La desaparición del joven Santiago Maldonado conmueve desde hace un mes a los argentinos, que este viernes volverán a marchar para exigir al Estado que dé a conocer el paradero de quien fue visto por última vez tras participar en una protesta de mapuches que fue desalojada por fuerzas de seguridad.
La manifestación, la segunda desde que se conoció el caso y que tendrá como escenario la histórica Plaza de Mayo de Buenos Aires, frente a la Casa de Gobierno, fue convocada por organismos defensores de derechos humanos y la familia Maldonado, explicó DPA.
Los investigadores y funcionarios del Gobierno del presidente, Mauricio Macri, presentan distintas hipótesis sobre el caso. Algunos de los testigos que declararon en la causa judicial abierta en la ciudad patagónica de Esquel, en la provincia de Chubut, dijeron que vieron por última vez a Maldonado cuando era golpeado por agentes de la Gendarmería, la fuerza de seguridad que vigila las fronteras del país, y subido a una camioneta militar.
También otros testigos dijeron que en el lugar y en el momento del desalojo de los mapuches se encontraba el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad argentino, Pablo Noceti.
El juez federal de Esquel, Guido Otranto, investiga el caso bajo la hipótesis de presunta “desaparición forzada de personas”, una consideración que el Gobierno argentino evitó realizar en las últimas semanas.
“No hay elementos concretos de que se trate de una desaparición forzada de personas”, dijo el jefe de Gabinete argentino, Marcos Peña. En la misma línea se expresaron el ministro de Justicia, Germán Garavano, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien en diferentes ocasiones negó la supuesta responsabilidad de la Gendarmería en el hecho y hasta pusieron en duda la presencia de Maldonado en “la zona de conflicto”.
Maldonado es un joven artesano y tatuador de 28 años que, según sus allegados y su familia, participó el 1 de agosto a la protesta de comunidades mapuches en reclamo de tierras ancestrales situadas en el departamento Cushamen, en la región cordillerana occidental de la patagónica provincia de Chubut, a unos 1.400 kilómetros al suroeste de Buenos Aires.
Desde la desaparición de Maldonado el Gobierno argentino también aumentó sus acusaciones a sectores de las comunidades mapuches de protagonizar acciones de “terrorismo” y atentados contra campos y viviendas de la zona.
Especialmente apuntó contra el “lonko” (jefe) del “lof” (pueblo) mapuche de Cushamen Facundo Jones Huala, líder de la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), sobre quien pesa un pedido de extradición de Chile, donde es acusado de haber participado en un ataque incendiario cerca de la ciudad de Valdivia.
El caso conmueve a la sociedad argentina, que pide por la aparición del joven en estadios de fútbol, cines, teatros, redes sociales y hasta en las escuelas.
Pero también divide opiniones. El último motivo de discrepancia fue una campaña presentada por la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), el principal sindicato docente argentino, para que se aborde en todas las escuelas del país el caso de Maldonado.
El Gobierno de Macri y algunas organizaciones civiles cuestionaron la supuesta intromisión de un tema de la política local en las aulas. Pero, al mismo tiempo, se supo que con motivo de la última campaña electoral con miras a los comicios legislativos de octubre próximo, varios postulantes del oficialismo protagonizaron actos en escuelas y centros educativos.
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