BRECHANDO
19-01-2022
Antonio Quevedo Susunaga
En México hay dos instituciones que se encuentran en deuda con los Mexicanos, el Poder Judicial y la Fiscalía General de la República, que están atravesados para impedir que la Cuarta Transformación del Proyecto de Andrés Manuel López Obrador avance.
La Fiscalía que encabeza el abogado Alejandro Gertz Manero, no ha funcionado como los mexicanos esperaban, los casos denunciados por Emilio Lozoya, ahí están archivados en espera de una investigación seria.
En el caso de los cómplices de los ex presidentes de México, son asuntos que ni siquiera se tocan.
Las investigaciones del caso Ayotzinapa, es una investigación lenta y los responsables siguen escondido en Israel.
Las denuncias contra el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, están archivadas, tal vez, por su cercanía con el expresidente Felipe Calderón Hinojosa.
Las denuncias contra el ex presidente Enrique Peña Nieto, este es un tema intocable.
A la Fiscalía, los mexicanos la siguen viendo muy distante, como siempre vieron a la PGR, y el ejemplo intocable es a Genaro García Luna, cuyas investigaciones no están consideradas en México.
El otro poder en deuda con los mexicanos es el Poder Judicial, es una instancia que está al servicio de los ricos, de los poderosos y los que tienen dinero para comprar la Justicia.
Las autoridades judiciales tienen a muchos mexicanos inocentes en las cárceles porque no los han sentenciado, a muchos inocentes como parte de los montajes realizados por las policías corruptas que dirigió García Luna.
Es indiscutible que los pobres no pueden esperar a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación puedan hacer justicia, los jueces y magistrados con su arrogancia no voltean a ver a esta clase que clama justicia, sólo porque no tiene dinero.
Está muy claro, que los narcos son sus jefes, lo vemos con la detención de Ovidio, en donde de inmediato se aprobaron los amparos para evitar la extradición, como las acciones en contra de su detención, acusando al ejército y otras autoridades de actuar en la ilegalidad.
Los magistrados y jueces son los privilegiados con sus sueldos, con sus prestaciones y con esa clase social económica que exhiben, haciendo sentir su superioridad.
Es indiscutible que los legisladores federales deberán hacer una reforma legal para cambiar la parcialidad con que actúan todas las fiscalías del país, incluyendo la general de la república.
Hay acciones en contra de exgobernadores como el caso del panista, Francisco García Cabeza de Vaca, que tiene demanda en su contra, con orden de aprehensión y se pasea tranquilo, sin que nadie lo moleste.
El otro aspecto es que los legisladores deberán legislar acciones para acabar con la corrupción y saqueo de tanto funcionario público, que llega al poder para llenarse los bolsillos de dinero y lo peor es que nadie les hace nada.
La gran aportación de este sexenio de Andrés Manuel López Obrador es que logró mostrarles a los millones de mexicanos cómo saqueaban y robaban los políticos del PRI, PAN y PRD, como crearon un sistema para robar con impunidad.
El otro aspecto lamentable es ver como el Tribunal Electoral Federal está al servicio de Alito Moreno del PRI, así como de otros políticos.
En otro ámbito de la impartición de la justicia, vemos como se protegió al narco, como las policías siguen teniendo doble patrón en todo el país.
El peor de los casos es que la actitud de algunos funcionarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación solapa la corrupción y le brindan protección a quienes tienen el poder de pagar sus “cuotas económicas”.
El ejemplo más claro es que están procesando al entonces secretario de Seguridad Pública en México por proteger al narco y convertirse en cómplice. Pero esto ocurre en Estados Unidos, que tampoco son un ejemplo en la impartición de justicia.
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