La autoridad corre el riesgo de caer en un debate semántico que desconoce lo evidente.
A JUICIO de la Presidenta de la República en las regiones del Bío Bío y La Araucanía existe violencia “que parece violencia, pero que es delincuencia”. El problema, en opinión de la Mandataria, dice relación con el “contrabando de madera” y no tiene un origen “de tipo étnico”, como suele interpretarse a partir del denominado conflicto mapuche.
“Hay unas verdaderas redes de gente que hace negocio en esto, que es muy distinto de una situación más ideológica de algunos grupos”, sostuvo en entrevista al diario El Mercurio. Más categórico aún fue el intendente de la región, quien afirmó que “no existe conflicto mapuche”, sino que se trata de personas que “son delincuentes que generan delitos violentos de alta connotación pública y que tratan de vincularlo a una causa mapuche que no es tal”.
La distinción podría resultar conveniente para efectos de perseguir estos delitos, destinando para ello las fuerzas policiales necesarias, sin afectar las sensibilidades de los sectores que defienden las demandas indígenas. No obstante, la autoridad corre el riesgo de enfrascarse en un debate semántico que desconoce lo evidente, confunde la cuestión de fondo y menosprecia la capacidad de estos grupos violentistas, así como los perjuicios y el temor que han provocado en la población.
Evidentemente, los sectores que han recurrido a la violencia para imponer sus intereses no representan a la comunidad mapuche, pero el mismo aparato estatal ha mostrado un comportamiento errático al momento de impedir que obtengan beneficios asociados a supuestas demandas étnicas. Si a las actuales autoridades les asiste el convencimiento de que se trata de grupos delincuentes sin asociación con la causa mapuche, resulta entonces un imperativo que se les prive, por ejemplo, de recibir tierras en el marco del proceso que desarrolla la Conadi, tal como lo requirió el Congreso en el marco de la discusión del Presupuesto de la República.
Pero eso no es todo. Llama la atención que la autoridad vincule la violencia en la zona con el contrabando de madera, considerando que se trata de un negocio ilegal que debiera ser controlado por diversas instituciones fiscalizadoras, comenzando por Impuestos Internos. En otras palabras, tomando además en cuenta la amplitud de actores que involucra una actividad como la señalada, sería esperable que el Estado contara con herramientas suficientes para abordar esta problemática y pusiera término a una situación que se extiende por ya demasiados años.
El problema es que no se trata, exclusivamente, de delincuencia “que parece violencia”. El país enfrenta un severo problema de delincuencia, al que tampoco escapan las regiones mencionadas, y que la ciudadanía insiste en exponer como su principal preocupación, tal como lo demuestran las diversas encuestas de opinión. Pero los atentados de constante ocurrencia en esta zona dejan en evidencia que estamos frente a hechos de carácter evidentemente terrorista, llevados a cabo por grupos que buscan imponer el temor en la población y que desprecian el valor de la vida humana, tal como ha quedado demostrado con crímenes como el asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay.
Un error de diagnóstico, en este contexto, no sólo afecta la forma y los mecanismos a los que debe recurrir el Estado para enfrentar el problema, sino que también repercute en la forma como la opinión pública interpreta estos atentados.
Editorial La Tercera.
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