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Programa Máximo del APRA y Plan de Acción Inmediata o Programa Mínimo del Partido Aprista Peruano.- Documentos de lectura obligada para aquéllos que quieran conocer las reivindicaciones por las que lucha el verdadero aprista

https://goo.gl/NJUngc

Programa Máximo de la Alianza Popular
Revolucionaria Americana (APRA)
(Haya de la Torre 1984a, 4: 73-74)

El Programa Máximo internacional del APRA consta de cinco puntos generales que sirven de base para los programas de las secciones nacionales de cada país latinoamericano. Los cinco puntos generales son los siguientes:

1º –  Acción contra el imperialismo yanqui (*).
2º –  Por la unidad política de la América Latina.
3º –  Por la nacionalización de tierras e industrias.
4º –  Por la internacionalización del Canal de Panamá.
5º –  Por la solidaridad con todos los pueblos y clases oprimidas del mundo.

Nota de Haya de la Torre:

(*) Este postulado ha quedado convertido en sólo “Acción contra el imperialismo” entendiéndose que el APRA combate contra todos los imperialismos.

Vale advertir que el texto de este postulado no implica que la lucha antiimperialista del APRA esté circunscrita a combatir el imperialismo yanqui y no a otros imperialismos como el británico, por ejemplo. Ocurre que habiéndose formulado los cinco lemas del APRA por primera vez en México en 1924, su inmediata propagación se inicia en el sector de pueblos indoamericanos del Caribe, en los que predomina agresivamente el imperialismo de los Estados Unidos. Por eso se agregó para mayor objetividad el vocablo “yanqui” al primero de los postulados apristas. Así se mantuvo el lema por algún tiempo, pero como los comunistas criollos se prendieran de él para afirmar que la palabra “yanqui” era, en el programa aprista, cábala siniestra de misteriosas concomitancias del APRA con el imperialismo británico, hice muchas veces la aclaración, y en todos mis libros –especialmente en Impresiones de la Inglaterra Imperialista y de la Rusia Soviética (Buenos Aires, 1932)–, la posición aprista queda bien esclarecida. Además, para la mayoría de nuestros pueblos, “el imperialismo yanqui” es el imperialismo capitalista moderno por antonomasia. Porque no sólo es el que hegemoniza y amenaza cada día más en Indoamérica, sino también el que ha hecho del “monroísmo” su doctrina y del “panamericanismo” su política. Por ende, es el imperialismo en su más típica y completa expresión contemporánea. Pero el APRA tiene bien planteada su posición de beligerancia antiimperialista sin distinciones.

Unas palabras sobre el Plan de Acción Inmediata o
Programa Mínimo del Partido Aprista Peruano
Escribe: César Vásquez Bazán

El jueves 20 de agosto de 1931 se inauguró en el Teatro Lima de la capital peruana el Primer Congreso Nacional del Partido Aprista Peruano (PAP), al cual asistieron delegaciones de los comités departamentales y provinciales y de los sindica­tos de trabajadores manuales e intelectuales identificados con el movimiento fundado por Haya de la Torre. El Primer Congreso Nacional fue precedido por congresos provinciales, departamentales y regionales.

Como suprema autoridad partidaria, el Primer Congreso Nacional Aprista debatió y formuló el progra­ma de gobierno del PAP, al que se denominó Plan de Acción Inmediata o Programa Mínimo. El Plan representó una verdadera obra de ingeniería política, cuya redacción estuvo a cargo de una comisión central nombrada por el Primer Congreso para integrar y armonizar las diversas alternativas. Al trabajo de esta comisión contribuyeron decisivamente los compañeros Manuel Seoane Corrales y Manuel Rospigliosi Gómez Sánchez, éste último uno de los militantes más valiosos de la etapa inicial del movimiento aprista. Debe anotarse también que Haya de la Torre no participó en la elaboración del Plan por encontrarse cumpliendo una extensa gira nacional como candidato presidencial del aprismo para las elecciones del 11 de octubre de 1931.

Las conclusiones del Primer Congreso fueron expuestas por los compañeros Manuel Seoane y Luis Alberto Sánchez en la demostra­ción pública que tuvo lugar en la Plaza de Toros de Lima (Plaza de Acho), el 20 de setiembre de 1931. En aquella oportunidad, el Plan de Acción Inmediata fue glosado y leído. En forma paralela, el Programa también fue hecho público en Loreto, en una manifestación proselitista presidida por Haya de la Torre.

Semanas después, el 9 de octubre de 1931, el Comité Ejecu­tivo Nacional del PAP entregó formalmente el Programa Mínimo a Haya de la Torre, ante una asamblea de más de ochenta mil apristas reunidos en la Plaza San Martín de Lima. Fue aquella la primera vez en el Perú que un partido definió el plan de gobierno que debería guiar las decisiones ejecutivas de su candidato presidencial.

El Plan de Acción Inmediata no es una relación de promesas fáciles ni tampoco constituye una lista de lavandería. Por el contrario, es un programa orgánico extenso: incluye catorce secciones y un total de ciento noventa puntos programáticos. Como recuerda Jorge Basadre en sus Notas sobre la crisis política, económica y social de 1930-1933, “hay allí tarea para varias generaciones”. Justamente porque su cumplimiento implica un esfuerzo de largo aliento, que debe inspirar la acción de gobierno del PAP en el siglo XXI, presentamos la edición electrónica del Programa Mínimo y la dedicamos a los Mártires de la Revolución de Trujillo de 1932, humildes y desinteresados militantes que emprendieron el viaje sin retorno soñando con llevar a la práctica este Primer Plan del Aprismo, paso inicial en el largo camino de la Gran Transformación.

Plan de Acción Inmediata o Programa Mínimo
del Partido Aprista Peruano (PAP)
Aprobado por el Primer Congreso Nacional del Partido Aprista Peruano
el 23 de agosto de 1931
(Haya de la Torre 1984a, 5: 7-29)

I. Estructura económico-político-social del Estado

1. Investigaremos la realidad económica del país, mediante un nuevo censo general de la república, la creación de un Departamento Nacional de Estadística y la celebración de un Congreso Nacional de Economía, con el concurso de todos los productores de la riqueza.

2. Introduciremos modificaciones en la demarcación política del territorio de la república, con criterio fundamentalmente económico.

3. Propiciaremos la organización funcional del parlamento y las municipalidades.

4. Daremos autonomía administrativa y económica a las regiones en que se divide el país. Por la descentralización administrativa, cada uno de los poderes regionales, organizados funcionalmente, asumirá las facultades administrativas que actualmente ejerce el ejecutivo, en los asuntos que atañen exclusivamente a la circunscripción que representan. Decidirán las cuestiones administrativas sin que el poder central revise sus actos y designarán su personal burocrático. El po­der central conservará la facultad de decidir en los asuntos que interesan a dos o más regiones y en los que atañen a todo el país. Para la descentralización económica la ley fijará las rentas que corresponda recaudar y percibir a las regiones y las que correspondan al poder central. El poder coercitivo será ejercitado por las autoridades políticas de la circunscripción, como delegados del ejecutivo central, y sus actos serán revisados en los casos que las leyes determinen.

5. Declararemos el derecho de todo individuo a ser educado gratuitamente por el estado hasta el límite que marquen sus capacidades.

6. Consideraremos que en todo conflicto que se presente entre el derecho individual y la apremiante necesidad de la colectividad, serán privilegiados el derecho a la necesidad de las mayorías.

7. Fijaremos como finalidades del estado, garantizar la vida, salud, bienestar moral y material, la educación, la libertad y la emancipación económica de las clases trabajadoras, procu­rando abolir, según lo permitan las circunstancias y de una manera gradual y paulatina, la explotación del hombre por el hombre.

8. Organizaremos el seguro social para amparar a todo ciudadano que vive de su esfuerzo personal, contra las vicisitudes que le impidan cumplir sus fines individuales y de fami­lia; y haremos gratuito el seguro para quienes sólo perciben salario o sueldo mínimo.

9. Consideraremos como atentado punible contra la solida­ridad social, la utilización de servicios personales que no se paguen conforme a la ley y la contravención de las leyes que protejan o beneficien a los indígenas, menores y mujeres.

10. Reconoceremos los derechos políticos a la mujer y su facultad para desempeñar todos los cargos públicos obtenibles por elección o nombramiento.

11. Estableceremos la independencia de la mujer, en el ejer­cicio de los derechos civiles dentro del matrimonio.

12. Estableceremos la igualdad ante la ley de toda clase de hijos.

13. Crearemos los siguientes ministerios: 1) Trabajo e Indus­tria; 2) Agricultura, Minería y Obras Públicas; 3) Educación; 4) Higiene y Asistencia Social. Al actual Ministerio de Hacienda lo denominaremos de Economía y Finanzas y anexaremos el Ramo de Justicia al de Relaciones Exteriores, desapa­reciendo el Ministerio de Fomento, cuyas direcciones actuales se repartirán en la nueva organización. En cada uno de los ministerios que deben tratar las cuestiones indígenas crearemos oficinas especiales con este objeto.

14. Separaremos la iglesia del estado y garantizaremos la neutralidad del estado en materia religiosa.

15. Fijaremos para la adquisición de la ciudadanía la edad de dieciocho años.

16. Mantendremos la conquista popular del voto secreto.

II. El Perú ante América y el mundo

17. Procuraremos una estrecha vinculación económica e intelectual entre los pueblos de América Latina por medio de la celebración de tratados de comercio y congresos destinados a unificar los principios básicos de la legislación económica y civil; la creación de una institución de unión latinoamericana que auspicie la realización de conferencias y congresos de economía, pedagogía, etc., con sede rotativa en los pueblos componentes de la unión; el intercambio bibliográfico, de maestros y alumnos, creando becas para éstos; auspiciando el hogar universitario latinoamericano para los estudiantes becados y para los maestros y alumnos visitantes.

18. Defenderemos la ciudadanía peruana declarando que ésta no se pierde por naturalización en el extranjero; y propugnaremos la ciudadanía latinoamericana.

19. Solucionaremos la cuestión de límites pendientes con el Ecuador sobre bases de equidad y justicia nacionales.

20. Solucionaremos los problemas creados al oriente perua­no por el tratado de límites con Colombia.

21. Celebraremos un pacto con los pueblos latinoamericanos para la defensa de cualquier peligro imperialista.

22. Propondremos la formación de un tribunal de arbitraje latinoamericano.

23. Mantendremos relaciones amistosas con todos los países del mundo.

III. Administración pública

24. Fijaremos por la ley las normas básicas que deben regir la administración regional y central.

25. Proveeremos por concurso y serán inamovibles los cargos públicos que tengan como función la presentación de opinión por escrito, en los expedientes administrativos.

26. Proveeremos por concurso y serán inamovibles todos los cargos públicos de carácter técnico, y reglamentaremos el ascenso en los mismos, creando el escalafón de empleados públicos.

27. Organizaremos la carrera diplomática y consular, suprimiendo todos los gastos superfluos.

28. Consideraremos en los concursos para proveer cargos públicos, el tiempo de servicios prestados en el ramo administrativo cuya plaza se trate de proveer, como factor para ser apreciado junto con los demás que las leyes determinen.

29. Preferiremos, en iguales condiciones de aptitud, para ocupar los cargos públicos, a las personas que carecen de rentas u otros medios de vida distintos del trabajo personal.

30. Estableceremos como requisito previo para el desempeño de un cargo público, obtenido por elección o nombramiento, la declaración y constatación por escritura pública, del monto exacto y detallado de los bienes que posee el nombrado o elegido, declaraciones que se renovarán al cesar en el cargo o ser promovido a otro; y se publicarán en el órgano oficial del estado.

31. Fijaremos el período de tiempo que deberá permanecer en el país toda persona que haya desempeñado un cargo público, a fin de que puedan producirse las denuncias a que diera lugar su actuación.

32. Dictaremos leyes especiales que garanticen sanción severa, rápida y eficaz para los que delincan en el desempeño de un cargo público.

33. Estableceremos sobresueldos para los empleados públicos que perciban haberes bajos, en relación con el número de hijos que tengan bajo su patria potestad.

34. Daremos al órgano oficial del estado, la exclusiva de la publicación de todos los avisos oficiales, sin excepción alguna, diario que tendrá una tendencia educativa, no política.

35. Organizaremos los cuerpos consultivos de la administración, sobre bases que garanticen la emisión de opinión técnica e independiente.

IV. Economía y finanzas

36. La investigación de la realidad económica del país permi­tirá que el estado apoye decidida y concientemente el desenvolvimiento de la economía nacional. La agricultura, la minería, la industria y el comercio nacionales gozarán de la cooperación del estado, si ella es necesaria, en el orden técnico, instrumental y económico, a cambio de pagar esa contribución en acciones y garantizar un régimen justiciero de jornales y jornadas a los empleados y obreros. Esta intensificación científica de la producción, además de las otras obras que el estado emprenda, significará la curación radical y permanente del grave problema de los desocupados.

37. Reformaremos integralmente la legislación tributaria, con tendencia a la supresión de los impuestos indirectos que encarecen los consumos del pueblo, tales como los que pesan sobre los artículos de primera necesidad, arbitrios municipales de las ferias y mercados, los que gravan el pequeño comercio, las profesiones y las aplicaciones útiles del capital no trustificado, reemplazando el actual rendimiento de éstos por los impuestos directos sobre las herencias, donaciones, legados y el mayor valor del suelo rural y urbano y la renta sin excepciones, sal­vo sueldos y salarios bajos.

38. Estableceremos las escalas de los impuestos progresivos sobre la renta en relación con la procedencia de esta y su destino, legislando sobre el ausentismo.

39. Gravaremos fuertemente los artículos de lujo.

40. Gravaremos progresivamente el capital inerte.

41. Reglamentaremos los alquileres, condicionando la merced conductiva al valor de los inmuebles.

42. Revisaremos las tarifas de los servicios públicos y pri­vados.

43. Reformaremos las tarifas de los servicios públicos y privados.

44. Reformaremos la legislación aduanera y crearemos un organismo integrado en forma funcional, con determinadas facultades de reglamentación, en lo relativo a aduanas y aranceles.

45. Organizaremos la recaudación directa por el estado, de sus rentas.

46. Estableceremos organismos integrados en forma funcio­nal para el control tutelar de las actividades del comercio y de la industria, con revisión de las pautas legales que norman su desenvolvimiento.

47. Fomentaremos la industrialización del país, por medio de aranceles proteccionistas, coordinados con el control de la producción, precios de venta y utilidades.

48. Dictaremos una legislación represiva para las maniobras y especulaciones de los trusts.

49. Anularemos los monopolios concedidos a los particulares y los contratos lesivos para la soberanía nacional.

50. Gestionaremos condiciones menos onerosas para el servi­cio de los empréstitos que pesan sobre nuestra economía y procuraremos el reajuste de nuestra deuda externa.

51. Depuraremos la deuda flotante.

52. Fomentaremos las cooperativas de crédito, de producción y de consumo.

53. Organizaremos industrias de carácter básico por el estado.

54. Nacionalizaremos progresivamente los medios de transporte.

55. Nacionalizaremos progresivamente el seguro.

56. Mantendremos una moneda sana y estable.

57. Fundaremos un Banco de la Nación, con filiales industrial, minera y agrícola, que atenderá preferentemente al pequeño productor nacional.

58. Estudiaremos la reforma que requiera la legislación bancaria.

59. Controlaremos y restringiremos la exportación de capi­tales.

60. Convertiremos en municipales las casas de préstamo.

61. Fomentaremos el ahorro en la clase proletaria, mediante la creación de una institución apropiada.

62. Dictaremos legislación especial sobre inversiones y ren­tas del capital extranjero.

63. Reformaremos la organización consular.

64. Dictaremos un presupuesto científico, con fijación obli­gada de un porcentaje destinado a fomentar la explotación de la riqueza nacional.

V. Cuestiones agrarias

65. Prestaremos preferente atención a nuestros problemas agrarios por ser básicos en nuestra economía.

66. Apoyaremos a la producción agraria nacional, en todas sus categorías, mediante el servicio informativo que creará el estado respecto a los mercados de producción y consumo, nacionales e internacionales, el suministro gratuito de elementos técnicos de información y aun el apoyo instrumental y econó­mico si fuere necesario, a cambio de una correspondiente par­ticipación del estado.

67. Expropiaremos, pagando su valor justipreciado, a aque­llos fundos que el estado estime conveniente, sea por excesi­va extensión, explotación indirecta, hipotecas no redimibles, ubicación inmediata a los grandes centros de consumo, etc., y los dedicaremos preferentemente, a la producción de los artículos que reclame el mercado interno.

68. Fomentaremos la pequeña propiedad y la creación de haciendas colectivas y cooperativas agrarias, con el reglamentado apoyo técnico y económico del estado.

69. Reglamentaremos los pactos celebrados entre los propietarios de los fundos con los yanaconas, subarrendatarios o copartícipes, dando intervención al estado en dichos pactos.

70. Contemplaremos la conveniencia de obligar a los propietarios de fundos de gran extensión, a arrendar un porcentaje de sus tierras a pequeños agricultores.

71. Fijaremos la merced conductiva que deben abonar los pequeños agricultores por las tierras.

72. Estableceremos la obligación de recabar del Ministerio de Agricultura, autorización para celebrar contratos de compra­venta de tierras y capitales de la extensión que se señale.

73. Estableceremos la obligación de los agricultores de tierras de cierta magnitud, de llevar la contabilidad debidamente legalizada.

74. Estableceremos el derecho del Estado a inspeccionar en cualquier momento los negocios agrícolas y ganaderos.

75. Gravaremos las tierras de cultivo que permanezcan ociosas y se contemplará la forma de permitir su adquisición por denuncio.

76. Revisaremos el régimen de distribución de las aguas de regadío.

77. Daremos inmediata y preferente atención a las obras de irrigación que tengan por objeto regularizar la descarga de agua de los ríos de régimen discontinuo.

78. Estudiaremos las posibilidades de las tierras de montaña.

79. Declararemos al paludismo enfermedad profesional en las zonas de cultivo que hayan sido saneadas.

80. Agruparemos y ordenaremos las disposiciones legales de las tierras y de las aguas, en un código de agricultura.

81. Crearemos un cuerpo consultivo para el Ministerio de Agricultura.

82. Fomentaremos las estaciones de experimentación y extensión agrícola y ganadera.

83. Organizaremos el seguro agrícola integral.

VI. Minería

84. Orientaremos nuestra política en forma de alcanzar, en un futuro próximo, la nacionalización de la industria extractiva.

85. Protegeremos a la minería nacional en todas sus catego­rías, mediante el servicio informativo del estado respecto a los mercados de producción y de consumo, nacionales e internacionales; el suministro gratuito de elementos técnicos de información; y aun el apoyo económico e instrumental del estado, si fuese necesario, a cambio de su correspondiente participación.

86. Estableceremos la obligación de que un porcentaje de las utilidades de las empresas mineras sea invertido en la creación de nuevas industrias nacionales o en acciones del Banco de la Nación.

87. Procuraremos la inmediata nacionalización de la indus­tria de algunos metales, tales como el vanadio y el oro, comenzando por la reserva de las zonas que los contienen.

88. Estudiaremos la practicabilidad del establecimiento de una planta de afinado de la plata y el aprovechamiento industrial de este metal.

89. Reservaremos los yacimientos de las sustancias no metálicas cuya explotación no se haya emprendido en el Perú; iniciaremos el estudio inmediato de los yacimientos para su posi­ble utilización industrial.

90. Estableceremos el cooperativismo minero con la implantación de centrales de beneficio y oficina central de consignación de minerales.

91. Obligaremos a los concesionarios de fuerza hidráulica de gran capacidad para usos mineros, a vender un porcentaje de la fuerza generada; y a los concesionarios de haciendas de beneficio, a tratar los minerales de los pequeños mineros, se­gún las tarifas aprobadas por el estado.

92. Enfocaremos el desarrollo de la explotación del carbón, construyendo preferentemente las vías de comunicación que faculten su consumo.

93. Limitaremos el tiempo de goce de las concesiones mineras.

94. Gestionaremos la revisión de la cuestión Brea y Pariñas.

95. Solucionaremos la cuestión de los humos de La Oroya y fijaremos normas que impidan la repetición del caso.

96. Estudiaremos el establecimiento de una refinería con el fin de abaratar los derivados del petróleo.

VII. Trabajo

97. Estableceremos la efectividad de la jornada máxima de ocho horas para todos los ramos de la actividad humana, con las excepciones que se detallan: la duración del trabajo de dieciséis horas para las labores que por su índole exijan la permanen­cia del obrero por más de ocho horas consecutivas; la reglamentación del trabajo a destajo; el descanso obligatorio de un día, después de seis días de actividades; las vacaciones anuales de siete a quince días de duración, con goce de salario o sueldo; la jornada máxima de seis horas para los trabajadores menores de dieciséis años de edad; la duración máxima del trabajo nocturno de siete horas; la jornada máxima de siete horas para el trabajo del subsuelo y las industrias nocivas; la prohibición de trabajar de noche o en labores peligrosas o insalubres a los menores de dieciséis años y a los mayores que no gocen de completa salud.

98. Estableceremos el salario y sueldo mínimos según las condiciones de cada región, que serán fijados por comisiones en que intervengan el Estado, los trabajadores y los patrones.

99. Obligaremos al más exacto cumplimiento de las leyes que amparan los derechos de los hombres de trabajo y garantizaremos su efectividad para los habitantes de todas las regiones del país designadas por sus propios sindicatos.

100. Obligaremos a las empresas industriales, agrícolas, mineras y de transporte interurbano a proporcionar a sus trabajadores la habitación mínima, escuelas, servicios sanitarios, enfermerías, que fijen los organismos técnicos del estado.

101. Estableceremos que nadie podrá jubilarse en condiciones de poder seguir trabajando, sin perjuicio para su salud. El monto de la pensión de jubilación que garantice el seguro social tendrá límites mínimo y máximo. El límite mínimo asegurará lo suficiente para la vida, variando según el estado civil y los deberes que como jefe de familia tenga cada ciudadano. El límite máximo no podrá sobrepasar la cantidad necesaria para hacer una vida cómoda.

102. Crearemos un instituto de orientación profesional que considere las aptitudes físicas, las condiciones psicológicas y la vocación de todo hombre para orientarlo en la lucha por la vida, de modo que cada ciudadano rinda a la sociedad sin perjuicio de su salud, lo mejor y más que sea posible.

103. Garantizaremos el derecho de la mujer a ganar el mismo salario o sueldo que el varón, en análogas labores.

104. Ampliaremos la protección a la madre que trabaja dándole el derecho a descanso con goce de sueldo o salario, antes y después del parto.

105. Crearemos las bolsas municipales de trabajo.

106. Defenderemos al trabajador doméstico.

107. Fijaremos la obligación de los patronos de pagar a los servidores nacionales el ochenta por ciento del monto de sus planillas de personal de empleados.

108. Garantizaremos las leyes que amparan y benefician a los empleados.

VIII. Educación


109. Estudiaremos la reforma integral de la educación, con tendencia a la escuela unificada desde el kindergarten a la universidad, a base de los postulados de la Primera Convención Internacional de Maestros reunida en Buenos Aires, el 8 de enero de 1928.

110. Fomentaremos el mutualismo escolar.

111. Estableceremos tarifas especiales en los servicios de transporte que utilicen los estudiantes para concurrir a la escuela.

112. Mejoraremos la condición económica de los maestros.

113. Crearemos granjas-escuelas, institutos de comercio e industrias, universidades populares, escuelas nocturnas y dominicales, editoriales pedagógicas, bibliotecas populares fijas y ambulantes; misiones ambulantes para la difusión de los conocimientos elementales de agricultura.

114. Sistematizaremos científicamente la edificación escolar.

115. Atenderemos al incremento de los medios educacionales del Instituto Pedagógico Nacional, con el objeto de que cumpla los fines de su creación.

116. Crearemos en las diversas regiones del país institutos de enseñanza superior, acordes con sus necesidades específicas.

117. Fomentaremos la cultura física del estudiantado.

118. Estudiaremos el plan integral de reforma de la enseñanza agrícola, atendiendo a la especialización que exige nuestra realidad nacional.

119. Crearemos centros de enseñanza agrícola secundaria y estableceremos el estudio de ciertos cursos teórico-prácticos sobre agricultura en las escuelas primarias.

120. Conservaremos la autonomía de las universidades y escuelas técnicas superiores.

121. Mantendremos los principios de la reforma universitaria iniciada por el alumnado.

122. Gestionaremos la validez de los títulos profesionales otorgados por nuestras universidades y escuelas en todos los países latinoamericanos.

123. Dedicaremos a la educación un alto porcentaje de los ingresos nacionales.

IX. Redención del indio

124. Incorporaremos al indio a la vida del país.

125. Legislaremos en pro de la conservación y modernización de la comunidad indígena.

126. Protegeremos también a la pequeña propiedad.

127. Fomentaremos las pequeñas industrias indígenas.

128. Fomentaremos el arte indígena.

129. Estableceremos las causales específicas que determinan la revisión de los pactos y contratos celebrados por los indígenas y los terratenientes.

130. Respetaremos las peculiaridades de cada región indígena, dentro del plan general y rumbo unificador de la educación.

131. Formaremos maestros indígenas.

132. Estableceremos la escuela rural indígena.

133. Educaremos al indio usando su propio idioma, además del castellano.

134. Introduciremos el cooperativismo agrario entre los propietarios indígenas de tierras.

135. Emprenderemos una enérgica campaña contra el abuso del alcohol y de la coca.

136. Crearemos el hogar agrícola indígena.

X. Justicia

137. Reorganizaremos el poder judicial dándole autonomía orgánica y económica.

138. Fijaremos una remuneración adecuada para todos los funcionarios y empleados del poder judicial.

139. Extenderemos progresivamente a todo el país la institu­ción de los juzgados de paz letrados.

140. Estableceremos cortes de policía que actúen con criterio jurídico.


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