Wendy Lau Palacios

7. ¿TRANSICIÓN JURÍDICA RESOLUTIVA? LAS CALLES SEGUIRÁN IGUAL

El 22 de junio de 2018 la OEA sesionó extraordinariamente para abordar el caso de Nicaragua. La CIDH leyó su informe detallado que deja claro que Nicaragua es un país hoy altamente inseguro y cargado por ingobernanza en medio de graves violaciones a derechos humanos. Aunque el canciller de Nicaragua rechazó dicho informe por ser "parcializado", la CIDH reconoce que existen bajas de policías, además reconoce que hay fuerzas parapoliciales y asimismo grupos de "terceros armados". ¿Quiénes son estos "terceros armados"? No lo dice en detalle la CIDH, pero lo sabemos a simple vista en los barrios populares. Los terceros armados son jóvenes no estudiantes que están armados mediante el financiamiento de grupos políticos "renovadores", de igual modo jóvenes armados que comercian con drogas o con armas y por último jóvenes de la marginalidad periférica que genera usualmente el sistema neoliberal, ese sistema que han impulsado tanto gobiernos anteriores a Ortega y como también su gobierno "cristiano y socialista". En este contexto de caos e inseguridad, la economía nacional está en caída a pique. Eso hace que sea imposible profetizar si habrá o no solución a la crisis social y política que atosiga a Nicaragua. Es posible que las soluciones que surtan incluyan solamente giros en la forma superficial con que se muestra el "ogro filantrópico" del Estado nacional. Desde una mirada estrictamente jurídica hay tres salidas a la crisis del Estado nacional y la sociedad sometida a éste:

PRIMERA POSIBILIDAD JURÍDICA: Adelanto de elecciones a como lo propone la OEA antecedido por una ajuste del sistema estatal mediante reformas legales en materia electoral y judicial que incluya la salida de Ortega y la instalación de una mesa transicional.

SEGUNDA POSIBILIDAD JURÍDICA: Un otro posible escenario es la convocatoria por parte de Ortega de una asamblea constituyente que, por un lado le permita mantenerse en el poder por unos meses más y, por otro, pueda entregar su silla de la presidencia luego en elecciones supervisadas por el sistema interamericano de Estados nacionales.

TERCERA POSIBILIDAD JURÍDICA: Se constituye una suerte de estructura paralela que se autodenomine como gobierno provisional o similar y, con reconocimiento y con la intervención de USA, OEA y otros organismos interestatales, se empuje hacia elecciones supervisadas. Es posible que haya muchas variantes más, mezclas entre estas opciones o incluso alguna opción más drástica que sobrepase lo jurídico y lo legal. No obstante, estas son salidas que tocan lo institucional, pero no las secuelas de la crisis, concretamente la instalación del crimen organizado. Eso, según lo que se ve en las calles de barrios, no se irá, pues vino para instalarse, a como ya lo está en toda la región centroamericana. Si llegase otra cúpula gubernativa nueva, un nuevo gobierno, un nuevo sistema democrático y esas cosas propias del neoliberalismo, en las calles no volverá a haber paz sino vendettas, pasadas de cuentas, cobros con sangre, venganza, etc.

LA PREGUNTA: ¿Estarán conscientes de esto los grupos políticos que han alimentado y financiado la violencia tanto por parte del gobierno neoliberal de Daniel Ortega como por parte de los grupos opositores, entre éstos la propia Iglesia Católica y los "terceros armados" que trabajan con el narco poder? Es una pregunta crucial para comprender que la dimensión de la crisis se extenderá más allá de cualquier salida resolutiva  a nivel jurídico o legal. Todos y todas defienden sus intereses en temas de justicia, muy bien, todos se quejan de los muertos, muy bien, todos aspiran a la democratización y esas cosas neoliberales, pero nadie aboga por la solución del enorme problema de la instalación del crimen organizado, la herencia que se echar raíces para siempre, la herencia de la crisis.