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La Educación en la Segunda República

Qué mejor que, en días tan señalados como hoy, con reivindicaciones que unos agradecen y otros denostan, poder escribir sin ningún tipo de sesgo ideológico acerca de un tema que, demasiado manipulado mediáticamente por demasiados intereses, exponer de forma objetiva aquellos puntos relacionados con la Educación que fueron avalados por esa Constitución -la de 1931-, que fue el documento mediante el cual se reguló legislativamente la Segunda República. No, no hay trampa ni cartón, simplemente exposición de aquellos puntos constitucionales que tuvieron afección, ya sabemos que de forma muy breve, sobre la Educación en nuestro país.

Fuente: http://historiantes.blogspot.com.es

Artículo 4º.

El castellano es el idioma oficial de la República.
Todo español tiene obligación de saberlo y derecho de usarlo, sin perjuicio de los derechos que las leyes del Estado reconozcan a las lenguas de las provincias o regiones.

Salvo lo que se disponga en leyes especiales, a nadie se le podrá exigir el conocimiento ni el uso de ninguna lengua regional.

Pues sí, obligación de uso del castellano y exención de cualquier otro conocimiento lingüístico a nadie. Las implicaciones a nivel educativo creo que quedan bastante claras y, especialmente para aquellos que, desde la Constitución del 78, tienen la posibilidad de usar sus lenguas en la enseñanza. Y no, no es ninguna interpretación torticera del asunto.

Artículo 43.

Los padres están obligados a alimentar, asistir, educar e instruir a sus hijos. El Estado velará por el cumplimiento de estos deberes y se obliga subsidiariamente a su ejecución.

Los padres tienen como obligación la educación e instrucción de sus hijos. En caso de no poder hacerlo, dicha cuestión pasa a manos del Estado.

Artículo 48.

El servicio de la cultura es atribución esencial del Estado, y lo prestará mediante instituciones educativas enlazadas por el sistema de la escuela unificada.
La enseñanza primaria será gratuita y obligatoria.
Los maestros, profesores y catedráticos de la enseñanza oficial son funcionarios públicos. La libertad de cátedra queda reconocida y garantizada.
La República legislará en el sentido de facilitar a los españoles económicamente necesitados el acceso a todos los grados de enseñanza, a fin de que no se halle condicionado más que por la aptitud y la vocación.
La enseñanza será laica, hará del trabajo el eje de su actividad metodológica y se inspirará en ideales de solidaridad humana.
Se reconoce a las Iglesias el derecho, sujeto a inspección del Estado, de enseñar sus respectivas doctrinas en sus propios establecimientos.

Se ofrece gratuidad en exclusividad sólo a la enseñanza primaria. La enseñanza secundaria y posteriores se subvencionará, exclusivamente, para aquellas familias que no puedan pagárselo siempre y cuando sus hijos rindan en las pruebas planteadas o se les considere suficientemente vocacionales para ellos. La enseñanza será laica, desapareciendo cualquier posibilidad de introducir asignaturas que condicionen o faciliten cualquier tipo de creencia en las aulas públicas. Eso sí, se permite que cualquier religión pueda crear sus propios centros educativos donde puedan enseñar los valores que quieran y el número de horas que consideren necesario de doctrina.

Artículo 49.

La expedición de títulos académicos y profesionales corresponde exclusivamente al Estado, que establecerá las pruebas y requisitos necesarios para obtenerlos aun en los casos en que los certificados de estudios procedan de centros de enseñanza de las regiones autónomas. Una ley de Instrucción pública determinará la edad escolar para cada grado, la duración de los periodos de escolaridad, el contenido de los planes pedagógicos y las condiciones en que se podrá autorizar la enseñanza en los establecimientos privados.

Los títulos oficiales sólo los podrá expedir el Estado y jamás las Comunidades Autónomas. Se establece una reválida que validará los aprendizajes por la que tendrá que pasar todo el alumno de un cierto curso para que, de forma externa, se le pueda dar el título finalista en cada uno de los títulos académicos y profesionales.

Y, finalmente, una matización en el artículo 4 (aunque no olvidemos que, el número del artículo hace prelación al mismo por lo que el 4 estaría por encima de este en caso de controversias).

Artículo 50.

Las regiones autónomas podrán organizar la enseñanza en sus lenguas respectivas, de acuerdo con las facultades que se concedan en sus Estatutos. Es obligatorio el estudio de la lengua castellana, y ésta se usará también como instrumento de enseñanza en todos los centros de instrucción primaria y secundaria de las regiones autónomas. El Estado podrá mantener o crear en ellas instituciones docentes de todos los grados en el idioma oficial de la República.
El Estado ejercerá la suprema inspección en todo el territorio nacional para asegurar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en este Artículo y en los dos anteriores.
El Estado atenderá a la expansión cultural de España estableciendo delegaciones y centros de estudio y enseñanza en el extranjero y preferentemente en los países hispanoamericanos.

Da la sensación que se abra la puerta para que las regiones autónomas puedan organizar la enseñanza en su lengua respectiva pero, marca la obligatoriedad del estudio del castellano y de que ésta sea la lengua de instrucción en las mismas. Además, se dota exclusivamente al Estado de la potestad de abrir o cerrar centros educativos que, por lo visto, serán en el idioma oficial de la República.

No, no hay tampoco transferencia educativa a ninguna autonomía porque, el Estado se garantiza la inspección en todo el territorio nacional.

Esto es lo que dice la Constitución del 31. Si alguien quiere inventarse algo o hacer una interpretación para que se amolde a su ideología, le recomiendo que se abstenga porque, a diferencia de otros aspectos más interpretables de la misma, en el caso de los puntos que hablan sobre Educación lo dejan bastante claro.

Y no, no me posiciono a favor o en contra de la República porque, ni éste es el objetivo del artículo ni esto es una exposición de motivos acerca de las ventajas o inconvenientes de tener una República como la del 31 frente una Monarquía Parlamentaria como la actual 🙂



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