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La Cámara Empresaria de Medio Ambiente opina sobre la Ley 27191

La Cámara Empresaria de Medio Ambiente sigue con atención la reciente reglamentación de la Ley 27.191. Según su presidente, Guillermo Pedoja, se aguardan definiciones acerca del sistema de subastas o licitaciones para que los proyectos en carpeta no sufran demoras que perjudiquen el despegue sectorial.

A la hora de describir el actual panorama energético nacional desde una perspectiva Ambiental, el presidente de la Cámara Empresaria de Medio Ambiente (CEMA), Guillermo Pedoja, considera que la Argentina presenta serios problemas estructurales vinculados con la falta de abastecimiento de hidrocarburos, los emprendimientos de energías renovables que se encuentran detenidos (como el Programa Genren), la obsolescencia en los sistemas de distribución eléctrica en las ciudades y las demoras en el inicio de nuevas obras en etapa de redefinición de viabilidad, entre otras dificultades de consideración.
No obstante, de cara al futuro inmediato cree que también pueden vislumbrarse algunas señales sumamente positivas. “Con las medidas ya tomadas o las que está por tomar el actual Gobierno, tales como reconocer un precio del barril criollo mayor que el internacional, establecer un valor del gas natural a boca de pozo que incentive la producción, avanzar con la reglamentación de la reciente Ley de Energías Renovables y promover la recuperación de tarifas eléctricas que permitan comprometer la realización de mejoras indispensables en el ámbito de la distribución, sin dudas se están fijando las bases para pensar en un escenario más propicio”, señala el directivo.
En ese sentido, considera fundamental cerrar el déficit energético y aspirar a que la Argentina disponga de una matriz de generación más diversificada que la vigente, con una mayor confiabilidad y un menor impacto ambiental. “De ese modo, será posible que el país vaya reduciendo sus emisiones de dióxido de carbono (CO²) y coadyuvando al cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de cambio climático”, asegura.
¿Qué expectativas le suscita la Ley de Energías Renovables?
Esperamos definiciones acerca del sistema de subastas o licitaciones y nuestra expectativa es que no se retrase la incorporación de una mayor capacidad de producción energética. Lo crítico en este momento es, justamente, dar lugar a una mayor expansión de la generación. Los proyectos tienen un determinado plazo de implementación y esperamos que las nuevas medidas no retrasen este proceso.
Debe destacarse que el precio que establece la Ley –de US$ 113 por MWh– no especifica a qué tecnología corresponde. A nuestro criterio, será importante establecer, además, precios de referencia para cada tecnología viable.
Lo mismo pensamos con respecto a los mecanismos de financiación (como el Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables –FODER–) y los beneficios fiscales de todo tipo (desde derechos de importación hasta impuestos internos, ganancias, IVA e ingresos brutos), que también deben tener correlación con los plazos de implementación de cada tecnología.
Oferta calificada
La CEMA es una organización integrada por compañías que proveen bienes y servicios para la preservación del medio ambiente y la mejora de la calidad de vida. Las empresas asociadas a la Cámara constituyen la suma de la oferta calificada y representativa en servicios ambientales del país. Se destacan por brindar productos y servicios con tecnologías modernas y eficientes acordes a las necesidades de las industrias y los organismos públicos, junto con su fuerte compromiso con la comunidad.
La entidad también desarrolla experiencias de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) para incorporar los aspectos sociales a la actividad de las firmas integrantes y fomentar comportamientos positivos en términos comunitarios y de protección ambiental.
¿Debería priorizarse algún tipo de generación renovable en particular?
Desde un punto de vista ambiental, es necesario establecer los requisitos que aseguren la sustentabilidad de cada opción tecnológica y que además permitan contemplar beneficios ambientales agregados. En esa dirección, corresponde diferenciar las tecnologías pasivas (como la solar y la eólica) de aquellas como las basadas en la biomasa, que al mismo tiempo que generan energía ofrecen una solución a la disposición de residuos agroindustriales y a la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos (RSU).
Por ejemplo, y a pesar de que con él se obtiene biogás, un relleno sanitario resulta menos sustentable que un reactor de degradación anaeróbica de biomasa. La ocupación del suelo que requiere un relleno es muy relevante, en tanto que –con una inversión menor– los reactores pueden comenzar a generar energía en un mes a partir de su puesta en marcha. Vale acotar que un relleno no produce biogás antes de cuatro o cinco años.
¿Cómo vislumbra el desarrollo de la minería en el país?
El sector minero nacional recibió impulso a través de una serie de medidas implementadas por el Gobierno, tales como la reducción de regalías y la libre disposición de utilidades y la devaluación del peso, entre otras, las cuales le permitirán disputar la inversión internacional en igualdad de condiciones con otros países de la región. De todos modos, todavía persiste un escenario de precios bajos para los metales, lo que hace que el proceso de nuevas inversiones se desarrolle con lentitud.
Dados los problemas ambientales registrados por algunas empresas del sector en 2015, entendemos que debe trabajarse de manera prioritaria en optimizar la forma de realizar las tareas, minimizando los riesgos y mejorando la comunicación con la población de su área de influencia. Debe procurarse restablecer y fortalecer la confianza y el compromiso entre la comunidad, el Estado y las empresas.
La CEMA ha definido como objetivo anual desarrollar un protocolo o guía para brindar su aporte en este sentido.
Fuente: http://revistapetroquimica.com/


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