenaza, intimidación o coacción) público justifican su represión“, concluye.

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