Leyes especiales de la ideología de género acaban con la ley, no con la violencia

CUANDO se trata de ser correctos con las modas ideológicas, presumir de bondad y compasión y alardear de progresismo nadie se quiere quedar atrás. El Gobierno de España es campeón. Y ninguna comunidad autónoma hizo el ya habitual feo de ausentarse. Así ha sido con el Pacto de Estado –no podía ser nacional, eso tampoco– de Violencia de Género. Todas las representantes de las autonomías para esa consejería de «igualdad», en coro con la ministra Dolores Montserrat, ella también siempre la más «progresista» de la clase. Las sacerdotisas de la igualdad presentaban un pacto que destruye todo el resto de igualdad ante la ley que pudiera quedar después del periodo negro del zapaterismo. Con estas para la violencia de género, las de LGTB y otras que surjan en la tormenta mediática ideológica, España tiene ya leyes especiales a capricho. Que privilegian a unos españoles y dejan a otros en la absoluta indefensión legal. Que determinan profundamente el comportamiento de los privilegiados y de los inermes. Sin trivializar aquello, hay que recordar que esa es la senda que lleva a las leyes de Nuremberg de 1934. Allí se hicieron leyes especiales para los judíos. Si dices esto te llaman cómplice de los hombres que matan a sus mujeres. De los que son asesinos y maltratadores que merecen pudrirse en la cárcel. Y de los que son enloquecidos porque denuncias falsas les han quitado a sus hijos, su casa, su patrimonio, su trabajo, su cordura y sus ganas de vivir. Denuncias falsas que muchas veces recomiendan las abogadas, que quedan casi siempre impunes y que, por supuesto, aumentarán con las nuevas medidas.

El Pacto llega bajo la conmoción de las muertes de mujeres por violencia doméstica. Con su enorme efecto mediático son ya siempre un alegato para ese radicalismo ideológico. Nadie pida sentido común o equilibrio. Nadie demande un análisis serio sobre las causas de unas muertes y otras. De las de parejas homosexuales. De las muertes de hombres y tantos suicidios de hombres a los que han destruido la vida. También las mujeres son tratadas de forma muy distinta según convenga al cálculo político e ideológico que hay tras el eco mediático. Las víctimas de violaciones colectivas son mártires omnipresentes en las televisiones siempre que sean violadas por españoles. Las víctimas de «manadas» de Marruecos u otro lugar más remoto, como hace días en Canarias, no existen. Ahí dosifican feminismo en aras de antirracismo para que el cóctel ideológico sea apropiado. Los medios obedecen. Los partidos participan. Por convicción o por cobardía. Los ciudadanos callan. Temen el reproche.

El Pacto se aprobó en septiembre en el Congreso sin votos en contra. Fueron 278 a favor. Las 65 abstenciones se debieron a que los comunistas de Podemos y algún otro querían aun más medidas de ideología de género. Aún más medidas especiales de castigo extrajudicial, aún más leyes especiales que hacen irrisoria la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia, base del Derecho. Y querían aun más poder y dinero para organizaciones feministas y para esos órganos estatales o paraestatales que, copados por el feminismo y la extrema izquierda, hacen sospechoso al hombre desde un principio de toda causa y ridículo cualquier intento de defenderle. Ahora el Pacto trae 200 medidas que servirán para hacer más irrespirable el ambiente social, enconar los conflictos, fomentar la denuncia falsa y promover la injusticia. Además de la censura porque los medios habrían de someterse a dichas arbitrariedades. Ah, se me olvidaba, esto que no falte, mil millones para que se repartan órganos y pesebres ideológicos al final al servicio de la extrema izquierda, de agitadores contra la familia y enemigos del Estado.

HT en ABC, 29.12.17

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