Con la entrada en vigor de la reforma del Código Penal en España, el uso del Software Sin Licencia puede conllevar duras responsabilidades penales para las empresas que infrinjan la ley y, como novedad, ahora también responden sus administradores.
La reforma del Código Penal español entrará en vigor el próximo 1 de julio. Una de sus novedades es que se agravan las consecuencias penales derivadas del uso de software ilegal que se encuentre en los sistemas informáticos de las empresas, tanto para las organizaciones como para los administradores de las mismas.Las penas aplicables a las personas jurídicas pueden ser de multa de hasta 280.000 euros; disolución de la persona jurídica; suspensión de las actividades por un plazo que no podrá exceder de cinco años; prohibición de realizar en el futuro actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito; inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, o incluso intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores.En cuanto a los administradores, las penas previstas para los delitos contra la propiedad intelectual podrían alcanzar, en determinados caso, los cuatro años de privación de libertad, además de multas similares a las previstas para las personas jurídicas.Por tanto, “si se detecta que una organización dispone de Software sin licencia, se arriesga a tener que pagar daños y perjuicios por las licencias de software que debería haber adquirido en primera instancia, además de las posibles consecuencias penales en caso de que se actué por vía criminal, y no solo civil. Además, las compañías también están obligadas a asegurarse de que todo el software está licenciado de forma adecuada de cara al futuro”.
La reforma del Código Penal español entrará en vigor el próximo 1 de julio. Una de sus novedades es que se agravan las consecuencias penales derivadas del uso de software ilegal que se encuentre en los sistemas informáticos de las empresas, tanto para las organizaciones como para los administradores de las mismas.
Las penas aplicables a las personas jurídicas pueden ser de multa de hasta 280.000 euros; disolución de la persona jurídica; suspensión de las actividades por un plazo que no podrá exceder de cinco años; prohibición de realizar en el futuro actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito; inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, o incluso intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores.
En cuanto a los administradores, las penas previstas para los delitos contra la propiedad intelectual podrían alcanzar, en determinados caso, los cuatro años de privación de libertad, además de multas similares a las previstas para las personas jurídicas.
Por tanto, “si se detecta que una organización dispone de Software sin licencia, se arriesga a tener que pagar daños y perjuicios por las licencias de software que debería haber adquirido en primera instancia, además de las posibles consecuencias penales en caso de que se actué por vía criminal, y no solo civil. Además, las compañías también están obligadas a asegurarse de que todo el software está licenciado de forma adecuada de cara al futuro”.
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