Denunciaron penalmente al procurador bonaerense Julio Conte Grand de dar cobertura judicial a actos de corrupción por US$ 95 millones y de persecución. El caso quedó radicado en el juzgado federal de Alejo Ramos Padilla y también involucra al exinterventor del Astillero Río Santiago, Daniel Capdevilla, a fiscales provinciales y hasta a ex espías de la AFI.
La presentación la realizó el pasado miércoles la diputada bonaerense del Frente de Todos, Susana González, quien aseguró que durante el macrismo existió en la provincia “un plan de disciplinamiento y manipulación del sistema judicial con objetivos concretos y claros: impunidad y persecución”.
De acuerdo a González, durante la gestión de Cambiemos se conformó:
“Un plan de acción, coordinado, entre un grupo de funcionarios del Poder Ejecutivo (nacional y provincial) que tenía por objetivo la impunidad de funcionarios de Cambiemos, la persecución de opositores políticos, y el disciplinamiento de fiscales (otorgando impunidad o proveyendo a su suspensión)”.
González centró su denuncia en Julio Conte Grand, quien fuera designado jefe de los fiscales bonaerenses en 2016. En la denuncia se describe cómo el actual procurador reestructuró el Ministerio Público provincial para centralizar bajo su dependencia directa todas las actuaciones disciplinarias seguidas a los fiscales bonaerenses. Así, premió a quienes le respondían en la persecución judicial de opositores y presionó a los díscolos.
“El disciplinamiento direccionado a proteger a funcionarios afines y perseguir a Agentes Fiscales independientes, se utilizó además para asegurar la impunidad de distintos hechos de corrupción”, remarcó la legisladora provincial.
Un pasaje central del escrito hace foco en:
“(un) hecho de corrupción que se descubre en la causa armada a los dirigentes de ATE-Ensenada, en la que habrían intervenido agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, y de la cual podrían haberse enriquecido tanto los funcionarios nacionales como provinciales e interventores y directores del Astillero” Río Santiago.
González destacó cómo el fiscal a cargo de esa pesquisa, que respondía a Conte Grand, decidió ir por los sindicalistas de ATE y no investigar un acto de corrupción enorme que comprometía a Cambiemos.
La referencia es a “un hecho de corrupción probado mediante pericia de la Prefectura Naval, que incluía a los interventores del Astillero Rio Santiago y a los Agentes de la AFI, que se hicieron con aproximadamente 95 millones de dólares”.
La denuncia describe:
“(actos de) Corrupción, los que podrían estar tipificados como malversación de fondos, fraude en perjuicio de la administración pública, exacciones ilegales, negociaciones incompatibles con la función pública, peculado, soborno trasnacional, tráfico de influencias y asociación ilícita de todos los integrantes que a continuación se enuncian”, señaló la denunciante.
¿Quiénes son los denunciados?
- Julio Conte Grand, procurador general bonaerense.
- Daniel Capdevila, expresidente del Ente Administrador del Astillero Rio Santiago y exfuncionario de María Eugenia Vidal.
- Ricardo René López, excoordinador de Seguridad y jefe de Recursos Humanos del Astillero Río Santiago y exespía de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
- Diversos integrantes del Ministerio Público bonaerense como: Francisco Pont Vergés, secretario de Política Criminal; Juan Cruz Condomi Alcorta, fiscal del Departamento Judicial de La Plata; Miguel de Lezica, Secretario de Control Disciplinario y Enjuiciamiento de la Procuración provincial; y Max Perkins, quien fuera subsecretario de la Secretaria de la misma dependencia.
González explicó en declaraciones radiales:
“Esta denuncia revela un entramado no solo de espionaje o de direccionamiento para el armado de causas sino que la base más importante de esta investigación es un acto de corrupción de malversación de fondos públicos de quienes dicen ser transparentes”, dijo en referencia a los dirigentes del PRO.
La diputada agregó que los funcionarios de Cambiemos:
“Gozaron de la impunidad que les brindó el Poder Judicial, que cuando hay una denuncia que los involucra a ellos termina en fiscales y jueces suspendidos y cuando arman causas para investigarnos a nosotros ponen a sus propios fiscales y jueces para perseguirnos”.
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