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Mariano Ignacio Prado: general de división del ejército chileno y ladrón del Perú.- Desde 1868, oligarquía chilena entregó a Prado minas de carbón de piedra, que con los años el desertor consideraría sus "inversiones".- Agustín Edwards Ossandón (1815-1878), el capitalista más acaudalado de la historia de Chile, financiaba a Prado.- Negociados del general chileno en la compra de monitores inservibles, el contrato Raphael y los sobornos recibidos de Meiggs y Grace

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Escribe: César Vásquez Bazán
Mariano Ignacio Prado: agente chileno


La Lechería Peruana, caricatura que representa la corrupción imperante en 1867 durante la primera presidencia de Mariano Ignacio Prado. Prado aparece sujetando a la vaca del erario fiscal, mientras sus amigos ordeñan al animal. La caricatura es de J. J. Rasoir y fue publicada en el tercer número de 1867 del diario La Campana, página 4. Reproducida por Quiroz (2009, Figura 7, entre las páginas 180 y 181).

Cobarde que abandona el poder para salvar la vida,
ladrón que se escurre por llevarse el talego…
 
Manuel González Prada (1985, 449)


Cuando el 18 de diciembre de 1879 Mariano Ignacio Prado desertó las funciones de presidente del Perú, su decisión de fugar fue determinada no sólo por el desastre militar ante Chile y el temor a la explosión popular dirigida a castigar la cobardía y traición del Director Supremo de la Guerra. Tanto o más que las causales mencionadas, influyó en su conducta el deseo de disfrutar de la riqueza que había logrado acumular utilizando en provecho propio el desempeño de la presidencia de la república en cuatro oportunidades (véase la Tabla 1).

Tabla 1. Prado en la presidencia del Perú

Como señaló acertadamente Vicuña Mackenna (1880, 349), el afortunado mortal que llega a la presidencia del Perú “pasa a ser dueño del porvenir y de sus dones”. Es así por la mentalidad de saqueo y la actitud de asalto de cada nuevo gobernante, y por el ambiente de corrupción aceptada que impera en la sociedad. Contribuyó también a la podredumbre moral de los políticos la vigencia de la Constitución de 1860, que dispuso que el eventual órgano fiscalizador, es decir el Congreso, sólo debería reunirse cada dos años y por el breve período de cien días útiles.

Peruanos y extranjeros señalaron la gravedad del problema de la corrupción. Entre los primeros puede citarse a José Arnaldo Márquez (1888, 2) quien denunció que en nuestro país, “personajes prominentes no perdían de vista las cajas del Estado, para formar o para restablecer su fortuna personal”. Manuel González Prada (1985, 460) recordaba que “nada debe sorprendernos en un país donde la corrupción corre a chorro continuo, donde se vive en verdadera bancarrota moral… Admira que en las cotizaciones de la Bolsa no figure el precio corriente de un ministro, de un juez, de un parlamentario, de un regidor, de un prefecto, de un coronel, de un periodista”.

En el segundo grupo de observadores debe recordarse al viajero de la época que escribió respecto a las instituciones peruanas de la segunda mitad del siglo XIX: “En cuanto al robo –nos referimos no a aquel que puede considerarse como robo de menor cuantía sino a la gama de delitos mayores y atroces– puede afirmarse con seguridad que casi todos los hombres públicos [del Perú] están hundidos hasta el cuello en este crimen” (Duffield 1877, 16). La anterior declaración fue compartida por el representante de los tenedores ingleses de bonos de la deuda peruana: “Los sobornos y la corrupción en el Perú no tienen parangón, inclusive en Sudamérica” (Clarke 1877, 119).

Mariano Ignacio Prado encaja a la perfección en las descripciones anteriores. Prado es el mayor exponente de la rapiña y el cohecho, la estafa y el cinismo, que castigaron al Perú entre los años 1865 y 1879. Es la encarnación purulenta de las acusaciones de Márquez, González Prada, Duffield y Clarke.

A lo largo de los cinco años y siete meses que desempeñó la primera magistratura, el desertor Prado no perdió oportunidad para utilizar el poder en provecho propio. Dispuso la emisión de decretos, la firma de contratos y la realización de operaciones por las que recibió sobornos y favores de los afortunados beneficiarios. No desaprovechó ocasión pequeña ni grande para obtener cohechos de las partes que contrataban con el Estado, sean éstas Henry Meiggs o William Grace, los consignatarios del guano o los proveedores de carne para las tropas peruanas. José María Químper, abogado de su más entera confianza y uno de sus principales operadores políticos, fue el principal receptor de los sobornos entregados por Henry Meiggs. Habiendo recibido paga del gobierno de Chile –en su condición de general de división del ejército de ese país– Prado se fue a la tumba sin haber podido levantar las sospechas de haber sido agente chileno y de haber desviado en su favor parte de los fondos recaudados en la colecta pública de 1879 organizada para la compra de armamento.

El presente artículo pretende demostrar que la conducta de corrupción en la dirección del Estado rindió resultados positivos para las faltriqueras de Mariano Ignacio. Entre los signos de riqueza del presidente desertor puede mencionarse el costoso rancho de su propiedad en Chorrillos, la casa en París, las inversiones en minería del carbón en Chile, la crianza de caballos de pura sangre, las inversiones en la Empresa Transmisora de Fuerza Eléctrica de Lima, en la Compañía de Tranvías de Lima y en la Fábrica de Tejidos Santa Catalina. Sin embargo, la cuota más importante de sus negociados estuvo destinada a constituir la “herencia significativa” que dejó a sus descendientes (Gilbert 1981, 748). Sobre dicho legado fue que se erigió en el Perú del siglo XX ese cáncer oligárquico que se denominó Imperio Prado. Sin duda, el enriquecimiento obtenido mediante el asalto del Estado fue un logro notable para un individuo que antes de ingresar a la escena política peruana sólo poseía un fundo en Huánuco, del cual era copropietario con otros familiares.

Es por ello de extrañar la opinión de Gilbert cuando escribió que “los detalles disponibles del desarrollo económico inicial de la familia [Prado] son imprecisos” (Gilbert 1981, 748). Los pormenores del enriquecimiento del primer Prado –el Mariano Ignacio Prado del oprobio como lo llamara González Prada– existen. Están allí, esperándonos para contarnos su verdad, desparramados en la historia del Perú de la segunda mitad del siglo XIX.

Entre los actos de corrupción que contribuyeron al enriquecimiento de Mariano Ignacio Prado, existen siete episodios en los que se cuenta con evidencia o indicios razonables de recepción de sobornos o comisión de desfalco por el presidente desertor y/o sus amigos y ministros. Dichos capítulos de la podredumbre política peruana comienzan con los servicios prestados por Prado como agente chileno, y continúan con los malos manejos en la compra de los monitores fluviales Manco Capac y Atahualpa, el negociado en el contrato Raphael, los sobornos pagados a Prado por Henry Meiggs y William R. Grace, el fraude en la compra de carne para el ejército del sur durante el conflicto con Chile, y el desfalco de la colecta pública de 1879 destinada a sufragar los gastos para la adquisición de armamento para la guerra con Chile.

Para que el lector pueda formarse una idea aproximada del valor actual de los negociados de Prado, puede estimarse que un dólar de 1879 tenía un poder adquisitivo de 22.20 dólares del año 2009. La fuente de esta estimación es Measuring Worth. Asimismo, en 1879 el sol y el dólar se cambiaban casi a la par: debía pagarse 1.08 soles por dólar.

El agente chileno Mariano Ignacio Prado

El análisis de la dinámica histórica del Perú y Chile en 1865, respondiendo ambos países a la agresión española, permite concluir que el rol jugado por Prado fue el de promover y defender los intereses de Chile.

La relación política y militar entre Chile y Mariano Ignacio Prado está comprobada por su aceptación –siendo coronel del ejército peruano– del grado de general de división del ejército de ese país. El 17 de agosto de 1866, el gobierno de Chile confirió a Prado el referido despacho “con los honores y preeminencias anexas a él” y con el goce del “sueldo correspondiente mientras resida o permanezca en Chile”. Según lo explicó la ley chilena, el nombramiento de Prado en tan alto cargo obedeció a “su noble actitud en la actual guerra con España”. Otro cumplido servidor de Chile –el presidente boliviano Mariano Melgarejo– compartió con Prado el reconocimiento del país del sur por los servicios prestados. La sospechosa distinción fue recibida por el dictador en octubre de 1866 (Basadre 1968-70, 5: 343).


Ley de la República de Chile fechada el 17 de agosto de 1866 nombrando a Mariano Ignacio Prado general de división del ejército chileno. Por cinco años, entre 1868 y 1873, Prado cobró del erario chileno el sueldo correspondiente a general de división (Varas 1871, IV: 22-23). 

Debe analizarse en qué consistió la “noble actitud” de Mariano Ignacio Prado hacia Chile. Con este fin, el lector debe remontarse a septiembre de 1865. En esa fecha Chile había declarado la guerra a España en respuesta a la exigencia de la escuadra hispana de saludar la bandera de la Madre Patria con una descarga de veintiún cañonazos en desagravio por supuestas ofensas del país del Mapocho. El problema con la citada declaración de guerra fue que las fuerzas armadas de Chile –en especial su diminuta flota naval– no estaban en capacidad de enfrentar el poderío español (Collier 1996, 118). La armada española, al mando del almirante Pareja, estaba conformada por ocho buques de guerra con un total de 245 cañones. Basadre la calificó como “la escuadra más formidable que había hendido las aguas del Pacífico americano” (1968-70, V: 324). Frente al poderío hispano, poco podía hacer la marina de guerra del país del sur. La escuadra chilena –si podía llamarse tal– estaba conformada por sólo dos naves: la corbeta Esmeralda, artillada con dieciocho cañones, y el transporte Maipu, premunido de cuatro (Burr 1965, 98).

Tras un análisis de la difícil situación, el gobierno chileno concluyó que la única manera como podría enfrentar a España con alguna esperanza de victoria sería si lograse contar con la intervención en su favor de la armada peruana, considerada en ese momento como la más poderosa de Sudamérica. Sin embargo, la inestable situación política del Perú no aseguraba su participación en defensa de Chile.

Oficialmente, gobernaba el país el general Pezet, quien enfrentaba el levantamiento del vicepresidente Pedro Diez Canseco –a quien los insurrectos consideraban presidente– y que estaba secundado por Prado y Balta. Sabedor que entre los líderes rebeldes primaba la opinión de acudir en solidaridad de Chile, el gobierno de ese país envió en misión diplomática al Perú a Benjamín Vicuña Mackenna. Se le encargó hacer contacto con los insurreectos.

En su visita al campamento de los insurgentes, en Chincha Alta, Ica, Vicuña pudo constatar que el presidente Pedro Diez Canseco prefería resolver primero favorablemente el enfrentamiento político con Pezet y luego acudir en ayuda de Chile. En cambio, Mariano Ignacio Prado –que previamente había mantenido conversaciones con Domingo Santa María, embajador extraordinario y ministro plenipotenciario chileno en Lima– se mostró como el partidario más radical de la solidaridad inmediata con Chile (Basadre 1968-70, V: 289). Mariano Ignacio quedó impresionado por Vicuña Mackenna. Años después, cuando Prado residía en el país del sur, apoyó a Vicuña en las elecciones presidenciales chilenas de 1876, según propia confesión (Basadre 1968-70, VIII: 176).

Al terminar su visita, Vicuña registró como punto vulnerable de los insurrectos la precariedad de recursos que imperaba entre ellos, carencia que le sugirió posibles alternativas para influenciarlos y obtener a través de ellos el apoyo de la escuadra peruana.

La visita de Benjamín Vicuña Mackenna fue seguida de la gestión directa del propio Santa María. Éste se acercó a la base de Chincha Alta para plantear abiertamente que la escuadra peruana rebelde viajara a Chile para atacar a los barcos españoles, es decir la misma propuesta que venía siendo defendida por Prado. Rechazado nuevamente el plan por decisión del presidente Pedro Diez Canseco, Santa María concentró sus esfuerzos en lograr la adhesión de Mariano Ignacio Prado, a quien endosó el apoyo político y la ayuda financiera del gobierno del Mapocho (Burr 1965, 98).

Fue así como el oro chileno colaboró para que el 6 de noviembre de 1865 las fuerzas rebeldes de Pedro Diez Canseco y Mariano Ignacio Prado ingresaran a Lima y tomaran Palacio de Gobierno. Veinte días después, Prado fue proclamado Dictador del Perú.

En agradecimiento al apoyo chileno, cuando contaba sólo ocho días en el poder, el 5 de diciembre de 1865, la dictadura de Mariano Ignacio Prado suscribió el Tratado de Alianza Ofensiva y Defensiva con Chile. Por medio de este convenio, Chile aseguró la participación de la escuadra peruana en su defensa. Más aún, la colocó bajo su dirección efectiva, en tanto se encontrara en aguas chilenas. Cuatro naves peruanas fueron asignadas para la salvaguardia del país del sur: las fragatas Apurímac y Amazonas y las corbetas Unión y América. Las naves fueron comandadas por los marinos peruanos Sánchez Lagomarsino, Mariátegui, Miguel Grau y Manuel Ferreyros, respectivamente.

En cuanto a la responsabilidad por los gastos originados por la escuadra conformada en apoyo a Chile, el embajador Santa María redactó un primer proyecto por el cual ese país asumiría dichos egresos. Extrañamente –por razones que podrán comprenderse después– Prado no aceptó el ofrecimiento y a través de Toribio Pacheco, su ministro de Relaciones Exteriores, planteó que los gastos sean asumidos en partes iguales por los dos países. Esta posición fue recogida en el Tratado. Fue así como en términos prácticos, Perú asumió la mitad de los gastos de defensa naval de Chile. ¡En los años 1869, 1870 y 1875 Perú tuvo que pagar a Chile por ese concepto la cantidad de 1,130,000 soles! (Basadre 1968-70, V: 361). Además, en el conflicto, Perú perdió la fragata Amazonas que varó en un banco de arena cerca de la isla de Abtao.

Prado huye a Chile y recibe el pago por sus servicios al país del sur

En 1867, el dictador Mariano Ignacio Prado debió enfrentar la sublevación de Pedro Diez Canseco en Arequipa. En lo que podría considerarse un anuncio de los fracasos que le aguardaban en la guerra con Chile, Prado fue derrotado militarmente por el rebelde Diez Canseco. A lo largo de ochenta días, entre el 16 de octubre de 1867 –fecha en que Prado llegó a Islay– y hasta el 5 de enero de 1868 –en que se retiró al Callao– el autotitulado “héroe del 2 de mayo” bombardeó e intentó tomar por asalto Arequipa en dos ocasiones, siendo rechazado en ambas oportunidades.

Como consecuencia del fiasco militar en Arequipa y el consiguiente éxito de la sublevación de Pedro Diez Canseco, Mariano Ignacio Prado dimitió el 5 de enero de 1868. Cinco días después se embarcó con rumbo a Chile. Llegó a Santiago ostentando el grado (y el sueldo) de general de división del ejército chileno. Residió en el país del sur cinco años, en los que estuvo dedicado a explotar las minas de carbón de piedra Quilachanquín, cerca de Carampangue (Figueroa 1900, 183) y Maquehua (McInnes 1913, II-588).




Presupuesto chileno para el año 1870, en el que se consigna la partida de 3,400 pesos como sueldo de Mariano Ignacio Prado por sus servicios como general de división, en cuartel, del ejército de Chile.


El pago de 3,400 pesos entregado a Mariano Ignacio Prado en 1870 es sólo uno de los desembolsos que recibió del gobierno de Chile, país en el cual permaneció entre enero de 1868 y 1873. Dicha remuneración aparece incluida en el  Presupuesto del Ministerio de Guerra de Chile para el año 1870, Sección de Ejército, Gastos Fijos y Permanentes, Partida 2a., Plana Mayor General, Ítem 3, página 34.

Durante la Guerra del Salitre, Mariano Ignacio Prado mantuvo comunicación con su concuñado y asociado de negocios, el chileno Carlos von der Heyde. Sus cartas eran seguidas por el gobierno chileno, como lo prueba el informe del 19 de abril de 1879 envíado por el Intendente de Valparaíso, Eulogio Altamirano, al ministro Antonio Varas (Varas 1918, 33).

Las “inversiones” de Mariano Ignacio Prado en Chile

A partir de enero de 1868, Prado recibiría el pago de Chile por sus servicios como agente de los intereses chilenos. Además del nombramiento de general de división del ejército chileno, Prado  recibió en arriendo perpetuo, a renta rebajada, la hacienda Maquehua, dedicándose a la explotación de la mina de carbón de piedra allí existente. Inicialmente, sólo pagó cincuenta centavos por tonelada de carbón extraída. Maquehua era propiedad de Guillermo Gibson Délano, concuñado y deudor del político chileno Agustín Edwards Ossandón. Tras el fallecimiento del dueño, Mariano Ignacio compró Maquehua a los herederos de Gibson. Pagó la hacienda a un ostensible precio subvaluado. Sin duda, los favores de renta y precio conferidos a Prado por Gibson contribuyeron a amortizar la deuda que éste tenía con Agustín Edwards.

El 29 de mayo de 1872, en Valparaíso, Mariano Ignacio Prado y su concuñado, el chileno Carlos von der Heyde, entre otros capitalistas, formaron la Sociedad de Minas de Carbón de Carampangue para explotar Maquehua y Quilachanquín (Ortega Martínez 2005, 240-243). El 3 de diciembre de 1872 la empresa recibió permiso para construir un ferrocarril de trocha angosta entre Maquehua y Laraquete. En 1873, la Sociedad fue autorizada a extender la vía férrea hasta Colico. Los ferrocarriles construidos por Prado fueron los primeros en Arauco (Pizarro Soto 1991, 166).

A la propiedad de la anterior empresa, Prado añadió su participación en el accionariado de la Compañía de Minas de Carbón de Arauco a través de Carlos von der Heyde y Compañía, empresa de su concuñado formada el 12 de diciembre de 1872, también en Valparaíso. En junio de 1876, Prado contrató con los dueños de Quilachanquín la extracción de todo el carbón de piedra que pudiera encontrarse en este fundo a cambio  de pagar una regalía de veinticinco centavos por tonelada. Prado inició la explotación en 1877, la paralizó en 1879 por la guerra y reanudó sus trabajaos en 1883 después del Tratado de Ancón (Sociedad Carbonífera del Carampangue 1906, 4).

Prado reconoció poseer inversiones en las minas citadas en la entrevista que sostuvo con Joaquín Godoy –el embajador chileno en el Perú– el 20 de marzo de 1879. En el rancho que tenía en Chorrillos, Prado le recordó al ministro del país del sur que “su fortuna estaba invertida en una empresa dedicada a la explotación del carbón” y que él deseaba la paz no sólo como muestra de gratitud hacia el país que lo había acogido con amabilidad durante su exilio sino, inclusive, por su propio interés personal (Bulnes 1920, 152). En 1888 Prado vendió el negocio a la Compañía de Minas de Arauco por la suma de un millón setecientos cincuenta mil pesos de treinta peniques (cerca de 45 millones de dólares del día de hoy), sin duda una cifra abultada para quien sólo pagaba regalías por el carbón extraido de la propiedad de otros capitalistas (Sociedad Carbonífera del Carampangue 1906, 4-5).

Los rendimientos de las inversiones de Prado pueden entenderse como la recompensa por prestarse a promover los objetivos de la política exterior chilena. Su interposición con el fin de  colocar a la escuadra peruana al servicio de Chile, en las difíciles circunstancias por las que atravesaba el país del sur, permitieron a esta ingrata nación enfrentar exitosamente a España. En tanto que el Perú perdió la fragata Amazonas en el conflicto, la nación del Mapocho recibió de la nación del Rímac la suma de 1,130,000 soles (23 millones de dólares de hoy) en concepto de contribución del Perú para defender a Chile. Los únicos desembolsos que debió efectuar el país del sur para obtener estos resultados fueron financiar la revuelta de Mariano Ignacio Prado, en septiembre de 1865, nombrarlo general de división y entregarle la explotación de minas de carbón de piedra en la región de Arauco.


Informes de la Sociedad Carbonífera del Carampangue dan cuenta que el desertor y traidor al Perú Mariano Ignacio Prado recibió en 1888 la suma de un millón setecientos cincuenta mil pesos de treinta peniques por sus negocios de extracción de carbón de piedra de Quilachanquín (Sociedad Carbonífera del Carampangue 1906, 4-5).

Mariano Ignacio Prado financiado por Agustín Edwards Ossandón, el mayor capitalista de la historia republicana de Chile


En la composición fotográfica superior aparece, a la izquierda, Agustín Edwards Ossandón (1815-1878), el hombre más acaudalado de toda la historia republicana de Chile, prestamista fundador del Banco de A. Edwards y Cía., accionista de la tristemente célebre Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta –que provocó la Guerra del Salitre−, empresario y exportador minero y capitalista de empresas ferrocarrileras, de vapores y de seguros. También fue diputado y falleció siendo senador por Valparaíso. A la derecha se encuentra Mariano Ignacio Prado, el cobarde, traidor y ladrón presidente del Perú, que fugó del país en diciembre de 1879, abandonando a nuestra nación en plena guerra con Chile y, por supuesto, levantando con todo lo que pudo levantar.

La información sobre el financiamiento de Edwards a Mariano Ignacio Prado se encuentra contenida en la investigación La fortuna de Agustín Edwards Ossandón: 1815-1878 publicada por el historiador chileno Ricardo Nazer Ahumada en la Revista Historia de la Universidad Católica de ese país. Los datos están basados en el Inventario de bienes del finado señor Agustín Edwards Ossandón en 1880, que se conserva en el Archivo Judicial de Valparaíso ubicado en el Archivo Nacional de Santiago de Chile.

El general de división chileno Mariano Ignacio Prado Prado aparece en la lista de empresas e individuos de confianza de Edwards Ossandón a quien éste había prestado dinero sin necesidad de firmar pagarés, escrituras públicas de obligación, ni garantías por los capitales recibidos.

Para que pueda apreciarse la relación especial existente entre Edwards y Prado, debe anotarse que la deuda de éste último jamás fue enviada a cobranza judicial ni tampoco fue considerada de difícil recuperación. En orden de magnitud, Mariano Ignacio Prado es el tercer deudor de Edwards Ossandón, a quien adeudaba el 30 de septiembre de 1880, en plena guerra de Chile contra el Perú, la suma de 158,788 pesos chilenos con 95 centavos. Aplicando la metodología de valorización de Nazer, Prado debía a Edwards el equivalente de 22 millones de dólares del día de hoy.  

Como afirma el historiador Nazer Ahumada, “sorprende la presencia del empresario y político peruano Mariano Ignacio Prado” en la lista de deudores (Nazer, 382). Nótese que Edwards Ossandón sólo había prestado más dinero a su hijo, Agustín R. Edwards Ross y a la empresa de su cuñado −y uno de los manejadores de Prado en Chile− Guillermo G. Délano y Cía.

Tratando de encontrar una respuesta al inusitado apoyo financiero de Edwards a Prado, debe recordarse que el capitalista chileno era dueño de inversiones mineras y en la industria del salitre ubicada en el litoral boliviano. Por lo tanto, veía a Prado −que se disponía a regresar al Perú y ser candidato a la presidencia en las elecciones generales de 1876−  como el instrumento que le permitiría expandir su presencia empresarial en el departamento salitrero peruano de Tarapacá.

Así es mis estimados lectores. Entre 1879 y 1884, mientras Grau, Bolognesi, Alfonso Ugarte, Leoncio Prado y miles de valientes entregaban la vida defendiendo al Perú, el cobarde, traidor y ladrón Mariano Ignacio Prado seguía atendiendo desde Estados Unidos y Europa sus negocios con la oligarquía y plutocracia chilenas representadas por los sucesores del finado Agustín Edwards Ossandón.


Desde los años del golpe de estado contra Pezet, Mariano Ignacio Prado se constituyó en asolapado instrumento político y económico de la oligarquía chilena. Cuando vivió en el país del sur, a partir de 1868, se acentuó su dependencia del chileno Agustín Edwards Ossandón, a quien debía el 30 de septiembre de 1880 la suma de 158,788 pesos chilenos con 95 centavos, como se aprecia en el cuadro anterior.

El negociado en la compra de los monitores Manco Capac y Atahualpa

Aduciendo que Perú aún se encontraba en guerra con España y que el país necesitaba reforzar su escuadra, Prado contrató apuradamente la compra de los monitores fluviales Oneoto y Catawba. La adquisición fue concertada con la firma estadounidense de Alexander Swift y Co. El trato fue suscrito en Lima, el 4 de octubre de 1867, cuando a Prado sólo le faltaban ocho días para dejar de ser presidente de la república.

Ambas naves habían sido construidas para monitorear las aguas del río Mississippi –no para la navegación marítima– y habían sido dadas de baja a la finalización de la Guerra Civil de los Estados Unidos. Incorporadas en la marina peruana, la primera tomaría el nombre de Manco Capac, en tanto que la segunda sería bautizada como Atahualpa.

Desde su gestación, la compra de los monitores fue una operación fraudulenta. El 4 de octubre de 1867, fecha del contrato, el propietario legal de las embarcaciones era el Gobierno de los Estados Unidos y no la firma vendedora Swift y Co. Sin constatar si el propietario de las naves era quien decía serlo, y más interesado en formalizar la operación rápidamente, Prado hizo venir a Lima a Gustavus Ricker, representante de la firma Alexander Swift y Co., y ordenó firmar en la capital peruana el contrato de adquisición al ministro de Guerra y Marina Mariano Pío Cornejo.

En transacción sobrevaluada, el Perú pagó por los blindados la suma de dos millones de pesos (Basadre 1968-70, VI: 61). Dicha cantidad fue bastante mayor que la suma de 1,242,850 dólares, costo original de ambas naves (Congreso de Estados Unidos 1869, 9, 29). Más aún, el 18 de febrero de 1868 la Comisión de la Marina de los Estados Unidos encargada de la tasación de ambos monitores los avaluó en 755,000 dólares (Congreso de Estados Unidos 1869, 9, 29). El negociado dejó a la firma vendedora una ganancia estimada en más de un millón doscientos mil dólares.

Las anteriores irregularidades no fueron las únicas detectadas en el proceso de adquisición. Señalaremos además que el contrato firmado por el gobierno de Prado con Alexander Swift y Co. no fijó fecha de entrega de las naves al Perú (Congreso de Estados Unidos 1869, 189). A pesar que en febrero de 1868 los monitores habían sido íntegramente pagados, en esa misma fecha el Gobierno de los Estados Unidos seguía siendo dueño legal de ambos. Alexander Swift and Co. ni siquiera los tenía en su poder.

Conservadoramente, se estima que Prado percibió como cohecho por esta operación entre el 10% y el 20% del importe total de la misma, es decir 200,000 y 400,000 dólares (entre 4.5 y 9 millones de dólares del día de hoy). El propio Gustavus Ricker reconoció haber tenido que efectuar entregas irregulares a los gobernantes peruanos. Interrogado por la comisión investigadora del Congreso de los EE.UU., Ricker contestó textualmente: “Nosotros tuvimos que pagar algo en el extranjero [es decir, en el Perú]” (Congreso de Estados Unidos 1869, 248).

La adquisición de los monitores Manco Capac y Atahualpa también posibilitó el primer negociado de Prado con William R. Grace, que en ese año aún operaba bajo la razón social de Bryce, Grace, and Co. José Antonio García y García, futuro presidente del Senado y ministro de Relaciones Exteriores, fue nombrado enviado extraordinario para finalizar el irregular trato de los monitores. García y García viajó a los Estados Unidos y encargó directamente a Grace el reclutamiento de las tripulaciones, la compra de provisiones y municiones, la adquisición y reacondicionamiento de vapores auxiliares y el reclutamiento de personal y provisión de suministros para dichos vapores (James 1993, 55).

En cuanto a las naves adquiridas a tan elevado precio, éstas no cumplieron funciones como monitores en razón a que no fueron diseñadas para operaciones en el mar. Durante la guerra con Chile, el Manco Capac fue usado como batería flotante en la defensa de Arica, por lo que tuvo que ser remolcado hasta dicho puerto. El Atahualpa permaneció anclado en el Callao: no podía navegar por el deterioro de sus calderas. Ambos monitores de río fueron hundidos por sus propias tripulaciones para evitar que cayeran en manos enemigas. Como escribió Basadre (1968-70, VI: 62), “no se llega a comprender cuáles fueron los beneficios aportados al país con la adquisición del Manco Capac y el Atahualpa”. Quien sí entendió el negocio, y bastante bien, fue don Mariano Ignacio Prado.

El negociado del contrato Raphael

El 11 de marzo de 1876, cuatro meses antes de asumir el mando, Mariano Ignacio Prado obtuvo del presidente saliente Manuel Pardo su nombramiento como embajador extraordinario y ministro plenipotenciario del Perú en el Reino Unido. El decreto también incluyó la designación de Prado como comisionado especial financiero en Europa. Sin lugar a dudas, el extraño pedido del presidente electo obedeció a las conversaciones que había sostenido con el negociante Alexander de Laski, enviado de manera secreta a Lima por la firma Raphael y Sons


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Mariano Ignacio Prado: general de división del ejército chileno y ladrón del Perú.- Desde 1868, oligarquía chilena entregó a Prado minas de carbón de piedra, que con los años el desertor consideraría sus "inversiones".- Agustín Edwards Ossandón (1815-1878), el capitalista más acaudalado de la historia de Chile, financiaba a Prado.- Negociados del general chileno en la compra de monitores inservibles, el contrato Raphael y los sobornos recibidos de Meiggs y Grace

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