Muchos nos hemos hecho esta pregunta: ¿quién está detrás de las protestas y de las manifestaciones ecologistas? Basta con que se haga el anuncio de un proyecto de parque eólico, de una refinería, de una central térmica o de un almacén de residuos nucleares para que cientos o miles de manifestantes aparezcan por el pueblo donde se va a realizar la obra y exijan la completa paralización del proyecto. ¿Son los habitantes de la zona afectada los que protestan? Parece que no.
La empresa australiana Berkeley Energía tiene en proyecto una mina de uranio cerca de la localidad salmantina de Villavieja de Yeltes, en la comarca de Retortillo. Para llevarlo a cabo, la compañía ha invertido en la última década más de 70 millones de euros y espera gastar 250 millones más para su puesta en marcha, sin solicitar ayudas al Gobierno. Para conseguirlo, necesita una licencia urbanística de construcción local (que ya posee) y la autorización del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que está elaborando un informe que puede que finalice en 2021.
El revuelo que ha causado en la comarca ha sido tremendo. La zona tiene unos niveles altísimos de desempleo juvenil y la promesa de 400 puestos de empleo directos y más de 2.000 indirectos ha provocado que las solicitudes de empleo que ha recibido la empresa, a pesar de la incerteza y de los plazos que se manejan para su apertura, lleguen a 23.000, lo que supone 57 solicitudes por cada puesto de empleo directo. Por comparar cifras, en la última oposición para la Guardia Civil, se presentaron 15 por cada puesto y en la del cuerpo docente de funcionarios, 13.
Pero lo curioso del tema es que, de entre todas las solicitudes, 400 provienen de pueblos que rodean la mina y 118 son de Villavieja de Yeltes, justo al lado. Aunque parezca un número bajo, 118 solicitudes representa el 25% de la población permanente del pueblo. Si tenemos en cuenta la alta proporción de jubilados que habitan en estas localidades, no resulta descabellado pensar que más del 50% de su población activa ha presentado la solicitud.
Esta masiva respuesta choca de lleno con las manifestaciones que se han realizado este año en el pueblo (también en Salamanca) en contra del proyecto minero bajo el lema “No a la mina, sí a la vida” o Menos minería, más ganadería”, con una gran afluencia de participantes. ¿Creen que ese 50% de la población activa que ha presentado su solicitud para trabajar en la empresa estaba entre los manifestantes? ¿O quizá sus familiares más allegados porque no quieren que trabajen sus seres queridos? ¿Serán sus vecinos que les tienen manía? Evidentemente, muy pocos, por no decir ninguno de los habitantes de Villavieja de Yeltes sacaron pancartas a la calle aquel día.
Los manifestantes venían de lejos, de muy lejos y eran los mismos que acuden a todos los actos que se organizan en cualquier punto de la geografía española en contra de toda forma de progreso, camuflados, eso sí, bajo la bandera de un falso ecologismo. Individuos a los que les importa muy poco que toda una comarca languidezca mientras ellos, al día siguiente, acuden a sus puestos de trabajo, fijos y bien remunerados (habitualmente en organismos públicos), a preparar la “escapada” del fin de semana siguiente a otro pueblo que ellos consideren conflictivo.
Desgraciadamente, los vecinos de Villavieja de Yeltes tienen la batalla perdida. Y no es por culpa de los cuatro “ecologistas” que se manifestaron por sus calles. Según informa hoy la agencia Reuters, el Gobierno “esperará a que se resuelvan los procesos en marcha, pero se opondrá en cualquier caso a la apertura, descartando conceder los permisos necesarios”. ¿Y en caso de que el CSN dicte un informe positivo? Pues tampoco. Con dos coj..
Es lo que tienen los gobiernos “progresistas”; siempre velando por aumentar la riqueza de sus ciudadanos, proporcionándoles puestos de trabajo dignos y bien remunerados en el sector ganadero.
