Por fin. Ya era hora de poder respaldar legislativamente el que un docente de la pública “no pueda usar recursos públicos para que uno los difunda, en sus blogs o redes personales”. Bueno, la legislación ya existía, pero gracias a P.Duchement y su excelente hilo de ayer en Twitter (aquí) que, con su permiso, voy a desgranar a continuación, ya todo queda muchísimo más claro. Y ya no quedan excusas ni peros que valgan para que los que lo hacían sigan haciéndolo.

Existe, en toda normativa autonómica, un principio de austeridad. Un principio ético que se aplica a los empleados públicos y se refiere a la responsabilidad de utilizar los recursos públicos de manera eficiente y consciente, evitando el derroche y asegurando que se utilicen solo para fines legítimos y en el interés público.

El principio anterior hace referencia al uso de recursos e instalaciones públicas de manera responsable y adecuada. Y solo, como se dice anteriormente, para interés público. No para fines personales o privados. Fines que incluyen, tanto la autopromoción como a los que, con toda la buena fe del mundo, intentan compartir qué hacen en el aula. Pues no, para compartir lo que se hace en el aula se deben usar solo los medios de los que disponga el centro educativo y de los que les haya dotado su administración (sea web o, en algunas Comunidades, determinadas redes sociales, siempre y cuando, en este último caso, no aparezca ninguna imagen ni grabación de alumnado).

Por tanto, según el principio anterior, recogido normativamente, tal y como se indicará al final de este post, NO SE PUEDE TOMAR IMÁGENES NI GRABAR…

• Durante el horario laboral (no solo el horario lectivo) que se paga entre todos los ciudadanos (esto incluiría también a los docentes de la concertada en etapas concertadas que cobran mediante pago delegado).
• En las instalaciones del centro educativo.
• Amparándose en la autoridad y oportunidad que concede el puesto de trabajo de docente pagado con dinero público (repito, esto incluye también a los docentes de la concertada con pago delegado).
• Para publicarlo en cuentas personales al margen de la web del centro o las cuentas en redes sociales que tenga autorizadas. Por cierto, la administración debe autorizar el uso de redes sociales por parte del centro.

Ya no se trata solo que no se pueda, por protección de datos, publicar datos e imágenes de alumnado. Es que no se puede publicar, en espacios personales (webs, redes sociales, etc.) NADA de lo que se esté haciendo en los centros educativos públicos por parte de los docentes que trabajen en los mismos. Sí, se incluye el publicar exámenes y actividades realizados con vuestro alumnado, además de publicar fotografías de las pizarras llenas de garabatos cuando acabáis de dar la clase (o en medio de ella). Son cosas que se hacen en vuestros centros y que forman parte de vuestra función profesional. Y que se hallan sujetos al principio de austeridad.

Es, como bien se dice en el hilo enlazado al principio, usar recursos públicos para fines personales o privados, al margen del interés público.

Aquí me gustaría hacer una matización… SÍ que, supuestamente, se podrían publicar en espacios personales imágenes de goteras, grietas,…, que impliquen denuncia de determinadas situaciones. ¿Por qué? Pues porque lo anterior sí que es interés público. Hay interés público en saber en qué situación están los centros educativos. Eso sí, tocaría ver la sentencia del juez en caso de recibir una denuncia por ello aunque, como he dicho antes, podría estar amparado por el interés público.

Normativa legal que lo refrenda

Andalucía: En Andalucía aún no se ha aprobado la ley del Empleado Público de la Junta
de Andalucía que completa al Estatuto Básico y por ello, hay que actuar con
arreglo a la Ley 6/1985, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de
Andalucía y el Decreto 2/2002 por el que se aprueba el reglamento general de
ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional del personal funcionario de la Administración General de la Junta
de Andalucía. Por eso nos guiaremos por el Estatuto Básico del Empleado público y, en especial por el artículo 54.5 que podemos encontrar aquí.

Aragón: Ley 7/2019, de 26 de marzo, de Función Pública Aragonesa. •Artículo 12.3.g): “Los empleados públicos están sujetos, en el ejercicio de Sus Funciones, a los siguientes principios éticos y de conducta: […] g) Austeridad en el uso de los recursos públicos destinados al ejercicio de sus funciones.”

Asturias: Ley del Principado de Asturias 2/2019, de 22 de febrero, de la Función Pública. •Artículo 11.1.g): “Los empleados públicos están sujetos, en el ejercicio de sus funciones, a los siguientes principios éticos y de conducta: […] g) Austeridad en el uso de los recursos públicos destinados al ejercicio de sus funciones.”

Islas Baleares: Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. •Artículo 7.1.e): “Los empleados públicos están sujetos, en el ejercicio de sus funciones, al principio de austeridad en el uso de los recursos públicos destinados al ejercicio de sus funciones y en el disfrute de los derechos y beneficios que les sean reconocidos en razón del servicio.”

Canarias: Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria. •Artículo 6.1.d): “Los funcionarios públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias están sujetos, en el ejercicio de sus funciones, al principio de austeridad en el uso de los recursos públicos destinados al ejercicio de sus funciones y en el disfrute de los derechos y beneficios que les sean reconocidos en razón del servicio.”

Cantabria: Ley 2/2015, de 26 de marzo, de la Función Pública de Cantabria. •Artículo 11.1.g): “Los empleados públicos están sujetos, en el ejercicio de sus funciones, a los siguientes principios éticos y de conducta: […] g) Austeridad en el uso de los recursos públicos destinados al ejercicio de sus funciones.”