Arnaldo Musa/Cubasí.─ El atentado terrorista contra una academia de cadetes de la policía en Santander ha servido de pretexto al presidente de Colombia, Iván Duque, para romper las negociaciones de paz que sostenía con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), al que se le ha tratado de vincular con el hecho, y, de paso, tras “agradecer” a Cuba su condena al respecto, aprovechó para pedirle a La Habana que le entregue los integrantes de la delegación del ELN en el ahora rechazado diálogo por Bogotá.

Desde antes de llegar a la presidencia, Duque había expresado que estaba en desacuerdo con el convenio de paz firmado en La Habana por el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, hoy devenida en partido político.

Pero, presionado por diversas entidades internacionales y locales, accedió a que se realizaran conversaciones con el ELN, aunque desde el principio empezó a poner condiciones que llevaban a un desarme de la guerrilla sin la seguridad de respetar los detalles de cualquier convenio.

Así, las conversaciones quedaron estancadas desde hace meses y el atentado del jueves pone aún más suspenso a su futuro, debido a que Duque y la parafernalia que le apoya en la judicatura dejaron por sentado que el acto terrorista es obra del ELN.

Sin conocerse hasta el momento la decisión de la entidad guerrillera, se sabe que el presunto autor era un ex combatiente del ELN, que incluso no había sido admitido posteriormente por las FARC.

El atentado con un carro bomba se produjo cuando al ELN le quedaban unas semanas para cumplir con la condición impuesta por Duque de liberar a todos los secuestrados antes de volver a negociar.

Ahora la posibilidad de que la guerrilla activa más grande de Colombia acuerde un desarme voluntario se ve todavía más remota.

En los últimos meses, las fricciones entre el ELN y el gobierno no han sido pocas, pero nada se compara a lo que acaba de suceder.

Queda esperar a saber qué dirá la guerrilla de las duras acusaciones y amenazas realizadas por el gobierno después de responsabilizarla por el atentado, así como indicar el más mínimo esclarecimiento acerca de las condiciones de seguridad si accediera a desarmarse, para no cometer los errores de las FARC.

La cuestión es que en forma extremadamente rápida, el gobierno ya ha dado por culpable al ELN del atentado con un carro bomba que dejó hasta la noche del viernes 21 muertos y 89 heridos en la escuela para cadetes policiales santanderina.

OTRA SITUACIÓN

Pero esa celeridad está totalmente ausente en el esclarecimiento de los continuados asesinatos de líderes políticos, sociales y campesinos, unos 84 hasta este viernes en el aún corto gobierno de Duque, y unos 500 durante el régimen anterior.

Apenas unos 13 crímenes han sido esclarecidos, pero no se sabe que ha pasado con los culpables, mientras la violencia y la impunidad es una constante en los territorios abandonados por las FARC y ocupados por el ejército, y en el que actúan libremente los paramilitares.

Algo sintomático es que siete crímenes fueron perpetrados en igual número de días en zonas controladas por las mafias de las drogas, y en lo que se ha observado la presencia de soldados norteamericanos, y no precisamente para combatirlas.

Muchos de esos paramilitares y ejércitos particulares están bajo el mando de latifundistas para evitar cualquier protesta que le perjudique el negocio.

Por supuesto que el actual gobierno no tiene respuesta, ni acciona acerca de esa grave situación, que tiene en zozobra a una gran parte de la población, generalmente la más pobre y abandonada, que no sale virtualmente en noticia alguna, que no vota y cuando lo hace es en provecho de quienes la esquilman y aprovechan el hambre y la ignorancia.

Por el contrario, el grave atentado policial ha servido para que Duque exponga una posición tendente a obstaculizar todo lo progresista que le molesta en la región, y sobre lo cual habrá que escribir, aún más detalladamente, en los próximos días.