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¿Es esta la Europa de los Pueblos?

En las democracias plenas, los intereses de los Estados y los de los pueblos deberían coincidir; si son divergentes, la democracia es una farsa. ¿Qué ha pasado en España? Las 100 personas más ricas acumulan una riqueza equivalente al 18% del PIB cuando casi el 29% de la población está en riesgo de pobreza. Es legítimo hacerse estas preguntas: ¿Por qué cada vez aumenta más la riqueza de los ricos al mismo tiempo que crece la precariedad, el paro y la pobreza de los trabajadores? ¿Qué tiene que ver esa situación con las políticas dictadas por la UE?

Durante casi tres décadas se fueron creando las condiciones para la construcción de la Comunidad Económica Europea, basada en el crecimiento de la producción, el empleo y el consumo, que trajo como consecuencia un progresivo estado del bienestar. Ello fue posible con la aplicación de políticas económicas keynesianas, desarrolladas alternativamente tanto por gobiernos socialdemócratas como por cristianodemócratas, en parte por atajar la llegada al poder de los partidos comunistas. Estas políticas, aplicadas desde un capitalismo humanizado, se asentaban en los principios ilustrados que orientaron a Europa tímidamente desde el siglo XVIII: libertad individual; estado del bienestar y justicia social universal; separación de poderes, estado laico, libertad de religión, expresión y prensa; derecho a la educación y a la sanidad…

Hasta 1974, Europa vive un desarrollo económico que permite aplicar esas políticas y conseguir que la población alcance un desconocido hasta entonces estado del bienestar. La crisis del petróleo produjo una recesión importante que afectó al empleo y a los salarios. A ello se sumó un giro radical en las políticas económicas con la doctrina neoliberal influenciada por los economistas Hayek y Friedman, y que sus aventajados alumnos, Reagan y Thatcher, aplican con rigor en sus respetivos países y en América Latina. Esta doctrina sirvió de modelo en la década de los ochenta, en el ocaso de la guerra fría, para el desarrollo del proyecto europeo. En resumen: se imponen los intereses económicos de los poderosos sobre los derechos sociales.

En 1996, el historiador británico, profundo conocedor de Europa y europeo entusiasta, Tony Judt, sentencia: «La excepcional combinación de circunstancias que han prevalecido en los primeros años de la Comunidad ha pasado a la historia y no volverá a darse nunca… el futuro de Europa será en las condiciones que fije Alemania, o no será».

La liberalización del mercado, la competitividad y la austeridad aplicados a las políticas económicas ponen fin al estado del bienestar. El tratado de Maastricht excluye las políticas fiscales y sociales. Sin la unidad fiscal se impone a continuación la moneda única: el euro. Esgrimiendo el dogma de la estabilidad presupuestaria, se fijan arbitrariamente los límites del déficit: el 3% del PIB. Al no poder cada estado aplicar políticas de estabilidad devaluando su moneda, la única fórmula para cumplir lo exigido es (ante políticas fiscales restrictivas que limitan los ingresos), reducir los gastos recortando sueldos, pensiones y servicios sociales. El Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), en teoría pretendía garantizar la estabilidad financiara en la eurozona, pero en realidad, en opinión de Susan George, se trató de «un subterfugio jurídico para obligar a los contribuyentes a rescatar a los bancos a perpetuidad». El Tratado de Lisboa hace, a partir de 2009, del BCE un organismo absolutamente independiente de los estados. Presta hoy en torno al 0% de interés a los bancos, sin condiciones, y estos lo hacen a los estados al tipo del mercado. Lo grave es que los tres poderes de la UE han participado activamente en este proceso. La reforma en España del artículo 135 de la Constitución es la antidemocrática respuesta obligada a estas exigencias: primero la banca, luego la urgencia social.

Las políticas neoliberales, como vemos, tienen por finalidad controlar todas las fuentes del capital. La crisis, estafa que la especulación capitalista ha provocado, terminó agravando la situación de la clase trabajadora. Por el contrario, la clase de las grandes fortunas y los directivos de la banca y de las grandes empresas consiguió aumentar sus beneficios. En la crisis de 1929, el banquero, economista y Secretario de Estado del Tesoro de Estados Unidos Andrew Mellon dijo que «es una depresión, los activos regresan a sus propietarios legítimos». Y esa senda sigue la Troika. Las oligarquías imponen su poder por encima de los parlamentos estatales, lo que solo pueden lograr con la complicidad ilícita de sus gobernantes. Las consecuencias las pagan los trabajadores. ¿Por qué ha de mantenerse a toda costa el orden que protege los privilegios de los ricos y se reprime la exigencia de que impere el orden que garantice los derechos de los pobres? Lo llaman «estado de derecho». Traidoramente, los pueblos de Europa son conducidos, si no reaccionan, de la esperanza hacia un futuro inquietante.

José Castaño Hinojo, miembro del Colectivo Prometeo y del FCSM.

Fuente: Colectivo Prometeo



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