El Congreso, el Senado y los distintos parlamentos autonómicos deberían crear un órgano regulador para que supervise la gestión de las Mesas Parlamentarias. A este órgano se le debería dar la potestad de sancionar o expulsar, si fuera necesario, aquellos miembros de las Mesas que intencionadamente paralicen la actividad parlamentaria buscando con ello algún tipo de rédito partidista o electoral. A nivel estatal –desde que dio comienzo la actual legislatura– hemos visto como el PP, en consenso con Ciudadanos, ha ralentizado o bloqueado la tramitación de iniciativas, enmiendas, proyectos de Ley y no de Ley debido al control que ejercen sobre las decisiones que se toman en la Mesa del Congreso de los Diputados. A nivel autonómico, estamos viendo como la Mesa del Parlament de Cataluña da su consentimiento a diputados independentistas para que puedan votar leyes que son incluso inconstitucionales. En mayor o menor medida –o gravedad– la extralimitación de las Mesas se observa en todos los parlamentos de España. Este tipo de engaños no pueden permitirse en un Estado Derecho. Lo menoscaban.
Diario de Extremadura / English
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