México, D.F., 7 de septiembre (apro).- Académicos, miembros de organizaciones sociales y exconsejeros electorales criticaron la negativa del IFE a la solicitud de Proceso, para acceder a las boletas electorales. Aseguraron que esta decisión, incluso, contraviene el reglamento en la materia y a la Constitución.

Ernesto Villanueva, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, destacó que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece medidas para evitar la opacidad y privilegiar la transparencia de la elección presidencial, en este caso.

Es una expresión política para lograr someter un criterio de orden jurídico, espetó durante el Ciclo de mesas redondas sobre la transparencia electoral que se realizó este jueves en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En su opinión, el IFE hizo una interpretación de la ley, violando el artículo 14 respecto a la información reservada, en la cual no se señala que la información electoral tenga esta clasificación.

Consideró que la finalidad es que el asunto de la elección presidencial se quede como ésta, no se haga ruido. “La legitimidad es que no quede huella de esto”, comentó.

La respuesta, dijo, es contradictoria, pues muestra dos ordenamientos jurídicos contradictorios entre sí que deberán ser apelados por la vía del amparo.

“Sería interesante que el juzgador decidiera si es posible interpretar o atenerse a la ley”.

Irma Sandoval, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales, consideró que el IFE es sujeto obligado de la ley de transparencia, por lo que su respuesta es débil jurídicamente, pues dice que no puede dar acceso a las boletas electorales porque no son documentos, sino expresiones materiales de la preferencia electoral de los ciudadanos.

Aunque el IFE reconoce que las boletas fueron elaboradas con recursos públicos, indica que pierden su carácter de papeletas electorales cuando los ciudadanos votan.

En su opinión, este es el principio de una batalla legal que el IFE confunde con política, pues la finalidad de las organizaciones sociales que apoyan la solicitud de Proceso no es colocar en la silla a un presidente ciudadano, sino transparentar el ejercicio de las instituciones electorales.

Sólo la información privada es reservada, no la electoral, puntualizó.

John Ackerman, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, recordó que este proceso es similar al del 2000 en Estados Unidos, cuando finalmente por iniciativa de los más importantes diarios se hizo una solicitud similar y se realizó un conteo, que finalmente fue suspendido por decisión de los republicanos.

Luego, en 2004, en la elección presidencial, el estado en disputa fue Ohio donde, al igual que en México, los conteos distritales no correspondían a los de casillas.

“Esto no es un recuento politizado, conocer qué pasó no tendrá impacto legal”, indicó.

Hugo Almada, de Alianza Cívica, recordó que el IFE se tardó un día más en responder la solicitud del semanario, donde le pedía otros quince días más para emitir la resolución. La ley dice que si no se aprueba en el plazo, se dará por aceptada la petición, apuntó.

En su opinión, además de contar los sufragios se deberían contar los votos de más o de menos registrados en algunas casillas, porque el problema de que haya una boleta de más es el inicio de una cadena de votantes, y un conteo de esta naturaleza permitiría transparentar el proceso.

El exconsejero del IEDF, Rubén Lara, recordó la idea de que hubo fraude en esta elección presidencial, pero ya no es lo de antes, con prácticas como el “carrusel”, “tacos”, para sumarse votos. “También en este sentido hemos avanzado”, dijo, tras resaltar que en este caso se usó la cibernética para tal fin.

Añadió que el dictamen del TEPJF sobre la elección presidencial no resuelve las dudas sobre el proceso, pese a ser “definitivo e inatacable”, como dice el IFE, o “inacatable”, como señala el periodista Miguel Angel Granados Chapa, citó.

En su opinión, el fraude se realizó en las boletas sobrantes y faltantes, y la clave está en las diferencias entre los votos recibidos por el Partido Nueva Alianza para presidente, diputados y senadores. “Dame uno de tres”, fue la clave, dijo Lara recordando el spot del candidato Roberto Campa. “Pero no dijo ‘dámelo antes’”.

Para el también exconsejero Eduardo Huchim había elementos para el “voto por voto, casilla por casilla”, pero el TEPJF quedó a deber. Al final, comentó que la ventaja de Calderón sobre López Obrador, con los propios datos del Tribunal, “equivale a menos de dos votos por casilla”.

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